Caso Autopistas: documentos pueden complicar a Macri y sus funcionarios
Vialidad comenzó a negociar con la concesionaria del Acceso Oeste cuando el
Grupo Macri todavía era socio. Un cambio de procurador y dos dictámenes con
objeciones. Una auditoría de deudas que busca la Justicia.
Otra vez, el presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno están
en la mira judicial por un posible conflicto de intereses que podría haber
derivado en una defraudación al Estado. El Caso Autopistas está a cargo del
juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Carlos Stornelli.
Un negocio millonario: peajes.
El caso se centra en la renegociación de contratos con las concesionarias de
dos autopistas: Acceso Norte y Ausol (acceso oeste). Los contratos de
concesión de las accesos vencían en 2023 pero en 2018 se extendieron hasta
2030. Además, el Estado le reconoció a la empresa una deuda de US$ 747
millones (US$ 500 millones a Ausol y US$ 247 millones a Acceso Norte), de
acuerdo con el Ministerio de Transporte. La empresa se comprometió a
realizar inversiones y el Ejecutivo aumentó las tarifas de los peajes.
La principal empresa involucrada es Abertis. En Ausol era socia de Sideco,
empresa emblema de la familia Macri.
El conflicto con las concesionarias nació tras la crisis de 2001 por la
pesificación y el congelamiento de las tarifas de peaje. Pero Abertis recién
se presentó ante el tribunal internacional cuando supo que Macri había
ganado las elecciones.
Cronología de una demanda y un acuerdo bajo sospecha
De acuerdo con los documentos analizados, el 7 de diciembre de 2015, Abertis
demandó a la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal internacional que
intenta arbitrar entre los Estados y las empresas de capitales extranjeros.
La Procuración del Tesoro es un organismo de extremado bajo perfil pero fue
clave en este caso. Su misión es ejercer como abogado defensor del bolsillo
de los argentinos. Representa al Estado frente a los reclamos judiciales de
empresas y debe ser consultado por los funcionarios sobre las conveniencias
legales de contratos y acuerdos. Cuando Macri asumió, nombró a un jurista
ajeno al PRO: Carlos Balbín.
En febrero de 2017, Balbín rechazó la demanda de Abertis ante el Ciadi, de
acuerdo con los documentos oficiales y realizó una auditoría sobre el caso
Correo Argentino SA. Un mes después, Macri le pidió la renuncia y nombró al
abogado Bernardo Saravia Frías en el cargo.
Con Balbín afuera de la Procuración, Vialidad solicitó al organismo que
opine sobre la renegociación del contrato de Abertis en el Acceso Oeste.
Saravia Frías emitió dos dictámenes sobre el caso. De allí surge que
Vialidad se encontraba negociando con las concesionarias desde julio de
2016, amparada por un decreto del Presidente que autorizó la renegociación
de este tipo de contratos. Entonces, los Macri todavía tenían el 7% de las
acciones de la compañía y la empresa Abertis había iniciado una demanda
multimillonaria ante el Ciadi.
Javier Iguacel era entonces el director nacional de Vialidad y estuvo al
mando de las primeras negociaciones con las concesionarias, según consta en
los escritos oficiales. Iguacel dijo a este medio: “Una de mis
preocupaciones era asegurarme de no caer en un conflicto de intereses. Es
cierto que se venía hablando con la empresa pero la renegociación del
contrato se dio después de que los Macri vendieran sus acciones”.
Se evaluó que siga el juicio pero se decidió que era más conveniente para el
Estado cerrar el acuerdo. Abertis ponía la cara en la negociación y mucha
oposición y pretensiones”.
En dos dictámenes del procurador del Tesoro de 2017 y 2018 consta que la ex
socia de los Macri reclamaba supuestas deudas por US$ 1.721 millones.
Por primera vez resaltó que se estaba negociando con una empresa que estaba
demandando al Estado ante el Ciadi. El procurador volvió a resaltar
objeciones al contrato pero no se opuso formalmente.
Abertis y el ministro Dietrich firmaron la extensión de la concesión de los
accesos Norte y Oeste en junio de 2018, un mes después. Voceros de Dietrich
afirmaron: “Los contratos se extendieron hasta 2030 para evitar que
Argentina afronte un litigio en el Ciadi por incumplimientos contractuales.
En caso de arbitraje, al Estado le hubiera costado US$ 3 mil millones”.
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“Que no me joda las pelotas”: se filtró el audio del intendente del PRO que
le negó atención a embarazada cuyo bebé había muerto
El intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, quedó en el ojo de la tormenta
ayer cuando se difundió una supuesta conversación suya con el ex director
del hospital local, Jorge Sepero, en la que le pedía que no atienda a una
paciente embarazada cuyo feto había muerto y la derivara a La Plata.
Sepero renunció la semana pasada denunciando que la gestión municipal quería
vaciar el nosocomio. En el audio en cuestión se escucha una supuesta
conversación entre Sepero y Etchevarren.
“Necesito que manden a La Plata, no me manden más”, exige el mandatario y el
director del hospital responde: “No puedo mandar una mujer con un feto
muerto de 22 semanas a La Plata, es vergonzoso mandar una paciente de estas
características”.
“Urgencias tenemos que atender Camilo”, advierte el profesional. “Esto no
era una urgencia, que no me joda las pelotas, que se vaya a La Plata”,
contesta la supuesta voz del intendente.
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Con el ballotage descartado, la mitad del país teme que Macri no termine
ordenadamente su mandato
Economistas y analistas por igual aseguraron que, con el reperfilamiento, el
gobierno "pateó" sus principales obstáculos para el 2020 y que no debiera
tener problemas en llegar al final de su mandato. Aun así, crece el temor
por el efecto de la devaluación post PASO.
En una encuesta nacional llevada adelante por la agencia Ricardo Rouvier &
Asociados se evidenció que la diferencia a favor de la fórmula encabezada
por Alberto Fernández y Cristina Kirchner se mantiene estable, por encima de
los 17 puntos, tomando sólo los votos positivos. La dupla supera, además, el
51 por ciento de los votos, mientras que la de Mauricio Macri y Miguel Ángel
Pichetto continúa fluctuando entre los 32 y los 35 puntos porcentuales.
Roberto Lavagna, candidato de Alternativa Federal, se desprendió del grupo
con posibilidades y aparece tercero con algo más de 8 puntos, lo que lo deja
fuera de cualquier tipo de competición. A pesar de que la polarización se ha
acrecentado, parece improbable que se pueda dar un ballotage dado que,
incluso con una merma en estos números, el Frente de Todos lograría un
cómodo triunfo en primera vuelta.
La tendencia, por otro lado, apunta hacia un aumento de la brecha,
especialmente teniendo en cuenta que 7 de cada 10 argentinos asegura que
Alberto Fernández será el próximo presidente de la nación. Esto motoriza el
fenómeno del voto útil, que eleva el techo del candidato del Frente de
Todos.
El 54 por ciento de la población cree que el presidente Mauricio Macri no
logrará controlar la crisis económica y social para terminar su mandato en
forma ordenada.
Las expectativas, ahora, se posan en el impacto de la devaluación del 30%,
que llegaría con las facturas del mes de octubre.
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La CGT acordó con los ministros asistir al gobierno en la contención de la
demanda insatisfecha de alimentos, y la identificación de las zonas a las
que el estado, la iglesia o los movimientos sociales no llegan. Para eso
elaborarán un listado de los comedores que deberán incluirse en las
iniciativas.
El encuentro se dio en un marco de tensa cordialidad, y ministros y
sindicalistas coincidieron en que no es necesario declarar la emergencia
alimentaria, ya que la ley vigente dispondría de las herramientas adecuadas
para afrontar la gravísima situación existente.
Sin embargo, esta opinión no es compartida por la mayoría de los
legisladores nacionales, que se manifiestan extremadamente preocupados por
las consecuencias y probables estallidos sociales a que podría dar lugar la
prescindencia del gobierno Nacional para revertir la catástrofe social
existente.
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Horas más tarde de la reunión entre sindicalistas y ministros, los diputados
de la oposición presentaron un proyecto consensuado para declarar la
emergencia alimentaria en la Argentina, y anunciaron que intentarán tratar
la iniciativa de manera inmediata, el próximo jueves, en sesión especial.
El gobierno de Cambiemos parece más preocupado en evitar la sanción de la
emergencia alimentaria antes que abocarse a resolver las gravísimas
consecuencias sociales que han generado sus políticas de ajuste y
liquidación del trabajo y de la producción en nuestro país. Y no falta
quienes especulen con que el objetivo de la gestión Macri consiste en echar
leña al fuego para forzar un estallido, para poder retirarse de manera
acelerada, acusando a la oposición.
La movida de la oposición coloca al gobierno nacional en situación compleja,
ya que si intenta impedir la sesión extraordinaria podría cosechar un
repudio social aún mayor, que seguramente se traduciría en una paliza
electoral de proporciones mucho mayores a la que recibió en las PASO.
Por el contrario, si el Congreso Nacional finalmente terminara aprobando la
iniciativa, quedaría en claro que le han torcido el brazo a la gestión
Macri, lo que resentiría el lapso restante hasta la transferencia del poder,
el 10 de diciembre.
El gobierno nacional no parece comprender, ni tener la intención de hacerlo,
la gravedad de la situación social. Y sus decisiones sólo consiguen echar
más leña al fuego, llevando la situación social y políticas a zonas de
tensión extrema.
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Con la caída de Macri, nace el post macrismo
Por más que el presidente Mauricio Macri insista en afirmar que “la elección
no sucedió”, y tanto él como sus laderos, Miguel Pichetto, “Lilita” Carrió y
Marcos Peña Braun repitan a coro que aún es posible revertir la paliza
electoral del 11 de agosto, van quedando cada vez más aislados dentro del
andamiaje general de Juntos por el Cambio.
En la mayoría de los distritos, los candidatos han decidido hacer campaña
por su cuenta para salvar lo que se pueda, prescindiendo de la fórmula
presidencial en sus campañas y, en algunos casos, hasta de la fórmula a
gobernador. La propia María Eugenia Vidal recomendó adoptar esta estrategia
en los casos en que resultara adecuada para mantener posiciones
institucionales. Es que Cambiemos se prepara para la resistencia a partir
del 10 de diciembre, y todo lugar, por pequeño que sea, cuenta. Y mucho.
Para el post macrismo, mantener el control de CABA resulta indispensable, ya
que sería la única caja disponible para intentar la resurrección. Por eso se
están implementando presiones de todo tipo sobre los empleados públicos y
los contratados, se buscan nuevos aliados –como el inefable Luis
Barrionuevo- y se consideraría destinar generosos recursos públicos para
obtener nuevos sufragios. La vieja política sigue siendo útil, aún para los
defensores del cambio.
En el esquema del post macrismo hay una mesa directiva que ha comenzado a
reunirse en cenas y encuentros informales. La componen, por supuesto, quien
sería el nuevo líder, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Cristian
Ritondo, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Jorge Macri, quien lidera a una
serie de intendentes del conurbano y a la dirigencia de los “sin
territorio”. También, naturalemente, forma parte de la conducción, muy
próxima en jerarquía a Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal.
En el caso de la gobernadora bonaerense existen dudas sobre la conveniencia
de incorporarla inmediatamente a la estructura de la CABA, en caso de que
Cambiemos se imponga en las elecciones, o mantenerla a resguardo durante
algún tiempo, para preservarla y ubicarla como cabeza de la lista de
diputados nacionales en 2021.
Las movidas orientadas a la construcción del post macrismo no han pasado
desapercibidas en el entorno presidencial. Algunos comentarios deslizados en
off destacan la indignación de Mauricio Macri y el rencor –no exento de
temor sobre su futuro- de Marcos Peña.
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El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, viajará a Washington a finales de
este mes para participar en el 60º aniversario del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y reunirse con autoridades del Banco Mundial (BM).
Según informó Agencia Sputnik, desde el entorno del funcionario aseguraron
que "está confirmada la visita al BID y al BM".
Lacunza aprovechará el sexagésimo aniversario del BID, que se celebrará
entre el 24 y el 26 de septiembre, para afianzar el diálogo con sus
autoridades.
En su estadía en Washington, el ministro de Hacienda podría encontrarse
también con miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Fondo todavía debe aprobar un nuevo desembolso por 5.400 millones de
dólares que estaba previsto para este mes.
El Banco Mundial financiará por 395 millones de dólares dos proyectos
impulsados por el Gobierno, anunció la cartera que dirige Lacunza la semana
pasada.
El organismo destinará 245 millones para sanear la Cuenca Matanza Riachuelo,
con el objetivo de mejorar la calidad ambiental en los márgenes del Río de
la Plata y el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Buenos
Aires.
Además, destinará 150 millones de dólares para financiar la tarifa social
eléctrica que reciben 1,4 millones de ciudadanos en situación vulnerable.
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Diputados de distintos bloques de la oposición presentaron formalmente el
pedido de sesión especial para el próximo jueves con el objetivo de debatir
el proyecto de Emergencia Alimentaria.
La solicitud fue realizada ante el presidente de la Cámara, Emilio Monzó,
quien ahora deberá avanzar con la convocatoria al encuentro.
El pedido lleva las firmas de Felipe Solá, Carla Pitiot, Agustín Rossi,
Leonardo Grosso, Daniel Arroyo, Victoria Donda, Pablo Kosiner, Alejandra
Rodenas, José Luis Ramón, Andrés Vallone, Jorge Franco, Juan José Bahillo,
Omar Félix, Ivana Bianchi y Lucila de Ponti.
En este contexto, la diputada nacional, Lucila De Ponti, que confirmó la
realización de una sesión especial para el jueves a las 11.30, dijo que "fue
consensuada por todos los bloques de la oposición".
Del mismo modo, señaló que resta conocerse la postura del oficialismo, pero
mostró optimismo en que "prime la cordura y no la bloqueen".
La dirigente indicó que "sabemos que hay distintas posturas en el interior
del oficialismo" y advirtió que, si el bloque oficial no' se presenta "la
oposición podría sancionar la ley por su cuenta".
Por otra parte, agregó que "la letra del proyecto consensuado es la que
creemos que puede resultar de aplicación más efectiva. Pero no tenemos
problema de sentarnos a discutir si el oficialismo quiere agregar o discutir
algún puntos mientras se pueda aprobar"
La iniciativa propone la prórroga de la emergencia hasta el 21 de diciembre
de 2022, el aumento del 50% de las partidas alimentarias y la actualización
de esos fondos cada 3 meses.
"Concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera
prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y
nutricional de la población de la República Argentina, según lo establece la
Ley 25.724 que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional",
sostiene el artículo 2° de este proyecto.
La medida es apoyada por organizaciones sociales, sindicatos y sectores de
la Iglesia Católica, pero rechazada por un oficialismo, que -desconectado de
la realidad- asegura que el Gobierno ya cumple con muchas de la cosas que
plantea la ley.
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El Gobierno negocia un bono de 5 mil pesos para los trabajadores del sector
privado con la CGT, según confirmaron ambas partes este martes luego de la
reunión que tuvo la central obrera con los ministro de Desarrollo Social,
Carolina Stanley, y de Producción y Trabajo, Dante Sica.
De este modo, el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, indicó a FM Futurock:
"La reunión fue buena. Se va a acordar un bono para trabajadores y la
extensión de la tarjeta alimentaria a los trabajadores en condiciones
vulnerables". Luego adelantó: "Estamos cerca de acordar un bono de $5 mil
para todos los trabajadores".
"Nosotros pedimos que el bono de $5 mil que charlamos ayer sea de carácter
obligatorio", reveló y explicó: "Todo lo que sea paliativo bienvenido sea,
por eso estamos negociando un bono".
De cara a las elecciones presidenciales, evaluó: "Si Alberto Fernández gana,
es necesario que generemos un acuerdo social con el empresariado".
Por su parte, Sica confirmó: "Empezamos a conversar ayer la posibilidad de
establecer algún tipo de compensación para los privados como se hizo para la
administración estatal". Sin embargo, advirtió que primero quieren "mirar el
índice de inflación del jueves", entonces volverán a juntarse "para evaluar
la mejor metodología".
Pero reconoció a La Red: "Tomamos como referencia el bono que se le dio a
los estatales, de 5 mil pesos. Trabajamos sobre eso".
También admitió que "el salto inflacionario que estamos sufriendo producto
de la devaluación después de las PASO, está generando bastante inquietud por
la perdida de salario real".
Pero aclaró: "Hay que evaluar muy bien el impacto de este tipo de bono en
las pequeñas empresas, porque no solo hay un impacto inflacionario, sino que
en muchas de ellas se secó la plaza en términos de financiamiento de corto
plazo. Y el bono puede generar un perjuicio".
El Poder Ejecutivo podría autorizar a pagar este plus salarial -que será
obligatorio- en uno o varios tramos, según las posibilidades de las
empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas.
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El ex presidente del Banco Central y pilar fundamental de dos de las crisis
más devastadoras de la historia argentina, Federico Sturzenegger, cruzó al
Gobierno de Mauricio Macri por la inflación.
Dijo que la "culpa" de la crisis económica "reside en las políticas que se
decidieron" desde la Casa Rosada. Sturzenegger publicó un texto titulado "La
Macro de Macri: el sinuoso camino hacia la estabilidad y el crecimiento".
En el mismo, dijo que "si bien la herencia macroeconómica recibida por el
Gobierno no era ideal, es difícil culparla por los resultados".
"Al final, la culpa reside en las políticas que se decidieron. El deterioro
de la política fiscal en primer lugar y, luego, la elección de apostar por
un crecimiento a corto plazo, incluso a expensas de las instituciones
monetarias y la inflación", señaló.
Explicó que debilitar su lucha contra la inflación fue "un error político
costoso y obvio, pero además paradójico, para un equipo que había demostrado
una profesionalidad significativa en su evaluación de los riesgos y
beneficios políticos, y había visto los beneficios políticos de la
desinflación en las elecciones legislativas de 2017".
Sturzenegger había proyectado, a principios de 2016, que la inflación de
2019 sería del 5%
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