La cronicidad de los hechos, la grave evasión fiscal a la Nación, la complicidad de funcionarios civiles y uniformados hicieron saltar la alarma en el centro del Poder. La porosidad de la frontera de Misiones desde hace varios años, da cuenta de tolerancias locales.
El 28 de noviembre de 2020 la Unidad de información Financiera (UIF) solicitó a la Justicia ser reconocida como querellante en una causa en la que se investiga el contrabando de cereales y oleaginosas, principalmente soja, con relación a mercaderías secuestradas mientras eran transportadas de manera ilegal en camiones en puntos limítrofes con Brasil con destino presuntamente al vecino país.
La mercadería ilegal fue incautada en las localidades misioneras de El Soberbio, Paraje El Progreso, Colonia Alicia, Colonia Aurora, Santa Rita, entre otras, indicó el organismo nacional.
En este sentido, la UIF solicitó, además, que “se inicie la investigación por lavado de activos y se formen los legajos patrimoniales de las personas investigadas a fin de que se investigue la exteriorización de bienes con el dinero ilícitamente obtenido y se dicten medidas cautelares con el fin de asegurar el decomiso futuro y que puedan afrontarse las multas que eventualmente recaigan junto con la condena”.
Para poder llevar adelante el delito y con el objetivo de lograr que el traslado de la carga desde la zona productora hasta el lugar de acopio sea exitoso, se habrían utilizado una serie de operaciones para simular la legalidad de la documentación, explicó la UIF.
Además, denunció que se habrían utilizado documentos apócrifos valiéndose de los registros oficiales del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) para “simular la veracidad de la documentación con la que trasladaban la mercadería, valiéndose de terceras personas que, prestando sus datos personales, figuran como los destinatarios del producto”.
El 29 de octubre de 2020, ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Gabriel Pérez, indicó que fueron secuestrados 26 camiones cargados con soja (capacidad de unas 30 toneladas cada uno) en los controles de la Agencia Tributaria de Misiones ubicados en El Arco, ruta nacional 12, y Centinela, en la ruta nacional 14.
Pérez indicó que los motivos centrales fueron dos: la existencia de inconsistencias entre los sujetos que realizan la operatoria de compra y venta de soja, que en la mayoría de los casos son jubilados o monotributistas sin capacidad económica para manejar semejante volumen de dinero; y por otra parte, que los destinatarios de la mercadería declaran funcionar como cooperativa pero no cumplen con la documentación ni la autorización que expide el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para operar.
Es decir, “no cumplen con los requisitos de los artículos 51 y 58 del Código Fiscal provincial”, señaló el Ministro.
“Además de la documentación y las denuncias en la Justicia Federal (de Oberá), hay infracciones al Código fiscal. Se aguardan los descargos que realizarán los interesados, presuntos infractores”, indicó. Hasta el momento, de los 26 demorados, sólo 3 presentaron descargos para recuperar la mercadería, pero el proceso todavía no fue definido procesalmente por la ATM.
Acerca de la protesta de los camioneros, enojados por la retención de sus camiones, el Ministro dijo que “nada debe temer quien nada tiene que ocultar”, dando a entender que si no hay delito o infracción fiscal, los vehículos retenidos serán liberados y todo volverá a la normalidad.
La soja retenida por la Agencia Tributaria de Misiones (Rentyas) queda bajo resguardo hasta que se culmine el proceso administrativo. Si los responsables presentan toda la documentación y justifican la operación, se le reintegra. De lo contrario queda confiscada y los responsables podrían sufrir una sanción (multa) y de acuerdo a lo que disponga la Justicia o no consecuencias penales.
Los ocho camiones secuestrados quedaron bajo resguardo en una playa de estacionamiento de la Policía, en aquella localidad, para no entorpecer los espacios públicos ni la playa privada donde fueron retenidos.
En cambio, otros 18 camiones retenidos han quedado a resguardo de la Policía y la ATM en las playas de los puestos de control en Centinela y El Arco. Los camioneros pudieron retirarse sin inconveniente. No hubo detenidos en ninguno de los casos.
La Justicia deberá determinar si hubo delitos, evasión impositiva, lavado de activos, entre otros. En esos casos también interviene la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP ) pues si hay una organización dedicada al contrabando además del delito hay daño al fisco nacional.
La ATM, con la colaboración de la Policía, empezó a realizar investigaciones más exhaustivas y descubrió un negocio millonario, con una fachada legal, pero que “corriendo el velo”, tiene aristas turbias y presuntamente delictivas que ahora se deberán comprobar.
Se analiza la participación de los camioneros en la cadena de responsabilidades de una eventual organización.
Lo que se descubrió es que hay estudios contables trabajando para un “financista” domiciliado en Campo Viera o San Vicente que utilizan a jubilados o monotributistas para que pongan la cara en cada operación.
Se los da de alta, realizan la operación comercial, y luego se los da de baja. Entonces, cada vez que cruzan un control, tienen la documentación de la AFIP que avala la operación y, por esta razón, pagaban los impuestos y cruzaban los controles sin problemas.
Un camión con cereal lleva un documento, una carta de porte que dice de dónde salió esa soja, cuánto es la carga y qué destino tendrá. Un camión de soja es, obligatoriamente, parado en cada puesto en la ruta y el conductor debe exhibir esta carta de porte. A su vez el destinatario de esta soja debe ser un productor agropecuario, exportador, harinero, molinero, solvente que no fue el caso del cargamento secuestrado en San Vicente; se trataba de un monotributista insolvente categoría D.
La soja estaba declarada, ingresaba en blanco y pagaba los impuestos correspondientes.
Pero, además, al ingresar a la provincia se paga el anticipo de Ingresos Brutos, pero los supuestos compradores, después, nunca completan el pago del impuesto por la soja comercializada en la Provincia, es decir que desaparece en el mercado sin rastro.
Los investigadores dijeron que la soja sea destinada a Brasil de contrabando “es un negocio mega millonario que deja entre 350 mil y 400 mil pesos limpios de ganancia por cada camión, luego de superar todos los gastos”.
Otro de los investigadores aseguró que “hay miles de actores que se han ido sumando a este negocio en los últimos años y eso puede corroborarse al recorrer a costa del río Uruguay, donde hay cientos de productores que se han enriquecido de manera muy veloz y poco clara. Ahora circulan en camionetas 0km y construyeron galpones muy grandes situados a pocos metros del río”, aseguró, dando a entender que tendría relación con el negocio.
Un grupo de transportistas cortó los accesos a Rentas en El Arco y Centinela, exigiendo que les “dejen trabajar” porque, aseguraron, la mercadería cumplía todas las normas y pagaba los impuestos para ingresar a la provincia.
Uno de los cabecillas de la protesta, llamado "El Zar de la Soja" fue demorado por la Policía por conducir un auto “prestado” y no tener la documentación respaldatoria. Precisamente es el personaje señalado como parte de una cooperativa investigada por estar en la calesita del negocio.
Y desde el Ministerio de Gobierno sostuvieron que el único paso que se debe dar a continuación es que los transportistas o los compradores de la soja presenten la documentación que respalde la operación en forma administrativa.
UNA CULTURA DEL CONTRABANDO.
“Acá se sabe todo y muchos tenemos miedo de darnos a conocer porque tememos por nuestra integridad y la de nuestra familia. Hay gente que gana mucho dinero con esto”, aseguró en una conversación telefónica.
“Nosotros sabemos que la mayoría de la gente de acá vive del ‘chiveo’, como se lo llama al contrabando. Te diría que el 99% son personas como nosotros, que ganan apenas 1.000 pesos por día, pero ese 1% restante es el que maneja todo y gana millones y millones. Aún con la cuarentena y la provincia cerrada, hemos visto varias veces a camiones procedentes de Chaco con cargas de soja, que circulaban por nuestras rutas nacionales y se acercan a los puntos calientes para transportarla en embarcaciones”, agregó.
“Nosotros no producimos soja y ya es algo normal ver a esos camiones trayéndola para llevarla a Brasil. Con esos viajes también se agranda la posibilidad de que todos nos contagiemos. En Brasil no hay medidas tan estrictas”.
El vecino aseguró además que en algunas ocasiones, también llegan vía embarcaciones grandes cantidades de productos alimenticios y de electrónica, “que en Brasil son mucho más baratos y acá los venden a nuestro precio normal”.
OPERATIVO CUMANDÁ - (Poroto)
El 22 de junio de 2019 un importante despliegue por parte de la Policía Federal Argentina y Afip-Aduana en El Soberbio, Oberá y Colonia Aurora permitió el desmantelamiento de una aceitada logística para el contrabando de soja a Brasil mediante puertos clandestinos y barcazas improvisadas en las costas del río Uruguay.
La investigación estuvo a cargo del Juzgado Federal de Oberá, que dirige el juez José Luis Casals, y también tomó intervención la Fiscalía Federal que dirige Viviana Vallejos. La Causa 13890/18, Caratulada “INF. LEY 22.415”, de la Fiscalía Federal de Oberá.
Se informó la detención de una persona, además de la incautación de tres camiones, una camioneta, una grúa, una motocicleta, tres armas, municiones y documentaciones varias.
Los efectivos intervinientes contaron con la colaboración de Prefectura Naval Argentina. También se incautaron poco más de 47.000 pesos, 440 dólares, más de 6.000 reales y las importantes cantidades de 155 toneladas de soja, 22 toneladas de alpiste y 502 bolsas de fertilizante de origen brasileño.
Según reconstruyeron los pesquisas, la organización transportaba el brote en camiones propios o contratados, atravesando Santiago del Estero, Chaco y Corrientes hasta la Tierra Colorada. Una vez en el Alto Uruguay, se acopiaba todo en galpones y luego se transportaba a las chacras sobre el río que pertenecen a los implicados.
La logística era tal que la asociación contaba con una cinta elevadora y máquinas de coser bolsas.
La maniobra terminaba con el paso a Brasil de la mercadería mediante una técnica que es muy común en la zona, pero que requiere de mucha experiencia. Generalmente son dos canoas con un motor fuera de borda, en las que se apoya un gran tablón o cualquier otro elemento.
Según detallaron desde la fuerza nacional, de esta forma los implicados obtenían ganancias de hasta el 50%, ya que adquieren el producto en el país y lo cobraban en reales.
Según detallaron fuentes de Aduana, el perjuicio podrían haber sido de 12 millones y medio de pesos por el contrabando y 1,3 millones por los impuestos evadidos.
Fuentes: TELAM- Primera Edición; El Soberbio al dia; La Misión; Extra Prensa; El Territorio
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