Misiones fue catalogada como la cuarta provincia donde mas pensiones No contributivas se entregaron; 70 mil pensiones por discapacidad, nada mas y nada menos. De esos beneficiarios, solamente están registrados con el CUD ( Certificado Único de Discapacidad) unos 18 mil habitantes. De acuerdo al informe del Consejo Nacional de Discapacidad de la Nacion, Misiones tenia un 7% de la poblacion con discapacidad entre el 2003 y el 2009. Segun el INDEC, el 10% de la totalidad de la población argentina tiene alguna discapacidad.
En Candelaria se genero la primera investigación por el festival de pensiones truchas detectada en mayo de 2012.
Se revelo la entrega irregular del beneficio a municipales, entre los que se encontraban también parientes y amigos del entonces jefe comunal, Carlos Flores, incluso su propio hermano, Cornelio.
La denuncia había sido radicada por el director del Hospital Nivel I, Ricardo Pereyra, quien aseguró que su firma había sido falsificada en al menos 300 formularios que tuvieron como finalidad la entrega ilegal a personas que no contaban con discapacidad alguna.
Otro sonado caso tuvo como protagonista a la intendenta renovadora de Santo Pipo, Mabel Caceres. Allí se detectaron 48 pensiones entregadas a familiares y amigos de la propia jefa comunal y sus funcionarios desde el ano 2010. Parte de los beneficiarios denunciados en 2012 fueron el esposo, la hermana de la jefa comunal, el cuñado, la sobrina y hasta la consuegra. Tambien se vieron involucrados otros funcionarios municipales y ex candidatos a concejales, puesto que algunos amigos de la intendenta como acreedores del beneficio. La operación irregular, se hacia con la falsificación de firmas de médicos, similar metodología a la utilizada en el caso de pensiones truchas en Candelaria. En total, en 2015 se supo que 1.400.000 pesos por año fueron los destinados a pensiones fraudulentas en Santo Pipó.
La ANSES determino que era una práctica habitual en algunas comunas del interior, conducidas por alcaldes de la Renovación. Por ejemplo, San Vicente y El Soberbio, que en forma irónica fue llamada la “Capital Provincial de la Invalidez”, por los propios lugareños.
En El Soberbio, cobraban no menos de 30 personas que No tendrían discapacidad alguna. El alcalde renovador de esa comuna, Coleco Krivzuck no sólo fue destituido sino que además, estuvo preso en el marco de varias causas judiciales por peculado y desvío de fondos.
En San Vicente se detectó que, por ejemplo, que se utilizaban los mismos estudios médicos para distintos vecinos. Se detectó que casi la totalidad de las personas que solicitaban las ayudas nacionales “padecían” similares problemas de columna. En forma paralela, varias versiones sostenían que al menos una profesional de la salud de la localidad de Dos de Mayo cobraba hasta 500 pesos para completar los informes médicos para ser presentados ante la Anses. ( abril de 2015) de San Vicente.
En localidades del Alto Uruguay, la Anses central suspendió el beneficio a 200 extranjeros de origen brasileño. También había irregularidades con beneficiarios argentinos que viven en un pueblo pero van "al de al lado" sólo para votar gracias a la pensión que les dio el intendente vecino.
En San Javier, la Anses detectó una “oficina trucha” en la que se tramitaba un promedio de cien beneficios por mes, de acuerdo a la cantidad de documentación secuestrada. Según las investigaciones de aquel entonces, cada trámite tenía un costo promedio de 800 pesos iniciales, pese a que el cobro está prohibido.
PARTE 3 - Sigue...
Fuentes: El Territorio - Primera Edición - Diario La Nación - Misiones Cuatro
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| Un gráfico difundido por el diario La Nación revela el crecimiento de las pensiones por discapacidad en los últimos 16 años. Desde diciembre del año 1999 a marzo del 2016, el país pasó de 72.156 pensiones no contributivas por invalidez a 1.061.265. |
En Candelaria se genero la primera investigación por el festival de pensiones truchas detectada en mayo de 2012.
Se revelo la entrega irregular del beneficio a municipales, entre los que se encontraban también parientes y amigos del entonces jefe comunal, Carlos Flores, incluso su propio hermano, Cornelio.
La denuncia había sido radicada por el director del Hospital Nivel I, Ricardo Pereyra, quien aseguró que su firma había sido falsificada en al menos 300 formularios que tuvieron como finalidad la entrega ilegal a personas que no contaban con discapacidad alguna.
Otro sonado caso tuvo como protagonista a la intendenta renovadora de Santo Pipo, Mabel Caceres. Allí se detectaron 48 pensiones entregadas a familiares y amigos de la propia jefa comunal y sus funcionarios desde el ano 2010. Parte de los beneficiarios denunciados en 2012 fueron el esposo, la hermana de la jefa comunal, el cuñado, la sobrina y hasta la consuegra. Tambien se vieron involucrados otros funcionarios municipales y ex candidatos a concejales, puesto que algunos amigos de la intendenta como acreedores del beneficio. La operación irregular, se hacia con la falsificación de firmas de médicos, similar metodología a la utilizada en el caso de pensiones truchas en Candelaria. En total, en 2015 se supo que 1.400.000 pesos por año fueron los destinados a pensiones fraudulentas en Santo Pipó.
La ANSES determino que era una práctica habitual en algunas comunas del interior, conducidas por alcaldes de la Renovación. Por ejemplo, San Vicente y El Soberbio, que en forma irónica fue llamada la “Capital Provincial de la Invalidez”, por los propios lugareños.
En El Soberbio, cobraban no menos de 30 personas que No tendrían discapacidad alguna. El alcalde renovador de esa comuna, Coleco Krivzuck no sólo fue destituido sino que además, estuvo preso en el marco de varias causas judiciales por peculado y desvío de fondos.
En San Vicente se detectó que, por ejemplo, que se utilizaban los mismos estudios médicos para distintos vecinos. Se detectó que casi la totalidad de las personas que solicitaban las ayudas nacionales “padecían” similares problemas de columna. En forma paralela, varias versiones sostenían que al menos una profesional de la salud de la localidad de Dos de Mayo cobraba hasta 500 pesos para completar los informes médicos para ser presentados ante la Anses. ( abril de 2015) de San Vicente.
En localidades del Alto Uruguay, la Anses central suspendió el beneficio a 200 extranjeros de origen brasileño. También había irregularidades con beneficiarios argentinos que viven en un pueblo pero van "al de al lado" sólo para votar gracias a la pensión que les dio el intendente vecino.
En San Javier, la Anses detectó una “oficina trucha” en la que se tramitaba un promedio de cien beneficios por mes, de acuerdo a la cantidad de documentación secuestrada. Según las investigaciones de aquel entonces, cada trámite tenía un costo promedio de 800 pesos iniciales, pese a que el cobro está prohibido.
PARTE 3 - Sigue...
Fuentes: El Territorio - Primera Edición - Diario La Nación - Misiones Cuatro
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