En Misiones no sólo hay beneficiarios “truchos” de origen extranjero. De hecho, en los organismos de control desconfían que el mayor fraude al Estado se registra con ciudadanos misioneros que tienen pensiones no contributivas nacionales tramitadas por una Municipalidad determinada, pero que viven realmente en otro municipio y sólo se trasladan a la hora de votar.
También se registraron algunos casos paradigmáticos. En Los Helechos, por ejemplo, había grupos de hasta treinta beneficiarios de pensiones que aparecen con un mismo domicilio en un lote determinado en el que literalmente “no hay nada”, pero que estarían viviendo realmente en un municipio vecino. Se comprobo que otros beneficiarios aparecen domiciliados en la casa de un intendente, por ejemplo.
En Caá Yarí los vecinos denunciaron que dentro del pueblo no hay más de cien votantes, pero en cada elección viene gente que vive en municipios cercanos y parajes de Oberá, de Leandro N. Alem o Mártires, “gente muy humilde a la que el intendente Ernesto Juan Fiedrich les gestionó planes y pensiones de discapacidad”, lo que le posibilito al alcalde mantenerse en el poder desde hace 24 años.
Parece exagerado el dato ya que no es fácil imaginar que una elección pueda definirse por estos métodos, pero en el marco de la Ley de Lemas, cincuenta o cien votos cautivos hacen la diferencia.
En ese marco y rompiendo los estrictos códigos de silencio del poder, las crónicas periodísticas dieron a conocer que el intendente de 25 de Mayo, Omar Pedro Wdowin, denunció que unas doscientas personas habrían sido “burladas en su buena fe” al tramitar pensiones nacionales por invalidez que jamás habrían ingresado al sistema y para las cuales pagaron hasta 1.400 pesos cada uno. El alcalde apuntó al entonces jefe comunal del pueblo vecino, Nelson Carvalho, intendente de Alba Posse. Lo acusó de haber montado una Municipalidad “paralela” “para engañar a la gente a cambio de votos”. Carvalho había sacado licencia en su cargo de intendente para competir en la comuna de al lado por el mismo cargo, y para ello montó la “oficina de pensiones” que a la vez, según Wdowin, era búnker de campaña.
“La gente pagaría 800 pesos para hacer el trámite de la pensión y abonarle al traumatólogo que lleva Carvalho para hacerles el informe, y otros 300 para que les completen los formularios, es decir que terminarían pagando entre 1.200 a 1.400 pesos. Estos trámites en realidad son gratuitos y se hacen a través de Salud Pública. Después vienen a la Municipalidad a averiguar cómo va su beneficio y resulta que ni siquiera están ingresados los datos al sistema, es decir que no existen”, denunció Wdowin.
Las elecciones finalmente llegaron, pasaron y Nelson Carvalho perdió en 25 de Mayo, pero logró asegurar su supremacía en Alba Posse colocando a su hijo Celso en la intendencia.
Pero no terminó allí la historia trágica de las pensiones manipuladas. Poco después de conocidos los resultados, vecinos de barrios humildes de Oberá denunciaron que los dejaron literalmente “de a pie” en Alba Posse; Según relataron, personas que supuestamente trabajaban para la Municipalidad de los Carvalho les propuso tramitarles pensiones no contributivas y para ello, les exigió el cambio de domicilio a la localidad costera. El día de las elecciones los fueron a buscar en un colectivo para llevarlos a votar, todo según el relato, pero el cambio de domicilio no había impactado en el padrón. Ni siquiera los llevaron de vuelta a sus humildes barrios obereños, según denunciaron.
En Iguazu, en octubre de 2018, luego de un censo, informaron que hay 3 mil pensionados - discapacitados.
En 2011, en San Vicente detuvieron a un tal “doctor Fuentes”, un hombre que se hacía pasar por abogado y que habría iniciado decenas de trámites de pensiones no contributivas para humildes colonos que le pagaron un monto inicial de 800 pesos cada uno, todos entusiasmados con los supuestos vínculos del pseudo profesional con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Cuando lo agarraron in fraganti repartiendo certificados médicos falsos para acreditar la discapacidad a cambio de los referidos pagos. En su poder tenía 60 fotocopias de formularios médicos, carpetas con informes y certificados de domicilio.
Los titulares de estas pensiones, casi siempre tramitadas desde los municipios, no sólo son atendidos económicamente ante la situación de vulnerabilidad en la que viven, sino que también suelen ser utilizados para la propaganda estatal y hasta para la estafa electoral. No por nada, antes de las elecciones se realizan actos masivos para la “entrega de pensiones” en los distintos municipios y no por nada, el mismo día de la votación se produce el fenómeno del traslado de votantes dentro del municipio, de un municipio a otro, y hasta de un país vecino al nuestro. Un drama recurrente y repetido
Los altos niveles de pobreza, necesidades básicas insatisfechas y clientelismo que caracterizan a nuestra provincia son la tierra propicia para la corrupción de baja estofa.
Finalmente vale decir, que los estafadores que militaron en la Renovación oficialista, vueltos funcionarios, siempre usaron el mismo artilugio. Culpar de sus estafas, de sus manejos turbios a la Nacion. Siempre les resulta fácil tirar la pelota para arriba.
Así se explica como, el pueblo cree que todo una época política, donde los estafadores conviven con ellos, son responsabilidad de la presidencia y no de los gobiernos provinciales y de los intendentes malversadores de fondos públicos.
Fuentes: Primera Edición; El Territorio; ANSES, Misiones Cuatro
También se registraron algunos casos paradigmáticos. En Los Helechos, por ejemplo, había grupos de hasta treinta beneficiarios de pensiones que aparecen con un mismo domicilio en un lote determinado en el que literalmente “no hay nada”, pero que estarían viviendo realmente en un municipio vecino. Se comprobo que otros beneficiarios aparecen domiciliados en la casa de un intendente, por ejemplo.
En Caá Yarí los vecinos denunciaron que dentro del pueblo no hay más de cien votantes, pero en cada elección viene gente que vive en municipios cercanos y parajes de Oberá, de Leandro N. Alem o Mártires, “gente muy humilde a la que el intendente Ernesto Juan Fiedrich les gestionó planes y pensiones de discapacidad”, lo que le posibilito al alcalde mantenerse en el poder desde hace 24 años.
Parece exagerado el dato ya que no es fácil imaginar que una elección pueda definirse por estos métodos, pero en el marco de la Ley de Lemas, cincuenta o cien votos cautivos hacen la diferencia.
En ese marco y rompiendo los estrictos códigos de silencio del poder, las crónicas periodísticas dieron a conocer que el intendente de 25 de Mayo, Omar Pedro Wdowin, denunció que unas doscientas personas habrían sido “burladas en su buena fe” al tramitar pensiones nacionales por invalidez que jamás habrían ingresado al sistema y para las cuales pagaron hasta 1.400 pesos cada uno. El alcalde apuntó al entonces jefe comunal del pueblo vecino, Nelson Carvalho, intendente de Alba Posse. Lo acusó de haber montado una Municipalidad “paralela” “para engañar a la gente a cambio de votos”. Carvalho había sacado licencia en su cargo de intendente para competir en la comuna de al lado por el mismo cargo, y para ello montó la “oficina de pensiones” que a la vez, según Wdowin, era búnker de campaña.
“La gente pagaría 800 pesos para hacer el trámite de la pensión y abonarle al traumatólogo que lleva Carvalho para hacerles el informe, y otros 300 para que les completen los formularios, es decir que terminarían pagando entre 1.200 a 1.400 pesos. Estos trámites en realidad son gratuitos y se hacen a través de Salud Pública. Después vienen a la Municipalidad a averiguar cómo va su beneficio y resulta que ni siquiera están ingresados los datos al sistema, es decir que no existen”, denunció Wdowin.
Las elecciones finalmente llegaron, pasaron y Nelson Carvalho perdió en 25 de Mayo, pero logró asegurar su supremacía en Alba Posse colocando a su hijo Celso en la intendencia.
Pero no terminó allí la historia trágica de las pensiones manipuladas. Poco después de conocidos los resultados, vecinos de barrios humildes de Oberá denunciaron que los dejaron literalmente “de a pie” en Alba Posse; Según relataron, personas que supuestamente trabajaban para la Municipalidad de los Carvalho les propuso tramitarles pensiones no contributivas y para ello, les exigió el cambio de domicilio a la localidad costera. El día de las elecciones los fueron a buscar en un colectivo para llevarlos a votar, todo según el relato, pero el cambio de domicilio no había impactado en el padrón. Ni siquiera los llevaron de vuelta a sus humildes barrios obereños, según denunciaron.
En Iguazu, en octubre de 2018, luego de un censo, informaron que hay 3 mil pensionados - discapacitados.
En 2011, en San Vicente detuvieron a un tal “doctor Fuentes”, un hombre que se hacía pasar por abogado y que habría iniciado decenas de trámites de pensiones no contributivas para humildes colonos que le pagaron un monto inicial de 800 pesos cada uno, todos entusiasmados con los supuestos vínculos del pseudo profesional con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Cuando lo agarraron in fraganti repartiendo certificados médicos falsos para acreditar la discapacidad a cambio de los referidos pagos. En su poder tenía 60 fotocopias de formularios médicos, carpetas con informes y certificados de domicilio.
Los titulares de estas pensiones, casi siempre tramitadas desde los municipios, no sólo son atendidos económicamente ante la situación de vulnerabilidad en la que viven, sino que también suelen ser utilizados para la propaganda estatal y hasta para la estafa electoral. No por nada, antes de las elecciones se realizan actos masivos para la “entrega de pensiones” en los distintos municipios y no por nada, el mismo día de la votación se produce el fenómeno del traslado de votantes dentro del municipio, de un municipio a otro, y hasta de un país vecino al nuestro. Un drama recurrente y repetido
Los altos niveles de pobreza, necesidades básicas insatisfechas y clientelismo que caracterizan a nuestra provincia son la tierra propicia para la corrupción de baja estofa.
Finalmente vale decir, que los estafadores que militaron en la Renovación oficialista, vueltos funcionarios, siempre usaron el mismo artilugio. Culpar de sus estafas, de sus manejos turbios a la Nacion. Siempre les resulta fácil tirar la pelota para arriba.
Así se explica como, el pueblo cree que todo una época política, donde los estafadores conviven con ellos, son responsabilidad de la presidencia y no de los gobiernos provinciales y de los intendentes malversadores de fondos públicos.
Fuentes: Primera Edición; El Territorio; ANSES, Misiones Cuatro
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