9/11/2019

Carta de Noticias - 11 de septiembre de 2019

Caso Autopistas: documentos pueden complicar a Macri y sus funcionarios

Vialidad comenzó a negociar con la concesionaria del Acceso Oeste cuando el 

Grupo Macri todavía era socio. Un cambio de procurador y dos dictámenes con 

objeciones. Una auditoría de deudas que busca la Justicia.
    
Otra vez, el presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno están 

en la mira judicial por un posible conflicto de intereses que podría haber 

derivado en una defraudación al Estado. El Caso Autopistas está a cargo del 

juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Carlos Stornelli. 

Un negocio millonario: peajes.

El caso se centra en la renegociación de contratos con las concesionarias de 

dos autopistas: Acceso Norte y Ausol (acceso oeste). Los contratos de 

concesión de las accesos vencían en 2023 pero en 2018 se extendieron hasta 

2030. Además, el Estado le reconoció a la empresa una deuda de US$ 747 

millones (US$ 500 millones a Ausol y US$ 247 millones a Acceso Norte), de 

acuerdo con el Ministerio de Transporte. La empresa se comprometió a 

realizar inversiones y el Ejecutivo aumentó las tarifas de los peajes.

La principal empresa involucrada es Abertis. En Ausol era socia de Sideco, 

empresa emblema de la familia Macri.

El conflicto con las concesionarias nació tras la crisis de 2001 por la 

pesificación y el congelamiento de las tarifas de peaje. Pero Abertis recién 

se presentó ante el tribunal internacional cuando supo que Macri había 

ganado las elecciones.

Cronología de una demanda y un acuerdo bajo sospecha

De acuerdo con los documentos analizados, el 7 de diciembre de 2015, Abertis 

demandó a la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal internacional que 

intenta arbitrar entre los Estados y las empresas de capitales extranjeros.  

La Procuración del Tesoro es un organismo de extremado bajo perfil pero fue 

clave en este caso. Su misión es ejercer como abogado defensor del bolsillo 

de los argentinos. Representa al Estado frente a los reclamos judiciales de 

empresas y debe ser consultado por los funcionarios sobre las conveniencias 

legales de contratos y acuerdos. Cuando Macri asumió, nombró a un jurista 

ajeno al PRO: Carlos Balbín.

En febrero de 2017, Balbín rechazó la demanda de Abertis ante el Ciadi, de 

acuerdo con los documentos oficiales y realizó una auditoría sobre el caso 

Correo Argentino SA. Un mes después, Macri le pidió la renuncia y nombró al 

abogado Bernardo Saravia Frías en el cargo. 

Con Balbín afuera de la Procuración, Vialidad solicitó al organismo que 

opine sobre la renegociación del contrato de Abertis en el Acceso Oeste. 

Saravia Frías emitió dos dictámenes sobre el caso. De allí surge que 

Vialidad se encontraba negociando con las concesionarias desde julio de 

2016, amparada por un decreto del Presidente que autorizó la renegociación 

de este tipo de contratos. Entonces, los Macri todavía tenían el 7% de las 

acciones de la compañía y la empresa Abertis había iniciado una demanda 

multimillonaria ante el Ciadi.

Javier Iguacel era entonces el director nacional de Vialidad y estuvo al 

mando de las primeras negociaciones con las concesionarias, según consta en 

los escritos oficiales. Iguacel dijo a este medio: “Una de mis 

preocupaciones era asegurarme de no caer en un conflicto de intereses. Es 

cierto que se venía hablando con la empresa pero la renegociación del 

contrato se dio después de que los Macri vendieran sus acciones”.

Se evaluó que siga el juicio pero se decidió que era más conveniente para el 

Estado cerrar el acuerdo. Abertis ponía la cara en la negociación y mucha 

oposición y pretensiones”.

En dos dictámenes del procurador del Tesoro de 2017 y 2018 consta que la ex 

socia de los Macri reclamaba supuestas deudas por US$ 1.721 millones. 

Por primera vez resaltó que se estaba negociando con una empresa que estaba 

demandando al Estado ante el Ciadi. El procurador volvió a resaltar 

objeciones al contrato pero no se opuso formalmente.

Abertis y el ministro Dietrich firmaron la extensión de la concesión de los 

accesos Norte y Oeste en junio de 2018, un mes después. Voceros de Dietrich 

afirmaron: “Los contratos se extendieron hasta 2030 para evitar que 

Argentina afronte un litigio en el Ciadi por incumplimientos contractuales. 

En caso de arbitraje, al Estado le hubiera costado US$ 3 mil millones”.

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“Que no me joda las pelotas”: se filtró el audio del intendente del PRO que 

le negó atención a embarazada cuyo bebé había muerto


El intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, quedó en el ojo de la tormenta 

ayer cuando se difundió una supuesta conversación suya con el ex director 

del hospital local, Jorge Sepero, en la que le pedía que no atienda a una 

paciente embarazada cuyo feto había muerto y la derivara a La Plata.

Sepero renunció la semana pasada denunciando que la gestión municipal quería 

vaciar el nosocomio. En el audio en cuestión se escucha una supuesta 

conversación entre Sepero y Etchevarren.

“Necesito que manden a La Plata, no me manden más”, exige el mandatario y el 

director del hospital responde: “No puedo mandar una mujer con un feto 

muerto de 22 semanas a La Plata, es vergonzoso mandar una paciente de estas 

características”.

“Urgencias tenemos que atender Camilo”, advierte el profesional. “Esto no 

era una urgencia, que no me joda las pelotas, que se vaya a La Plata”, 

contesta la supuesta voz del intendente. 

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Con el ballotage descartado, la mitad del país teme que Macri no termine 

ordenadamente su mandato

Economistas y analistas por igual aseguraron que, con el reperfilamiento, el 

gobierno "pateó" sus principales obstáculos para el 2020 y que no debiera 

tener problemas en llegar al final de su mandato. Aun así, crece el temor 

por el efecto de la devaluación post PASO.

En una encuesta nacional llevada adelante por la agencia Ricardo Rouvier & 

Asociados se evidenció que la diferencia a favor de la fórmula encabezada 

por Alberto Fernández y Cristina Kirchner se mantiene estable, por encima de 

los 17 puntos, tomando sólo los votos positivos. La dupla supera, además, el 

51 por ciento de los votos, mientras que la de Mauricio Macri y Miguel Ángel 

Pichetto continúa fluctuando entre los 32 y los 35 puntos porcentuales.

Roberto Lavagna, candidato de Alternativa Federal, se desprendió del grupo 

con posibilidades y aparece tercero con algo más de 8 puntos, lo que lo deja 

fuera de cualquier tipo de competición. A pesar de que la polarización se ha 

acrecentado, parece improbable que se pueda dar un ballotage dado que, 

incluso con una merma en estos números, el Frente de Todos lograría un 

cómodo triunfo en primera vuelta.

La tendencia, por otro lado, apunta hacia un aumento de la brecha, 

especialmente teniendo en cuenta que 7 de cada 10 argentinos asegura que 

Alberto Fernández será el próximo presidente de la nación. Esto motoriza el 

fenómeno del voto útil, que eleva el techo del candidato del Frente de 

Todos.

El 54 por ciento de la población cree que el presidente Mauricio Macri no 

logrará controlar la crisis económica y social para terminar su mandato en 

forma ordenada.

Las expectativas, ahora, se posan en el impacto de la devaluación del 30%, 

que llegaría con las facturas del mes de octubre. 

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La CGT acordó con los ministros asistir al gobierno en la contención de la 

demanda insatisfecha de alimentos, y la identificación de las zonas a las 

que el estado, la iglesia o los movimientos sociales no llegan. Para eso 

elaborarán un listado de los comedores que deberán incluirse en las 

iniciativas. 

El encuentro se dio en un marco de tensa cordialidad, y ministros y 

sindicalistas coincidieron en que no es necesario declarar la emergencia 

alimentaria, ya que la ley vigente dispondría de las herramientas adecuadas 

para afrontar la gravísima situación existente.  

Sin embargo, esta opinión no es compartida por la mayoría de los 

legisladores nacionales, que se manifiestan extremadamente preocupados por 

las consecuencias y probables estallidos sociales a que podría dar lugar la 

prescindencia del gobierno Nacional para revertir la catástrofe social 

existente. 

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Horas más tarde de la reunión entre sindicalistas y ministros, los diputados 

de la oposición presentaron un proyecto consensuado para declarar la 

emergencia alimentaria en la Argentina, y anunciaron que intentarán tratar 

la iniciativa de manera inmediata, el próximo jueves, en sesión especial.

El gobierno de Cambiemos parece más preocupado en evitar la sanción de la 

emergencia alimentaria antes que abocarse a resolver las gravísimas 

consecuencias sociales que han generado sus políticas de ajuste y 

liquidación del trabajo y de la producción en nuestro país. Y no falta 

quienes especulen con que el objetivo de la gestión Macri consiste en echar 

leña al fuego para forzar un estallido, para poder retirarse de manera 

acelerada, acusando a la oposición. 

La movida de la oposición coloca al gobierno nacional en situación compleja, 

ya que si intenta impedir la sesión extraordinaria podría cosechar un 

repudio social aún mayor, que seguramente se traduciría en una paliza 

electoral de proporciones mucho mayores a la que recibió en las PASO.

Por el contrario, si el Congreso Nacional finalmente terminara aprobando la 

iniciativa, quedaría en claro que le han torcido el brazo a la gestión 

Macri, lo que resentiría el lapso restante hasta la transferencia del poder, 

el 10 de diciembre. 

El gobierno nacional no parece comprender, ni tener la intención de hacerlo, 

la gravedad de la situación social. Y sus decisiones sólo consiguen echar 

más leña al fuego, llevando la situación social y políticas a zonas de 

tensión extrema.

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Con la caída de Macri, nace el post macrismo
Por más que el presidente Mauricio Macri insista en afirmar que “la elección 

no sucedió”, y tanto él como sus laderos, Miguel Pichetto, “Lilita” Carrió y 

Marcos Peña Braun repitan a coro que aún es posible revertir la paliza 

electoral del 11 de agosto, van quedando cada vez más aislados dentro del 

andamiaje general de Juntos por el Cambio. 

En la mayoría de los distritos, los candidatos han decidido hacer campaña 

por su cuenta para salvar lo que se pueda, prescindiendo de la fórmula 

presidencial en sus campañas y, en algunos casos, hasta de la fórmula a 

gobernador. La propia María Eugenia Vidal recomendó adoptar esta estrategia 

en los casos en que resultara adecuada para mantener posiciones 

institucionales. Es que Cambiemos se prepara para la resistencia a partir 

del 10 de diciembre, y todo lugar, por pequeño que sea, cuenta. Y mucho.

Para el post macrismo, mantener el control de CABA resulta indispensable, ya 

que sería la única caja disponible para intentar la resurrección. Por eso se 

están implementando presiones de todo tipo sobre los empleados públicos y 

los contratados, se buscan nuevos aliados –como el inefable Luis 

Barrionuevo- y se consideraría destinar generosos recursos públicos para 

obtener nuevos sufragios. La vieja política sigue siendo útil, aún para los 

defensores del cambio.

En el esquema del post macrismo hay una mesa directiva que ha comenzado a 

reunirse en cenas y encuentros informales. La componen, por supuesto, quien 

sería el nuevo líder, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Cristian 

Ritondo, Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Jorge Macri, quien lidera a una 

serie de intendentes del conurbano y a la dirigencia de los “sin 

territorio”. También, naturalemente, forma parte de la conducción, muy 

próxima en jerarquía a Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal. 

En el caso de la gobernadora bonaerense existen dudas sobre la conveniencia 

de incorporarla inmediatamente a la estructura de la CABA, en caso de que 

Cambiemos se imponga en las elecciones, o mantenerla a resguardo durante 

algún tiempo, para preservarla y ubicarla como cabeza de la lista de 

diputados nacionales en 2021. 

Las movidas orientadas a la construcción del post macrismo no han pasado 

desapercibidas en el entorno presidencial. Algunos comentarios deslizados en 

off destacan la indignación de Mauricio Macri y el rencor –no exento de 

temor sobre su futuro- de Marcos Peña.

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El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, viajará a Washington a finales de 

este mes para participar en el 60º aniversario del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y reunirse con autoridades del Banco Mundial (BM).

Según informó Agencia Sputnik, desde el entorno del funcionario aseguraron 

que "está confirmada la visita al BID y al BM".

Lacunza aprovechará el sexagésimo aniversario del BID, que se celebrará 

entre el 24 y el 26 de septiembre, para afianzar el diálogo con sus 

autoridades.

En su estadía en Washington, el ministro de Hacienda podría encontrarse 

también con miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Fondo todavía debe aprobar un nuevo desembolso por 5.400 millones de 

dólares que estaba previsto para este mes.

El Banco Mundial financiará por 395 millones de dólares dos proyectos 

impulsados por el Gobierno, anunció la cartera que dirige Lacunza la semana 

pasada.

El organismo destinará 245 millones para sanear la Cuenca Matanza Riachuelo, 

con el objetivo de mejorar la calidad ambiental en los márgenes del Río de 

la Plata y el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Buenos 

Aires.

Además, destinará 150 millones de dólares para financiar la tarifa social 

eléctrica que reciben 1,4 millones de ciudadanos en situación vulnerable.

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Diputados de distintos bloques de la oposición presentaron formalmente el 

pedido de sesión especial para el próximo jueves con el objetivo de debatir 

el proyecto de Emergencia Alimentaria.
   
La solicitud fue realizada ante el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, 

quien ahora deberá avanzar con la convocatoria al encuentro.
   
El pedido lleva las firmas de Felipe Solá, Carla Pitiot, Agustín Rossi, 

Leonardo Grosso, Daniel Arroyo, Victoria Donda, Pablo Kosiner, Alejandra 

Rodenas, José Luis Ramón, Andrés Vallone, Jorge Franco, Juan José Bahillo, 

Omar Félix, Ivana Bianchi y Lucila de Ponti.

En este contexto, la diputada nacional, Lucila De Ponti, que confirmó la 

realización de una sesión especial para el jueves a las 11.30, dijo que "fue 

consensuada por todos los bloques de la oposición". 

Del mismo modo, señaló que resta conocerse la postura del oficialismo, pero 

mostró optimismo en que "prime la cordura y no la bloqueen". 

La dirigente indicó que "sabemos que hay distintas posturas en el interior 

del oficialismo" y advirtió que, si el bloque oficial no' se presenta "la 

oposición podría sancionar la ley por su cuenta". 

Por otra parte, agregó que "la letra del proyecto consensuado es la que 

creemos que puede resultar de aplicación más efectiva. Pero no tenemos 

problema de sentarnos a discutir si el oficialismo quiere agregar o discutir 

algún puntos mientras se pueda aprobar"

La iniciativa propone la prórroga de la emergencia hasta el 21 de diciembre 

de 2022, el aumento del 50% de las partidas alimentarias y la actualización 

de esos fondos cada 3 meses.
   
"Concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera 

prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y 

nutricional de la población de la República Argentina, según lo establece la 

Ley 25.724 que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional", 

sostiene el artículo 2° de este proyecto.
   
La medida es apoyada por organizaciones sociales, sindicatos y sectores de 

la Iglesia Católica, pero rechazada por un oficialismo, que -desconectado de 

la realidad- asegura que el Gobierno ya cumple con muchas de la cosas que 

plantea la ley.

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El Gobierno negocia un bono de 5 mil pesos para los trabajadores del sector 

privado con la CGT, según confirmaron ambas partes este martes luego de la 

reunión que tuvo la central obrera con los ministro de Desarrollo Social, 

Carolina Stanley, y de Producción y Trabajo, Dante Sica.

De este modo, el titular de UPCN, Andrés Rodríguez, indicó a FM Futurock: 

"La reunión fue buena. Se va a acordar un bono para trabajadores y la 

extensión de la tarjeta alimentaria a los trabajadores en condiciones 

vulnerables". Luego adelantó: "Estamos cerca de acordar un bono de $5 mil 

para todos los trabajadores".

"Nosotros pedimos que el bono de $5 mil que charlamos ayer sea de carácter 

obligatorio", reveló y explicó: "Todo lo que sea paliativo bienvenido sea, 

por eso estamos negociando un bono".

De cara a las elecciones presidenciales, evaluó: "Si Alberto Fernández gana, 

es necesario que generemos un acuerdo social con el empresariado".

Por su parte, Sica confirmó: "Empezamos a conversar ayer la posibilidad de 

establecer algún tipo de compensación para los privados como se hizo para la 

administración estatal". Sin embargo, advirtió que primero quieren "mirar el 

índice de inflación del jueves", entonces volverán a juntarse "para evaluar 

la mejor metodología".

Pero reconoció a La Red: "Tomamos como referencia el bono que se le dio a 

los estatales, de 5 mil pesos. Trabajamos sobre eso".

También admitió que "el salto inflacionario que estamos sufriendo producto 

de la devaluación después de las PASO, está generando bastante inquietud por 

la perdida de salario real".

Pero aclaró: "Hay que evaluar muy bien el impacto de este tipo de bono en 

las pequeñas empresas, porque no solo hay un impacto inflacionario, sino que 

en muchas de ellas se secó la plaza en términos de financiamiento de corto 

plazo. Y el bono puede generar un perjuicio".


El Poder Ejecutivo podría autorizar a pagar este plus salarial -que será 

obligatorio- en uno o varios tramos, según las posibilidades de las 

empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas. 

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El ex presidente del Banco Central y pilar fundamental de dos de las crisis 

más devastadoras de la historia argentina, Federico Sturzenegger, cruzó al 

Gobierno de Mauricio Macri por la inflación. 

Dijo que la "culpa" de la crisis económica "reside en las políticas que se 

decidieron" desde la Casa Rosada. Sturzenegger publicó un texto titulado "La 

Macro de Macri: el sinuoso camino hacia la estabilidad y el crecimiento".

En el mismo, dijo que "si bien la herencia macroeconómica recibida por el 

Gobierno no era ideal, es difícil culparla por los resultados".
   
"Al final, la culpa reside en las políticas que se decidieron. El deterioro 

de la política fiscal en primer lugar y, luego, la elección de apostar por 

un crecimiento a corto plazo, incluso a expensas de las instituciones 

monetarias y la inflación", señaló.
   
Explicó que debilitar su lucha contra la inflación fue "un error político 

costoso y obvio, pero además paradójico, para un equipo que había demostrado 

una profesionalidad significativa en su evaluación de los riesgos y 

beneficios políticos, y había visto los beneficios políticos de la 

desinflación en las elecciones legislativas de 2017".

Sturzenegger había proyectado, a principios de 2016, que la inflación de 

2019 sería del 5%

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