Solicitarán prohibir la cosecha de yerba mate hasta marzo. Desde la APAM elevarán el planteo al INYM. Los pequeños productores cuestionan el pedido porque afectaría a la fuente de ingresos de fin de año.
Desde la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) planean elevar la próxima semana un pedido al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para que se prohíba la cosecha del producto hasta marzo del 2022. De esa manera, cubriría la etapa de la “zafriña” de verano, con el objetivo de “cuidar la calidad de la yerba mate” y “evitar el crecimiento de los delitos rurales” en esa etapa. Sin embargo, los pequeños productores rechazan la iniciativa que “les impediría tener la fuente de ingresos de fin de año”, según indicaron.
Entrevistado por PRIMERA EDICIÓN, Cristian Klingbeil, referente de APAM, contó sobre las razones que impulsan la solicitud que “lo que vamos a plantear es algo que ya se pidió muchas veces pero nunca se concretó”.
“Los motivos son principalmente para cuidar la calidad de la yerba que en verano no sale buena, es mucho más amarga, se vuelve complicado para el secadero porque las hojas son más tiernas y contienen mucha agua, aparte de que está cargada de semillas”, indicó.
Además, sostuvo que “venimos recuperando los yerbales luego de dos años de sequía, aunque ahora no estamos en los mejores niveles de lluvia, pero los chaparrones que caen ayudan a que las plantas puedan brotar bien. Por eso sería muy bueno decidir que por un año no sean tocadas durante el verano y que las plantas se recuperen bien porque las venimos castigando con tanta cosecha. La planta se va a desarrollar mucho mejor y se podrá mantener la calidad”.
Klingbeil también dijo que “si queremos vender una infusión que no es muy conocida en el mundo, tenemos que salir con algo de calidad porque si mandamos algo medio flojo no podremos tener éxito en la búsqueda de nuevos mercados”.
Por otro lado, aclaró que “la zafriña es la época de cosecha de un par de semanas de diciembre más el verano de enero y febrero, y ahí es cuando se produce la mayor cantidad de robos de yerba en las chacras. Es algo muy complicado”.
“Si se prohíbe la cosecha ningún secadero va a trabajar y con eso nos aseguramos de que no estén masacrando nuestros yerbales”, consideró.
“También hay un contexto social que nos favorece si se termina de cumplir con la compatibilización de los planes sociales con el trabajo registrado, que permitiría que los obreros rurales puedan seguir haciendo algunas ‘changas’. Ese era un problema que teníamos años anteriores por la falta de compatibilidad”, remarcó.
Consultado sobre la fecha en la que elevarán el pedido de prohibición de la cosecha, expresó: “Creemos que este año la solicitud podrá avanzar porque el contexto del Directorio del INYM es distinto. Los directores por parte de la Producción son más representantes del sector que en años anteriores. La nota con el pedido la estaríamos llevando la próxima semana para que sea estudiado y ver entre todos lo mejor posible que nos ayude a cuidar la actividad”.
Pleno rechazo
Por su parte, Martín Dellien, presidente de la Asociación Casa de la Familia Yerbatera de San Pedro, en diálogo con este Diario, señaló que “los trabajadores que quieren poner algo en su arbolito de navidad, compartir y comer algo con la familia, necesitan de esa cosecha de la ‘zafriña’. Con ese pedido de prohibición de cosecha hasta marzo no se están poniendo en el lugar del pequeño productor, del más humilde, y sus familias”.
“A los que tienen 500 hectáreas no les interesa la ‘zafriña’. Pero para el pequeño productor que apenas llega a fin de mes es importante tener esa posibilidad en diciembre y el verano”, subrayó y añadió que “la cosecha de fin de año y enero y febrero, es lo que ayuda al pequeño productor a comer algo en navidad, estar tranquilos los primeros meses del año y comprar los útiles de sus hijos para el próximo período escolar. Tienen que seguir permitiendo la ‘zafriña’. No se pueden justificar con el tema de los robos, porque lastimosamente van a seguir robando cuando los delincuentes quieran”.
En el mismo sentido, reclamó que “el pedido de prohibición de cosecha es algo egoísta, no está bien fundamentado por no ponerse en el lugar del más humilde de la cadena, del pobre productor, y además en la producción yerbatera son más los pequeños productores que los grandes”.
“Esta gente dice que no a la ‘zafriña’ porque tienen recursos suficientes para llegar bien al fin de año, lo ven desde una posición económica cómoda, pero tienen que dejar trabajar como corresponde al pequeño productor si quiere cosechar su yerba. No deberían poner esas excusas por no entender las necesidades de los que tienen dos, tres o cuatro hectáreas”, apuntó.
Dellien recordó que “hoy cuesta mucha plata comprarse una chacra, hay mucha gente que no tiene los recursos para hacer eso”, y agregó que “tienen que permitir la ‘zafriña’ porque es lo único que da sustento al pequeño productor para esa etapa del año. Hay mucha necesidad y la cosecha de yerba ayuda al pequeño productor”.
Finalmente, criticó que “hablan sobre la calidad, pero eso tiene más que ver con el estacionamiento que tiene, que con la cosecha. El hecho de que la yerba tiene semilla es algo secundario, porque si el secadero hace un buen trabajo de secado y de estacionamiento entonces la yerba va a ser de primera
calidad”.
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Precio de la yerba: El Gobierno provincial solicitó a Nación un laudo que supere los 41 pesos.
Sebastián Oriozabala, ministro del Agro de Misiones habló respecto al laudo que quedó en manos de Nación. Mencionó que uno de los principales planteos que realizó fue que el precio pudiera igualar a lo que indica la grilla del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que da un valor por encima de los 41 pesos, ya que asegura “son los incrementos reales”. “Definir un precio a 35 pesos sigue siendo irreal, y perjudica a los trabajadores y a los productores”, criticó.
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Yerba mate: al cierre de agosto el consumo interno totalizó 189 millones de kilos
El Informe del Sector Yerbatero correspondiente al mes agosto indica que durante ese mes el volumen de yerba mate elaborada con destino al mercado argentino alcanzó los 25,6 millones de kilos. Sumado a los meses anteriores, el consumo interno acumula 189,6 millones de kilos entre enero y agosto del corriente año.
Respecto a las exportaciones, las estadísticas indican que en agosto se despacharon 3,8 millones de kilos de yerba mate; alcanzando un total de 24,8 millones de kilos durante los ocho primeros meses del año.
Cosecha de yerba mate
Respecto a la cosecha, las declaraciones juradas reflejan que en el mes de agosto ingresaron a secaderos de la zona productora 130,1 millones de kilos de hoja verde. Entre enero y agosto, en tanto, los ingresos de hoja verde sumaron 768 millones de kilos.
Consumo interno: formatos
Tal como se viene manifestando desde años anteriores, en el consumo interno, los envases de medio kilo mantienen la preferencia de los consumidores. Durante el mes agosto de 2021 los paquetes de medio kilo representaron el 55,61 % de las salidas de molinos al mercado interno. Con el 39,09% se ubicaron los paquetes de un kilo, con el 1,01 % los envases de dos kilos, y con el 0,64 % los de cuarto kilo. En el ítem ‘otros formatos’ las salidas alcanzaron 1,36%, mientras que el 2,29 % correspondió al rubro ‘sin estampillas’.
Es importante destacar que, de acuerdo a los datos históricos, se mantiene con pocas variantes la participación de los distintos formatos en las salidas de molino con destino al mercado interno, concentrando los formatos de ½ y 1 kilo, el 94,69 % de las mismas.
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Estiman que el sector tabacalero producirá 31 millones de kilos durante el 2022
El subsecretario de Tabaco de Misiones, Carlos Pereira, destacó una mejora en la eficiencia en las chacras y en la industria y estimó que la producción tabacalera alcanzará los 31 millones de kilos durante el próximo año. Respecto al pago por granizo, anticipó que se depositaría entre el 15 y el 20 de octubre. En ese sentido, señaló que un 80 por ciento de la producción tabacalera ya fue llevada a la chacra. Además, celebró que el clima acompaña a las plantaciones. “Tenemos un buen rinde y crecimiento”, sostuvo. Por otro lado, mencionó que actualmente está en tratativas la definición del plan de los 650 millones de pesos, que corresponde 20 pesos por kilo y 25 pesos por pérdida.
Tabacaleros piden a la AFIP que cobre impuesto que incluye FET
A pesar del fallo de la Suprema Corte de Justicia que obliga a toda la industria tabacalera a tributar el impuesto mínimo a los cigarrillos, la AFIP aún no recibe el pago del impuesto mínimo que incluye el Fondo Especial del Tabaco (FET) de una de las tabacaleras que, durante más de cuatro años, cautelares mediante, no lo hizo. Es por ello que, desde todo el sector tabacalero argentino se sumaron los reclamos, puesto que, de continuar la situación, seguiría afectando la recaudación del Fondo Especial del Tabaco.
Durante varios años, la tabacalera Sarandí, industria radicada en Avellaneda (Buenos Aires) no pagó el impuesto mínimo (108,50 pesos por paquete de cigarrillo desde este mes) a partir medidas cautelares. Finalmente, el caso llego a la Suprema Corte que, dijo, básicamente, “la justicia no está para modificar las cuestiones impositivas del estado”. Consultados algunos referentes del sector en Misiones, todos coinciden en la necesidad de que el organismo recaudador, la AFIP, comience a cobrar ese gravamen y que obviamente luego “derrame” en los productores.
Omar Olsson, actual legislador provincial y dirigente de una de las organizaciones de productores de Misiones (APTM) aseguró que “estamos trabajando en varios frentes, ya planteamos a la AFIP que empiece con el cobro a tabacalera Sarandí y otras beneficiadas, desde la fecha de vigencia de la decisión de la suprema Corte”. “Son alrededor de 150 millones de pesos por mes que está dejando de ingresar a Misiones por ese concepto”, dijo Olsson, agregando que, haciendo números no muy optimistas, al año son más de 2000 millones de pesos, solo a nuestra provincia. “La AFIP debe cobrar los impuestos, como le exige a cualquier empresa” afirmó el dirigente tabacalero.
Cabe destacar que hay otras pequeñas industrias de cigarrillos que tampoco estarían abonando el impuesto mínimo. En su conjunto estarían participando en un 25% del mercado en nuestro país, lo que indica el volumen de los impuestos que estarían evadiendo. Por otro lado, se supo que, los cuerpos jurídicos de las diferentes organizaciones de los tabacaleros de la argentina, están analizando la posibilidad de reclamar la deuda de años anteriores, mientras estaba vigente la cautelar, que superaría los 40.000 millones de pesos en total.
Retenciones a las exportaciones de tabaco
Por otro lado, y atento a la realidad productiva, desde el sector llevan al gobierno nacional otros reclamos. Uno de ellos está relacionado a la retención a las exportaciones de tabaco. Jorge Kappaunn, presidente de la CTM tabacalera de Misiones, anunció que “estamos haciendo gestiones para que nuestro producto que sale industrializado de nuestras plantas de proceso no tenga retenciones o al menos que nos bajen el índice, será una manera en que el estado este ayudando de manera directa al productor”. Sin dudas, sentencio Kappaunn, “las retenciones afectan al valor final que recibe el productor”.
El tabaco, según Kappaunn es una de las pocas economías regionales que está sujeta por retenciones a las exportaciones. “No estamos siendo competitivos, las grandes industrias del mundo y habituales interesados en llevar nuestro tabaco se van a otros mercados, como Brasil, que, al no tener este gravamen, tienen un mejor precio”, aseguro. Finalmente, el titular de la CTM, se mostró optimista en lograr comprensión en el estado nacional, por cuanto se trata de beneficiar a 12 mil productores minifundistas, en este caso de la provincia de Misiones.
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En menos de 24 horas, Abdo promulgó ley que agrava penas por ocupaciones. La normativa establece penas de hasta 10 años de cárcel. La iniciativa volvió a ser cuestionada por grupos sociales, de indígenas y campesinos.
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, promulgó este jueves, a menos de 24 horas de su sanción, la ley que agrava las penas para quienes invadan tierras privadas, una iniciativa que volvió a ser cuestionada por grupos sociales, de indígenas y campesinos, y que amenaza con agravar la serie de protestas que se registran en las calles de Asunción.
La promulgación -“en forma meteórica”, ironizó el diario Última Hora- fue anunciada por el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, y la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, en conferencia de prensa.
Lo central de la nueva norma es la modificación de artículo 142 del Código Penal para gravar con hasta 10 años de cárcel a quienes ocupen propiedades privadas, una cuestión por demás sensible en un país con una fuerte concentración de la tierra.
Hasta hoy, la “invasión de inmueble ajeno” era penada con hasta 5 años de prisión y se aceptaban “medidas alternativas”, y ahora la pena va de 6 a 10 para el caso de que exista “violencia o se registren daños” a la propiedad.
Por otro lado, ni la Justicia ni el Estado investigaron jamás sendos pedidos de la ONU y de la Comisión de la verdad que advirtieron que durante la dictadura de Alfredo Stroessner el 37% de las tierras útiles del país habían sido entregadas irregularmente y que entre los beneficiarios se contaron militares, legisladores y empresarios.
Pese a la promulgación, a las puertas del Congreso se mantenía la vigilia de representantes de comunidades indígenas y organizaciones campesinas, que advierten que la modificación del Código Penal que significa la ley solo apunta a “criminalizar” la protesta y pone en riesgo la ocupación ancestral de muchos terrenos por parte de los locales.
El miércoles grupos de manifestantes ya habían cerrado rutas en el interior del país y, tras enfrentarse con la Policía, dieron un ultimátum 48 horas a Abdo Benítez para que vetara la ley, pero el mandatario desatendió esa pretensión.
El clima de tensión en los alrededores del Parlamento se complejizó con la detención del líder indígena Derlis López Ortiz, que, según la Policía, tenía cuatro órdenes de detención en contra. La captura generó un cruce de piedras, flechas y balas de goma entre los manifestantes y la Policía Nacional.
El titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Édgar Olmedo, hizo un llamado “a la paz y a la concordia de todas las comunidades, para favorecer el diálogo” y denunció que los pueblos originarios fueron “manipulados” por grupos a los que no identificó.
En la conferencia de los funcionarios, consultado por la premura en la promulgación de la controvertida norma, Huttemann dijo que Abdo Benítez ya venía haciendo “el análisis y estudio anteriormente”. “Ya se venía manteniendo conversaciones con los parlamentarios y proyectistas y una vez que ingresó la decisión ya estaba tomada”, aseguró.
La ministra Pérez, por su parte, afirmó que la aplicación de la ley “va a estar en la cancha de cada Juzgado”, por lo que será el juez quien decidirá eventuales sentencias.
Se estima que en Paraguay hay unas 8 millones de hectáreas –algunos relevamientos hablan de 12 millones- cedidas entre 1954 y 2003 a personas cercanas a la dictadura de Stroessner, un paquete de propiedades que la prensa y las organizaciones suelen llamar “tierras malhabidas”.
El proyecto fue presentado en el Senado por Fidel Zavala, de Patria Querida, pero tuvo el enorme acompañamiento de las bancadas en las que se divide el gobernante Partido Colorado en las dos cámaras.
Pocas semanas antes de la presentación de esta iniciativa había ingresado al Congreso otra en sentido opuesto: buscaba, justamente, despenalizar las tomas.
En el Senado se registró hoy una nueva discusión sobre el tema, antes del inicio de la sesión, y la oposición volvió a cuestionar la sanción.
Sixto Pereira, del Frente Guasú, lamentó que exista “una política excluyente y un Estado servil a un grupo económico”, y criticó que no se haya escuchado siquiera el pedido de diálogo de la Iglesia Católica.
La senadora oficialista Blanca Ovelar fue de las pocas voces oficialistas en marcar una diferencia: “Las enormes dificultades para enfrentar un país tremendamente desigual se perciben en estos incidentes, donde por una parte existe un derecho a la propiedad privada y por otro a acceder a una parcela”, comentó.
“Esto demuestra el fracaso de administraciones; es insuficiente la capacidad del Estado para abordar este tema”, apuntó.
Mientras, la demoprogresista Desirée Masi afirmó que la ley no es una solución a nada y advirtió que “no se puede seguir tratando de esconder bajo la alfombra la grave problemática de las tierras y diciendo que se trata de una cuestión ideológica”.
“Aunque sí se trata de una cuestión ideológica: de gente que cree que es normal la inmoral desigualad que se tiene en Paraguay”, ironizó.
Desde la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), que agrupa a 35 organizaciones, Abel Areco, integrante del Equipo Jurídico, alertó que la ocupación era “para muchos sectores el único método para acceder a una porción de tierra, y para que se atienda el reclamo y fueran reubicados”.
“La nueva ley responde a intereses del sector latifundista, de ganaderos, de productores de soja. Claramente hay un interés empresarial detrás, y se basa en un discurso falaz que no se ajusta a la realidad”, advirtió Areco en declaraciones a Télam.
Integrante además del Centro de Estudios Base Investigaciones Sociales, el abogado lamentó que “en Paraguay no hay una política pública para garantizar el derecho de acceso a la tierra y los presupuestos parta comprar tierras de los organismos que se ocupan de la cuestión son ínfimos ante la demanda que existe”.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
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