La pandemia puso sobre la mesa cuestiones esenciales que suelen quedar relegadas o tienen respuestas parciales. La alimentación y el aumento descontrolado de los precios es una de ellas.
Frente a un escenario socioeconómico tan deteriorado la inflación siguió subiendo impulsada por el alza de los alimentos. Frente a esto, la decisión del gobierno nacional de congelar los precios y promover un control estricto es fundamental para cuidar los bolsillos de los argentinos y las argentinas.
La inflación es multicausal, pero uno de las grandes dificultades que hay en la producción de alimentos es la concentración. Por dar un ejemplo, sólo cuatro empresas suman casi el 50% de la producción de harina y superan el 55% de la exportación de harina de trigo, rubro en el que la Argentina domina el 73% del mercado latinoamericano. No todos perdieron durante la pandemia: en 2020 el grupo empresario Molinos Río de La Plata registró en el segmento de alimentos una ganancia neta de 1745,8 millones de pesos con respecto al año anterior. Algo similar ocurrió con Ledesma y Arcor.
En el caso de los supermercados, el 75% del mercado en el rubro alimentos lo capturan tres cadenas: Carrrefour, Cencosud (Vea, Jumbo y Disco) y Coto. Según datos del Indec en julio de 2021 los supermercados tuvieron las mejores ventas del año, $125.664,2 millones, un incremento de 54,9% respecto del mismo mes del año anterior. En ese mismo período, la inflación acumulada fue de 51% y la pobreza e indigencia alcanzó casi a la mitad de la población. No todos pierden.
El precio de los alimentos es una de las causas principales del aumento de la pobreza y la indigencia en la Argentina y una de las mayores distorsiones se produce en la intermediación entre la producción y la comercialización. Esto ligado al altísimo grado de concentración del sistema agroalimentario argentino produce efectos en los precios.
El reverso de semejante poder es una fuerte asimetría que se manifiesta en la brecha entre lo que pagan los consumidores y reciben los productores en la puerta de la chacra, en algunos productos puede llegar a 1000% según distintos relevamientos de la CAME. Esta situación era poco visible hasta la aparición de los “verdurazos” y “pescadazos” que visibilizaron las injusticias del modelo hegemónico de producción de alimentos.
Uno de los efectos del modelo concentrado de producción de alimentos es que restringe el desarrollo de actores que promueven un modelo de producción alternativo, como el que expresan las organizaciones de agricultores familiares, movimientos campesinos, cooperativas pequeñas y medianas de “el otro campo” que producen alimentos en distintas regiones del país.
En esa línea puede verse el informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO) que construye una Canasta Básica Alimentaria (CBA) con productos de la Economía Social, Solidaria y Popular (ESSyP) y las compara con la Canasta de los supermercados. El informe muestra que, en agosto de 2021 la variación respecto al mes anterior fue del 15,44% en los supermercados y del 5,81% en los espacios de comercialización cooperativos. Es decir que, en el caso de los productos de la economía social popular, la evolución de los precios es más lenta que en los supermercados, por la ausencia de especulación y porque el criterio no está orientado por la valorización y el lucro sino por el derecho a la alimentación saludable y la vida digna de les productores.
Por último, el Estado tiene un rol central en la planificación, producción y comercialización de alimentos. La ley de acceso a la tierra es una herramienta central para acompañar a los productores de la agricultura familiar campesina indígena que producen la mayoría de los alimentos frescos que comemos. La necesidad de desconcentrar el mercado es otro paso fundamental y para eso deben fomentarse políticas que acorten las distancias entre la producción y el consumo, con mercados de cercanía y fomentando el comercio justo.
Para garantizar alimentos sanos a precios justos para toda la población es necesaria una intervención integral en todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización. Si el Estado no interviene, el mercado hará lo que sabe hacer: negocios. Cuando de lo que se trata, es de abastecer con alimentos saludables y accesibles la mesa de más de 40 millones de personas. La alimentación, como la salud y la educación, es un derecho humano y en una Argentina con la mitad de les niños pobres, una deuda de la democracia.
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El Gobierno armó una red de fiscalización de precios con intendentes y gobernadores de todo el país
Según el decreto 745/2021 publicado este viernes, los funcionarios podrán secuestrar todo elemento relativo a la administración de los negocios por hasta 30 días hábiles y clausurar preventivamente hasta por tres días los locales en los que se hubiere constatado una infracción.
Mientras veinte provincias firmaron esta tarde un acuerdo para acompañar y controlar el plan de 1.432 productos "congelados", el Gobierno renovó las críticas hacia las cadenas de hipermercados y avanzará en un programa de mercados concentradores para reducir precios.
El entendimiento fue rubricado durante una reunión que fue encabezada por el presidente Alberto Fernández en el Salón Eva Perón, en Casa de Gobierno. "Desde hoy, acordamos trabajar de manera federal y planificada en la creación de mercados concentradores descentralizados en cada región del país. En ese marco, los mercados concentradores no sólo permiten estrechar la relación comercial entre productores y consumidor, sino que acompañan y ponen en valor los esfuerzos que vienen haciendo las provincias para ampliar y diversificar la oferta productiva", concluye el acuerdo dado a conocer.
Respecto de los mercados regionales, Feletti expresó que "forman parte de una segunda fase de diálogo con los gobernadores; se trata de la federalización de un esquema de comercialización alternativa".
"Los aumentos de precios castigan con dureza los ingresos de los argentinos y argentinas, poniendo en riesgo al mismo tiempo la continuidad del crecimiento económico. Si los ingresos de nuestro pueblo se deterioran, el consumo, la producción, la inversión, el empleo y la rentabilidad de nuestras pymes se debilita", señala el documento.
"No estamos defendiendo soló el bolsillo de los consumidores; estamos preservando también estratégicamente la sostenibilidad del negocio de productores y empresarios, estamos defendiendo un modelo de país basado en la producción y el empleo.
Ley de Abastecimiento
El artículo 10 de la Ley 20.680 establece como procedimiento el labrado de un acta de infracción, la admisión de pruebas y la resolución del hecho.
En tanto que el artículo 12 señala que los funcionarios podrán requerir el auxilio de la fuerza pública; allanar en horas hábiles y días de funcionamiento, locales industriales, comerciales, establecimientos de producción, y solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento cuando deba practicarse este procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada o habitación del presunto responsable.
También podrán secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por hasta 30 días hábiles; intervenir la mercadería en infracción, aun cuando estuviera en tránsito, nombrando depositario; y clausurar preventivamente hasta por tres días los locales en los que se hubiere constatado la infracción.
Del mismo modo, los intendentes están habilitados para intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías que hubieren sido objeto de una maniobra tendiente a reducir la oferta; citar a los presuntos responsable y solicitar a la autoridad de aplicación su detención preventiva.
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Juan Cabandié: "La ley de envases permitirá dar un salto importante en la economía circular"
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La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, ideado para advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.
Según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2), las familias vulnerables evidencian un 21% más de obesidad que las familias de ingresos altos, lo cual evidencia que "no es una ley para ricos", advirtió Unicef y agregó que "las brechas sociales de la obesidad se incrementan según empeoran las condiciones socioeconómicas y las y los adolescentes de menores ingresos tienen un 31% más riesgo de padecer obesidad".
Asimismo, explicaron que los grupos más vulnerables "suelen estar inmersos en entornos no saludables, donde hay más posibilidades de obtener alimentos procesados y ultraprocesados y bebidas no alcohólicas azucaradas, que comidas nutritivas".
Según la Organización Panamericana de la Salud, Argentina tiene la tasa más alta de exceso de peso en menores de 5 años de América Latina: un 13,6%.
A su vez, en toda la región aumentó en los últimos años el consumo de alimentos y bebidas envasados no saludables, con cantidad excesiva de azúcares, grasas y sodio, denominados ultraprocesados, que son "el gran motor" de la malnutrición por exceso.
Otros de los mitos que busca derribar la publicación es la creencia errónea de queel etiquetado no es efectivo para cambiar conductas alimentarias.
Países de América Latina como Chile, Perú, Uruguay, Colombia y México cuentan con etiquetado frontal de advertencias, y según la Coalición Nacional para prevenir la obesidad en niños, niñas y adolescentes, existe "evidencia de que el sistema gráfico de octógonos negros es el más efectivo, rápido y directo en informar y orientar en la compra de alimentos más saludables y en desmotivar el consumo de productos con exceso de grasa, azúcares y sodio, también llamados nutrientes críticos".
"Es una medida costo-efectiva que se mantiene en el tiempo y tiene mayor alcance: la implementación de la advertencia en el frente de los productos es en sí misma una herramienta educativa", agregaron.
Unicef también desmiente que el etiquetado tenga efectos negativos con relación a costos de fabricación, empaquetado y empleo.
"En cuanto a los costos iniciales que implica modificar las etiquetas, estos se realizan una única vez y consiste en imprimir los sellos necesarios para cada producto", aclararon y explicaron que "la evidencia indica que cuando se modifican los hábitos de los consumidores, las empresas tienden a fabricar productos más saludables, lo que evitaría el costo que implica la modificación de un nuevo etiquetado".
El diputado mendocino Ramón dijo: "Logran instalar en algunos medios algunas cuestiones como la oposición a la ley de etiquetado", remarcó el diputado. Además destacó que "el efecto virtuoso de la ley de etiquetado es informar a los consumidores. Y eso es un derecho".
"Los que se oponen a la ley de etiquetado lo hacen porque los 12 productores de productores de alimentos y los 6 dueños que lo distribuyen ejercen un poder dominante para hacer el negocio de vender basura", afirmó Ramón. En ese marco indicó que "el Estado no puede quedar preso de 12 productores y 6 dueños de alimentos".
"La aplicación de la ley de etiquetado va a ser posible. Esta ley no prohíbe el comercio", agregó el legislador. También puntualizó que "esta ley no prohíbe el comercio, si una empresa quiere vender basura va a tener el octógono y el consumidor puede elegir comprarla".
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Los movimientos sociales respaldaron la propuesta del Gobierno para un nuevo monotributo.
El proyecto busca «formalizar» a los trabajadores y las trabajadoras de la economía social, a través de la creación de un nuevo monotributo destinado a ese sector, que les permitirá tener las mismas prestaciones que un trabajador formal, en materia previsional y de salud, entre otros beneficios.
Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Agustín Suárez dijo a Télam que «la informalidad en el sector rural es muy amplia e histórica» y que por esa razón desde su agrupación junto a la Mesa Agroalimentaria Argentina vienen «reclamando hace tiempo que vuelva el Monotributo Social Agropecuario a costo cero».
«Monotributo que antes del Gobierno de Mauricio Macri estaba y servía, no es ni va a ser algo que solucione el problema de la informalidad en los trabajadores pero es un primer paso para dar acceso a la salud, a obra social, para facturar, aportar a la jubilación a trabajadores informales», advirtió.
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El Gobierno anunció nueva línea de financiamiento para desarrollo de economías regionales
El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, anunció una nueva línea de financiamiento para empresas que, por su carácter estratégico en materia productiva y de generación de empleo, resulten de interés para el desarrollo de las economías regionales.
«Desde el inicio de la gestión trabajamos en una agenda de desarrollo productivo regional para hacer que el financiamiento llegue a todo el país, fortalecer las capacidades locales y acompañar los procesos de innovación, porque el crecimiento de las PyMEs en cada lugar del territorio nacional empuja el desarrollo de la Argentina en su conjunto», explicó el titular de la SEPyME, Guillermo Merediz.
La nueva línea de créditos del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEP) tiene un plazo de hasta 15 años, una tasa del 18% fija para los primeros 7 años y 3 años de gracia para el capital, y será destinada a empresas con participación con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) de sectores estratégicos de la cadena productiva regional y/o nacional.
De acuerdo a la disposición oficial, cada provincia podrá presentar hasta tres proyectos por año por un monto de financiamiento máximo anual de hasta $ 1.000 millones.
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