En Argentina, tanto el mega-DNU como el proyecto de ley ómnibus son ataques al orden legal vigente, a los derechos del pueblo y a la soberanía de la nación. Estas acciones de Milei constituyen «un golpe de Estado en este caso por otros medios», afirma Calloni.
CAPAC – por Stella Calloni
Ante un escenario como el actual cuando el autoritarismo intenta imponerse en Argentina con todos sus matices detrás del ofrecimiento de una “libertad” que dejó de existir con la imposición ilegal del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y una ley ómnibus, diseñados para suspender el Congreso de la Nación, instalar un gobierno de facto, derogando normas constitucionales, que protegen la soberanía y todos los derechos que nos protegen, y que impiden que el país se convierta en una inmensa colonia, que es nuestro destino en manos del actual gobierno de un partido inexistente como La Libertad Avanza (LLA) para lo cual necesitan desaparecer la memoria, la historia, la cultura, la identidad y todo lo que se logró en Argentina con luchas que costaron miles de vidas.
El DNU anunciado por el ultraderechista presidente Javier Milei el 20 de diciembre pasado afecta a todos los sectores de la sociedad, y termina con la soberanía y la entrega de territorios y recursos al poder hegemónico mundial.
«El DNU anunciado por el ultraderechista presidente Javier Milei el 20 de diciembre pasado afecta a todos los sectores de la sociedad, y termina con la soberanía y la entrega de territorios y recursos al poder hegemónico mundial»
Stella Calloni
Y la pregunta es ¿qué está dispuesto a entregar la dirigencia de la Unión Cívica Radical (UCR) que entre otros puntos que se han modificado, en todos los casos a medias, consentiría en entregar por un año el poder absoluto a un Presidente como Milei y sus mandantes, el mismo que causó “estupor” entre los grandes empresarios capitalistas de Davos, citando como su prócer a un hombre de las cavernas como Alberto Benegas Lynch, cuya “doctrina” sigue el mandatario en su laberinto de desquiciado emocional evidente.
Si la UCR permite que se dictamine sobre un DNU rechazado por las mayorías en el país y la Ley Omnibus o Ley Base, como le dicen, deben ser considerados como “traidores a la patria”. Así figura en el artículo 29 de la Constitución Nacional. No podemos bajo ninguna circunstancia quedar en manos de un símbolo de la decadencia imperial y sus vasallos, asociado con lo que queda de Juntos por el Cambio, la casta de las castas que decía iba a combatir el actual presidente.
De hecho al unirse como socio en lo que fue la alianza Cambiemos con Propuesta Republicana del ex presidente Mauricio Macri, que en cuatro años de gobierno (2015 2019) dejó un país arrasado y con la mayor deuda externa que se recuerde en la historia argentina, la UCR dejó atrás todos los principios de su partido y fue cómplice de lo más degradante, aceptando la financiación de Fundaciones de Estados Unidos y otros, que mantienen invadido el país.
La UCR fue cómplice del llamado Lawfare, la guerra sicológica que forma parte de la Doctrina contrainsurgente que Washington y sus asociados siguen aplicando como se hizo con la persecución mediática, judicial y política más larga de la historia contra la primera presidenta argentina elegida dos veces consecutivas por voluntad popular, Cristina Fernández de Kirchner, y varios de sus funcionarios, acusados mediante causas falsas.
Son los mismos que desestabilizaron al ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), como se evidenció cuando la Sociedad Rural, eterna golpista, denigró al primer mandatario quien inauguró la transición democrática en 1983, que continúa en un tembladeral hasta ahora… La UCR tiene en estos momentos una presencia muy importante, lo suficiente para recuperar el ideario de sus orígenes, y volver a ser lo que fue siempre como el segundo partido a nivel nacional, como lo es el Justicialismo. Es ahora su recuperación histórica.
La Constitución fue violada una y otra vez en los años de Macri, quien con la embajada de Estados Unidos conformó el llamado “Partido Judicial”, y logró una Corte Suprema de Justicia, que se auto adjudicó el mando del poder ejecutivo, acudiendo a resoluciones antidemocráticas en favor de la derecha gobernante.
Hasta hoy el “Partido o Mesa Judicial” cumple deliberadamente cerrando todas las causas que involucran al macrismo, perdiendo la credibilidad popular y hasta en organismos internacionales. Incluso impidió hacer justicia contra el intento de magnicidio, de lo que fue testigo el mundo, contra la vicepresidenta y ex presidenta Fernández de Kirchner, causa que la “justicia” del macrismo detuvo en el momento en que la responsabilidad intelectual y financiera de semejante hecho llegó hasta la puerta del grupo más cercano a Macri como es el clan de la familia Caputo y allí se detuvo.
Por eso es memoria, verdad y justicia lo que necesita cualquier proceso verdaderamente democrático. Macri y Milei acompañados por la sombra de la mano externa que mece esa cuna, apresuraron los tiempos y en menos de un mes ya estaba todo el plan de este gobierno concentrado precisamente en el DNU y en la Ley ómnibus.
Fue Milei quien puso los tiempos para hacerlo todo en forma rápida y furiosa y ya no hay nada que esperar, porque entre el 20 y el 27 de diciembre entregaban por escrito el plan del gobierno que como denuncian una cantidad de economistas es un “plan de negocios”.
«Fue Milei quien puso los tiempos para hacerlo todo en forma rápida y furiosa y ya no hay nada que esperar»
Stella Calloni
Por lo tanto, y después de leer el contenido del DNU y de la Ley que dicen es la base para “la libertad”, nos enteramos que vienen por las joyas de la abuela y la abuela también.
«Después de leer el contenido del DNU y de la Ley que dicen es la base para “la libertad”, nos enteramos que vienen por las joyas de la abuela y la abuela también»
Stella Calloni
Si esto se cumple, nada queda en pie, y los que apresuraron los tiempos pensando que el títere iba a mantener su popularidad de motosierra deben observar que comenzó a desmoronarse el mismo día en que anunció su siniestro decreto.
La política exterior es entregar la patria con su pueblo y sus recursos naturales y humanos. Citamos el caso del archipiélago de las Malvinas, colonizada por Gran Bretaña desde 1833, que Argentina reclama y seguirá reclamando siempre hasta que se haga justicia y que fue tema del encuentro de Milei en Davos con el canciller británico Jeremy Hunt quien confirmó en Londres que se había hablado de ese tema.
Macri durante su gobierno dijo en un momento que recuperar Malvinas era agregar “otro problema” al país y su ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sostuvo en un discurso anti vacunas en 2020 -cuando manifestaba en las calles contra las medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández, exigiendo que compraran las vacunas de Pfizer, producidas en Estados Unidos, hoy denunciada por grave ineficiencia, sostuvo entonces que podrían poner como garantía de pago a las Malvinas.
«Patricia Bullrich sostuvo en un discurso (…) en 2020, exigiendo que compraran las vacunas de Pfizer, producidas en Estados Unidos (…), que podrían poner como garantía de pago a las Malvinas»
Stella Calloni
Esto da la pauta de la permanencia del intento de entrega del país que ahora se convierte en una posibilidad ante la entrega de la soberanía de Argentina. Van también por el Atlántico Sur y la Antártida donde es urgente revisar el acuerdo firmado de apuro por Milei, en un viaje de horas en ese territorio en el extremo austral, el pasado 7 de enero, donde se intenta poner una base extranjera disfrazada de defensa del Medio Ambiente.
Vienen asimismo por nuestros cielos, nuestro espacio aéreo, y nuestro derecho fundamental a la independencia definitiva, que junto con América Latina debemos lograr en este siglo XXI. Vienen contra la justicia social dispuestos a esquilmar al pueblo y a los jubilados.
Hay que recordar que sin independencia la soberanía está limitada y las democracias sin poder son extremadamente débiles, lo que facilita la injerencia externa, que maneja incluso los procesos electorales, como está sucediendo ahora en el continente, donde seguimos imitando las elecciones de los países poderosos y sus tiempos.
En cuatro o cinco años de gobernar sin poder es imposible comenzar un proceso profundo de descolonización y acabar con la pobreza estructural de nuestros países ricos, cuyos habitantes mayoritariamente son pobres.
La rebelión
Lo que sorprendió a unos y a otros fue la potencia rebelde cuando los vecinos comenzaron a salir a las calles en esta capital el mismo 20 de diciembre en que Milei anunció el DNU, haciendo sonar sus cacerolas y uniéndose en marchas espontáneas que le advirtieron al gobierno que no sería nada fácil imponer sus delirantes medidas violatorias de la Constitución Nacional y de acuerdos internacionales.
¿De qué memoria histórica salió esa voz de mujer en medio de la manifestación de protesta y cacerolazos, que gritó “la patria no se vende”, lo que resumía todo lo que estaba sucediendo? Esa frase se convirtió en un slogan de todas las manifestaciones que nunca han abandonado las calles aquí y en todas las provincias.
«¿De qué memoria histórica salió esa voz de mujer en medio de la manifestación de protesta y cacerolazos, que gritó “la patria no se vende”, lo que resumía todo lo que estaba sucediendo?»
Stella Calloni
Las marchas y protestas siguen desafiando el inconstitucional “protocolo de Seguridad“ de Bullrich que nadie debe permitir y menos ahora que pide Milei se autorice la entrada de tropas extranjeras.
Lo real es que nadie en el mundo comprende por qué una sociedad como la argentina pudo haber votado a Milei. Esto es lo que debe preocuparnos, además de que llegó al lugar que hoy ocupa mediante la injerencia externa, abierta, nunca disimulada de Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña.
Nadie debería aceptar un proceso electoral en esas condiciones, cuando desde ya sabemos los millones de dólares que se utilizaron para sostener a las oposiciones de derecha que actúan en nuestros países.
Volviendo a la situación actual, nadie sabe quien escribió el DNU destinado a destruirlo todo, a entregar el país donde hay riquezas insondables para nosotros, como sucede en la Patagonia, extenso territorio monitoreado durante años por el poder imperial que sabe secretos de ese mapeo, de lo que nosotros ni tenemos ningún registro. También el mapeo humano es siniestro.
Saben crear el caos, cómo saben desconcientizar a grandes masas de la población, lo que indica que la desinformación y los entretenimientos pueden atrapar y convertir en zoombis a miles de personas. Lo estamos viviendo hoy cuando todos debieran leer punto por punto lo que establece el famoso DNU y el contenido uno por uno de lo que es la Ley ómnibus.
Nos preguntamos por qué los medios no hablan de lo que significan la Ley de Tierras, las privatizaciones no sólo es YPF sino que son 41 empresas estatales, que no podemos entregar sin entregar la soberanía en forma absoluta de tierras, mares y ríos.
Algo muy grave está sucediendo en el Atlántico Sur, desde el momento en que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio, después de una reunión con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, en que se habló de “posibles inversiones” para lo cual se conformó una alianza estratégica para patrullar conjuntamente las aguas territoriales.
Desde el pasado 25 de diciembre buques de guerra de Estados Unidos patrullan las costas del Atlántico Sur, un tema de enorme gravedad institucional y que debe autorizar el gobierno nacional. El lobo cuidando las ovejas. ¿Podemos permitirlo sin sentirnos traidores a la patria?
«Desde el pasado 25 de diciembre buques de guerra de Estados Unidos patrullan las costas del Atlántico Sur, un tema de enorme gravedad institucional y que debe autorizar el gobierno nacional. El lobo cuidando las ovejas. ¿Podemos permitirlo sin sentirnos traidores a la patria?»
Stella Calloni
¿Quién estudia esta ilegal e inconstitucional situación que parte del tema de la pesca ilegal en el lugar, quien bien pueden custodiar buques argentinos en defensa de nuestros mares? ¿Esto no es entregar a Las Malvinas y la Antártida? Y esto está bajo control de la jefatura del Comando Sur, cuya titular, la generala Laura Richardson, se ufana de esta situación tan favorable a sus planes recolonizadores.
Bajo el titular: Estados Unidos envió un buque de la Guardia Costera a patrullar el Atlántico Sur “para contrarrestar la pesca ilegal”, el diario digital Infobae de extrema derecha informó en una nota el pasado 29 de diciembre, que “en marco de la “Operación Cruz del Sur” Washington desplegó (el buque) USCGC Stone para “garantizar que el hemisferio occidental sea seguro, libre y próspero”.
Continúa señalando que este buque de la Guardia Costera de Estados Unidos USCGC Stone inició el lunes (25 de enero) su despliegue en el Atlántico Sur en el marco de una operación para “contrarrestar la pesca ilegal, no regulada y no declarada”, según informaron las autoridades de Estados Unidos. “El despliegue de varios meses marca la primera patrulla del Servicio de Guardacostas a América del Sur de la que se tenga memoria recientemente” informa el portal estadounidense G Captain, citado por Infobae.
«‘El despliegue de varios meses marca la primera patrulla del Servicio de Guardacostas a América del Sur de la que se tenga memoria recientemente’ informa el portal estadounidense G Captain, citado por Infobae»
Stella Calloni
Esto se llevará a cabo ”conjuntamente con el Comando Sur de Estados Unidos, encargado de gestionar las operaciones en América Central y del Sur” para “garantizar que el hemisferio occidental sea seguro, libre y próspero” ante las crecientes actividades ilícitas en aguas del Atlántico. “El Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos está comprometido con la protección de los recursos marinos vivos”, aseguró el vicealmirante Steven Poulin, comandante del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos en la Zona Atlántica.
Ante estas situaciones el pueblo argentino está protegido por ley Constitucional utilizando el derecho a la defensa de la patria. El gobierno de Milei, un títere “libertario”, y su Ministra de Seguridad -que sigue al pie de la letra las instrucciones externas desde hace tiempo- junto al ministro de Defensa Luis Petri que está bajo su control, se está preparando para reprimir la marcha que se sabe masiva. Ya han adherido al paro nacional y movilización dispuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT) con las dos Centrales de Trabajadores Argentino (CTA) a la que adhieren otros gremios y los Frentes surgidos desde la Asambleas de Cultura y de una cantidad nunca vista de movimientos sociales y políticos, destacando a la Unión por la Patria (peronismo), que adhirió con un fuerte comunicado.
Lo más grave que está sucediendo es la extorsión, el chantaje y la presión, denunciada por las centrales sindicales con que se intenta por todos los medios, entre ellos reuniones secretas de funcionarios de Milei con diputados fuera de los recintos de la sede de la Cámara, para lograr que puedan llegar a un dictamen que Milei demandaba en principio el pasado 15 de enero y que ahora, si fuera posible, mañana mismo.
Esto es soborno y más sobornos, por lo cual, cada día hay más centrales sindicales de países europeos y de América Latina, que apoyan y defienden el derecho a la huelga y a la movilización. También la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acompañará a los sindicatos argentinos intimados a pagar multas por marchar y se recurrirá a diversas instancias internacionales.
En estas últimas horas tanto la Comisión Por la Memoria(COM) como el Centro de Estudios Legales “denuncian que en el caso de que la oposición ‘amigable’” acompañe el nuevo texto del Gobierno en un dictamen de mayoría y luego con su voto en la Cámara de Diputados, se estaría avalando todo el andamiaje de modificaciones legales sobre los que organismos de derechos humanos alertaron a los legisladores tanto en el debate como mediante documentos de análisis enviados a los diputados.
De esta manera la modificación del artículo 194 del Código Penal y la incorporación del 194 bis amplía los sujetos alcanzados por estas normas ilegales “que ya no serán solo quienes marchan. Los organizadores y coordinadores de una marcha, las personas que difunden la convocatoria, quienes trasladan a la gente, quienes provean material logístico, los que pasen lista o registren por cualquier medio el evento, serán también alcanzados por el castigo penal”, advirtió la CPM.
La aprobación y aplicación de estas modificaciones “produciría graves restricciones de derechos fundamentales en nuestro país, ya que suman el de reunión pacífica y de libertad de expresión, derechos que se encuentran protegidos de cualquier injerencia arbitraria del Estado en la Constitución Nacional”.
Por su parte, el CELS calificó de propuestas de “regímenes totalitarios” a las modificaciones impuestas en la Ley Ómnibus para lograr que “la protesta social deja de ser entendida como parte de la vida democrática, y pasa a ser un delito contra el orden público al que el Estado responde con un abordaje penal y sancionatorio. (…) Lo que busca es imponer múltiples restricciones que amplían la posibilidad de criminalizar manifestantes, referentes y organizaciones”. Son gravísimas las condiciones que se nos intenta imponer con amenazas sólo compatibles con una dictadura militar. Es un golpe de Estado en este caso por otros medios, para un mismo fin. Poner de rodillas al pueblo y “vender a la patria” en un mismo acto.
