El próximo 26 de febrero es la fecha fijada para abrir los sobres de la licitación de las cuatro líneas de la empresa de colectivos Bencivenga - adquirida en el año 2018 por Río Uruguay - que decidió NO seguir con la prestación en Posadas. Fuentes oficiosas trascendieron que hay "pre acuerdos en marcha" y que un hijo del poder local estaría entre los oferentes más firmes.
Sobre el filo del fin de 2023 la empresa Bencivenga, anunció su situación límite, reducción de frecuencias y problemas para pagar los sueldos. Reveló que desde octubre de 2022, la provincia le adeudaba subsidios del Sistema Integrado de Transporte de Misiones y derivados del fideicomiso provincial 171/2007 por una suma de DOS mil millones de pesos.
El titular del Grupo Bencivenga - Río Uruguay Darío Skrabiuk denunció a la provincia y a la Intendencia de Posadas de ejecutar un complot para favorecer a empresas del Grupo Z - Zbikoski
La insolvencia financiera y daño económico provocado, las disparidades en el manejo de subsidios, acusaciones cruzadas respecto del manejo del boleto virtual y la terminal de transferencia, terminaron a las trompadas entre Skrabiuk y Zbikoski, tiempo atrás.
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El Grupo Z solicitó incrementar el boleto a $1.500 en la audiencia pública realizada en pasado 4 de enero. Su vocero "indirecto", el director de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Posadas, Lucas Jardín, dijo que el precio del boleto no se tocará en febrero sino en marzo, a la espera a la definición sobre la continuidad de los subsidios de la Nación fundamentalmente. Hasta aquí el municipio aceptará el boleto a $250 con la tarjeta SUBE Misionera y $330 sin SUBE. También se ratificó la continuidad del boleto estudiantil pero con revisión de casos anómalos.
Jardín refiere que existe "incertidumbre" pero las noticias que llegan desde Buenos Aires ratifican la continuidad del subsidio a las provincias pero en el marco del presupuesto prorrogado del 2023 y sin aumento de partidas, lo que hace a una licuación de ese respaldo por incidencia de la inflación. Probablemente el faltante de la ecuación soportable por el pasajero tenga que ser puesto por el Estado provincial y municipios de Posadas, Garupá y Candelaria.
Ya con los sueldos aplastados un trabajador de comercio tiene que pagar $24 mil pesos por mes en viajes.
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La última novedad que se tuvo de plata para el transporte público de pasajeros del interior del país ocurrió en agosto del 2023 cuando se destinó unos 6 mil millones de refuerzo pagaderos en tres cuotas de octubre, noviembre y diciembre. Lo único que hizo el nuevo gobierno es liberar los pagos de los dos últimos meses del año pasado, ante el conflicto gremial que se había desatado por el atraso.
La intención del gobierno libertario es quitar los subsidios a las empresas; una de las maneras ya está operativa porque desde la Secretaría de Transporte revelaron que NO se modificará el monto global de subsidios de 11.500 millones de pesos mensuales que se reparten entre las empresas del interior. Con la inflación ese cupo se licuará en el tiempo.
Serán las propias provincias y municipios los que tendrán que sostener en gran parte el sistema de transporte público, cuya estructura de costos o modelo de negocios tiene vicios y malas costumbres adquiridas desde el año 2002, cuando el gobierno de Duhalde implementó el Fondo Compensador.
Según los informes hasta ahora el Estado Nacional subsidia el 85% de la tarifa del AMBA y el 25% del boleto de los colectivos que circulan en las provincias. A partir del 1 de febrero se prevé un aumento de 250% en el AMBA, lo que llevaría el boleto mínimo a $270.
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En otras provincias - NO en Misiones - las empresas proponen que se subsidie directamente a los usuarios porque es la única forma de dejar de distorsionar el precio del boleto y del servicio. Sería una medida que brinde más claridad y sustentabilidad al sistema. Subsidiar al pasajero se avisora como una medida justa y necesaria.
Para ello todo el transporte de colectivos de las provincias, que se calcula en unas 14 mil unidades deberá contar con el sistema SUBE Nacional, para hacer más fidedigno el cómputo de las cantidad de pasajeros y la cantidad de kilómetros de recorrido.
La SUBE nacional permite extender beneficios a jubilados, discapacitados, soldados de Malvinas entre otros.
El sistema SUBE nacional es un sistema de adhesión de los gobiernos provinciales que comenzó a funcionar en junio de 2010. En el caso particularísimo de Misiones, aquí se armó para el área metropolitana de Posadas, en el año 2005, un modelo de negocios cerrado, con una ley específica aprovechando aquellos subsidios de Duhalde que siguieron por largos años sin mayores modificaciones.
El Estado provincial es el que regula el sistema completo, al quitarle la potestad regente sobre el recorrido y las tarifas a los municipios de Posadas, Garupá y Candelaria. Presumiblemente, al reunir los caudales de pasajeros de tres localidades es propicio para aumentar el volumen de tráfico en los informes.
Al no contar con los datos de la SUBE nacional el reparto se sigue realizando a través de las declaraciones juradas de las empresas, que informan los servicios que prestan, las unidades utilizadas y los pasajeros transportados.
En el caso del sistema metropolitano sigue el sistema mixto de monedero electrónico, monedero virtual y el boleto de papel, con serias sospechas de No tener control impositivo ni recaudatorio, sobre todo que el costo del pago en efectivo insume un castigo del 30% mas, aunque la persona esté registrada.
La idea primigenia de la multa era incentivar a que el usuario obtenga el monedero electrónico. Una persona que está registrada y la empresa tiene sus datos NO puede ni debe ser pasado al carácter de pasajero desconocido por el sólo hecho de quedarse sin carga de dinero. Peor aún cuando cada usuario adelanta frecuentemente dinero a la empresa sin haber subido al colectivo siquiera.
Todo esto es un despropósito a la "misionerista".
