El gobierno de Neuquén salió a cuestionar con dureza la resolución del Ministerio de Seguridad de militarizar Vaca muerta, a través de Gendarmería General. Desde la provincia petrolera entiende que el Ministerio de Seguridad de la Nación "extiende de manera inconstitucional" la jurisdicción de la fuerza de seguridad.
Ante esto, el gobierno provincial que conduce Omar Gutiérrez analiza impulsar judicialmente la decisión de la Casa Rosada.
"Es una nueva intromisión en las autonomías provinciales, un avasallamiento al régimen federal a través del dictado de una norma que involucra competencias que no le son propias", enfatizó este martes la ministra de Trabajo, Seguridad y Desarrollo Social neuquina, Vanina Merlo.
Argumentó que Nación se atribuyó facultades que "son de las provincias, o del Congreso de la Nación o tan solo pueden ser dispuestas por una orden judicial ante una situación concreta".
"Todos estamos de acuerdo en proteger a Vaca Muerta como recurso estratégico sostenible, pero ello no puede ser garantizado a través de intromisiones con apariencia de legalidad que terminan generando el efecto opuesto: inseguridad jurídica", sentenció la funcionaria.
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Mientras la Argentina atraviesa una profunda crisis económica y social que llevó a que el propio Gobierno tuviera que avalar en el Congreso la Emergencia Alimentaria exigida por la oposición, la gestión de Mauricio Macri confirmó que, con los haberes de octubre, 1,1 millón de jubilados cobrarán sólo por ese mes un irrisorio plus retroactivo de 54 pesos.
Aunque parezca entre increíble e indignante, los jubilados y pensionados que cobran la mínima y no acudieron a moratorias recibirán el mes próximo por única vez un plus equivalente a poco más de lo que vale medio kilo de pan, que en las panaderías del país se vende, en promedio, por entre 45 y 50 pesos.
Este reajuste es porque, con el aumento con vigencia desde el 1° de agosto pasado, el salario mínimo, vital y móvil se fijó en $14.125. En consecuencia, a los jubilados que cobran el haber mínimo y se jubilaron sin acudir a la moratoria les corresponde el 82% de ese importe, o sea 11.582 pesos.
Como los abuelos cobraron su jubilación de agosto, entonces de 11.528 pesos, antes de que se sancionara la suba del salario mínimo, la percibieron sin ese plus. Por eso, el próximo mes, cobrarán ese retroactivo de 54 pesos (11.582 menos 11.528).
Ese ínfimo plus ni siquiera se extenderá a septiembre, porque el haber mínimo aumentó durante ese mes a 12.937,22 pesos, superando el 82% del salario mínimo.
En cambio, en octubre el 82% del salario mínimo -que será 16.875 pesos- equivale a 13.837,50, lo que representa 900 pesos por encima del haber mínimo. Lo mismo pasará en noviembre. Y ya en diciembre, el haber mínimo volverá a superar el 82% del salario mínimo.
Ese incremento se efectivizará solo por dos meses. Y es restringido, porque la ley que entró en vigencia a fines de 2017 fijó un piso del 82% sobre el salario mínimo, vital y móvil para quienes se jubilaron con los años completos de aportes sin haber ingresado a moratorias.
Los que perciben el haber mínimo y se jubilaron recurriendo en forma total o parcial a la moratoria, recibirán solo el monto mínimo bruto de 12.937 pesos.
Así, en octubre y noviembre habrá dos haberes mínimos: de 12.937 pesos para los que se jubilaron con moratoria y de 13.837.50 pesos para los que se jubilaron con al menos 30 años de aportes.
Recién en diciembre, con el aumento previsto del 8,71%, ambos haberes mínimos se unificarán en 14.064 pesos. Y eso pasará porque el 82% del salario mínimo volverá a ser inferior a la jubilación mínima.
En medio del peor momento de la crisis económica y social que golpea al país y después de haber sufrido una fuerte pérdida en 2016 y 2018 frente a la inflación, con los cuatro aumentos trimestrales de este año, las jubilaciones tendrán un incremento nominal del 51,03%. Frente a una inflación estimada en el 55% según el último relevamiento de las consultoras privadas, los abuelos no sólo no recuperarán ni recortarán lo perdido en los últimos años, sino que volverán a perder frente a la suba de precios.
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Alberto Fernández hizo mención al proyecto de Presupuesto 2020 en que trabaja el Gobierno nacional y resaltó que según le han comentado sus asesores económicos "tiene algunos errores". Además sostuvo que la discusión puede esperar y tratarse "luego del 27 de octubre"
"Es una discusión que debe darse a partir de una nueva realidad política que tiene chances de instalarse", afirmó el candidato presidencial en una entrevista con Radio Guemes AM 1050. En tal sentido pidió que la renegociación de los vencimientos de deuda pública pasen por el Congreso nacional.
"Lo ideal sería es que una vez que se terminen las negociaciones (con los acreedores), eso lo manden al Congreso para que las aprueben. Me parece que ese es el método. Lo que está pidiendo el Gobierno, en cambio, es dame autorización para negociar. ¿Para que sirve eso si después no va a haber aprobación de lo negociado?", argumentó.
Albert también retomó lo que fueron sus declaraciones sobre el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y el intento de varios medios de tergiversar sus palabras. "Hubo una declaración mía anterior que causó ruido. Lo que dije es que nadie es dueño de los votos. Por eso dije que no necesito a Schiaretti", contó.
"Lo que necesitamos son gobernadores comprometidos con el futuro. Eso se interpretó que estaba toreando a Schiaretti, a quien conozco desde los años 90. Me preocupaba la prescindencia electoral de Schiaretti, porque hay dos países en disputa. Pero ahora me doy cuenta que el diagnóstico que tiene Schiaretti es igual al mio y si ganamos él nos va a ayudar", continuó Fernández.
El candidato negó haberle pedido un plan económico a Carlos Melconian, expresidente del Banco Nacion en la gestión macrista. "Tengo buena relación pero nuestras miradas son bastante distintas", comentó el dirigente justicialista.
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Desde la Federación de Expendedores de Combustibles del Centro de la República Argentina (Fecac) advirtieron sobre el atraso en el precio de los combustibles a partir de la decisión del Gobierno de congelar los precios por 90 días hasta que pasen las elecciones de octubre. Además señalaron que en algunos casos ya hay desabastecimiento.
"Hay estaciones de servicio sin bandera que no tienen combustible desde hace cuatro días. Son miles de estaciones de bandera blanca que están desabastecidas y son las que están en los pueblos, en localidades pequeñas, que le dan combustibles a la ciudadanía, a las ambulancias, a la policía a los bomberos", dijo el presidente de la Fecac, Gabriel Bornoroni, en una entrevista con Radio La Red.
Cuando el Gobierno de Macri anunció el congelamiento estimaban que el atraso en el valor del combustible sería entre un 20 y 25% pero según relató el dirigente empresario cordobés "hoy tenemos una desactualización del 38%, según el cálculo que hacemos teniendo en cuenta el precio del dólar, de los biocombustibles (con los que cortan las naftas y el gasoil) y el valor del crudo". "Hoy debería aumentar el precio de cartel en un 38%", agregó.
En cuanto al desabastecimiento Bornoroni advirtió que realizaron la denuncia respectiva ante la secretaría de Energía que conduce Gustavo Lopetegui para que "se empiece con las multas por el desabastecimiento para que de una vez por toda aparezca el combustible que tienen y no lo están entregando".
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