Una vez más el Estado misionero es puesto a demostrar su capacidad de contralor de SAMSA, una empresa matrizada en los años noventa con la flor y nata neo liberal que, conserva la filosofía del rinde económico - financiero por sobre el derecho humano al agua potable.
El modelo es un bodrio concebido para esquilmar con intereses y punitorios a todo aquel cristiano que cae en la desgracia de no tener trabajo, la insolvencia de la ancianidad, enfermedades graves o la discapacidad.
Hasta aquí el EPRAC ha sido un vocero de los beneficios de SAMSA antes que su real auditor, por lo que la empresa de agua hace y deshace a su antojo. En SAMSA pareciera que trabajan extraterrestres.
La Defensoría del Pueblo accionó otra vez para evitar el perjuicio inhumano contra una mujer con cáncer que terminó debiendo mas de 290 mil pesos a la concesionaria china, porque la obligan a pagar por un servicio que no tiene y por el solo hecho de que las cañerías pasan por frente de su casa.
Hay muchas familias en esas condiciones de indigencia de agua potable y luz eléctrica en la mismísima capital de la provincia de Misiones.
Hay muchas familias en esas condiciones de indigencia de agua potable y luz eléctrica en la mismísima capital de la provincia de Misiones.
Una empresa que sin embargo NO conecta al agua potable a cientos de familias asentadas en terrenos fiscales. Es obvio que quiere "tener agarrado de las pelotas" al consumidor
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"El ombudsman posadeño solicitó al presidente del EPRAC la intervención ante SAMSA, a los efectos de frenar y eliminar definitivamente los “cobros compulsivos, tanto de intereses punitorios como de las deudas con valores imposibles de afrontar, más aún cuando recaen en familias en situación de vulnerabilidad social”.
Por último, le reclama “estudiar la situación y trabajar junto a la Cámara de Representantes a efectos de modificar el contrato de concesión, eliminando el cobro del ‘radio servido’, que se encuentra haciendo estragos en las familias posadeñas, ya que implica la generación de deudas con montos elevados, que culminan con la ejecución de las viviendas”.
En el caso del EPRAC, se presenta todo un desafío para el nuevo director, el ex diputado Di Stéfano, que deberá mostrar su compromiso con los ideales de la "justicia social" en tanto se definió de cuna peronista, pero que derivó a los matices híbridos de la Renovación gobernante. Y sobre todo revertir la paupérrima imagen del organismo, mas próximo a una sucursal de SAMSA que el ente que la vigila.
Finalmente la iniciativa de la Defensoría de una promover una cobertura legal ante la desmedida voracidad de la empresa privada es sumamente plausible; debería aprovecharse el debate para incorporar fehacientemente la condición de "derecho humano" del agua potable.
Fuente: Primera Edición
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