En la provincia de Jujuy se privó de una Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) a una niña de 12 años y se la sometió a una microcesárea estando en su segundo trimestre de embarazo de gemelos. Ocurrió en el Hospital Materno Infantil Héctor Quintana de la capital jujeña
La nena es oriunda del departamento El Carmen, a unos 37 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Otra niña de la ciudad de San Pedro, que tuvo que padecer una situación similar en enero de 2019.
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir expresó que fue obligada a cursar el embarazo consecuencia de una violación a pesar de que solicitó la interrupción desde que ingresó al sistema de salud público.
La trabajadora social Marina Ariza, integrante de la Red contó que hubo una vulneración espantosa por parte del Estado porque se dilató la resolución del caso para lograr una maduración fetal"
"No podíamos creer que se tratase de una situación similar", dado que en la provincia existen efectores de salud garantes del acceso a la ILE y que podrían haber dado una respuesta inmediata a la situación, dijo.
La Dirección Nacional de Salud Sexual ofreció resolver de forma inmediata la situación, preservando la salud física y emocional de la niña. Entre las alternativas estuvo trasladarla a otra provincia para practicar la interrupción. No obstante, el Ministerio de Salud de Jujuy desestimó la propuesta y decidió No garantizar el derecho a la ILE.
Tras esta decisión por parte de las autoridades jujeñas, se programó una microcesárea. "No fue una ILE, sino fue una cesárea post maduración fetal con la única intención que esos fetos tengan posibilidades de vida, desestimando la salud física y emocional de la niña", cuestionó la trabajadora social.
La Red afirmó que si se tiene en cuenta "el altísimo riesgo obstétrico y vital que corre una niña embarazada siendo menor de 13 años" sumado a las consecuencias psicoemocionales que podrían generarle "el dar a luz algo que ha sido impuesto violentamente sobre su cuerpo y su vida...una maternidad forzada...convertirla en una incubadora y realizarle una cesárea, no es garantizar su salud integral"
La niña de El Carmen no cuenta con adultos que la acompañen, dado que existe una situación judicial entre sus progenitores. Actualmente está bajo responsabilidad de la Defensoría de Menores, por lo que el Estado debe garantizar sus derechos.
Jujuy está adherida al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo y además, desarrolló un protocolo específico junto a Unicef en el que se establece el derecho a la ILE para los embarazos en niñes y adolescentes menores de 15 años.
La Red instó a que se respeten los derechos vigentes en el Código Penal, los protocolos ILE y los convenios a favor de una vida libre de violencias para niños, niñas y adolescentes.
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