Ahora que el gobierno inglés ratificó la presencia militar en las Islas Malvinas, es de particular interés repasar la historia política de los bienes comunes argentinos en el contexto del final de la concesión del dragado y balizamiento del río Paraná, el próximo 30 de abril.
En enero de 1833, ingleses y norteamericanos, por primera vez desde la independencia de las colonias el mítico 4 de julio de 1776, tomaron posesión de las Malvinas con la intención de dominar los recursos pesqueros de la zona y también de los potenciales puertos de la Patagonia.
Doce años después iniciaron, junto a los franceses, la guerra del Paraná para imponer sus productos desde la cuenca del Plata hasta Asunción del Paraguay. Aquello comenzó con el combate de La Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845 pero terminó recién con la victoria criolla el 4 de junio de 1846, en la Angostura de Punta Quebracho, donde hoy está nada menos que una planta de Cargill, sobre una maravillosa terraza cósmica que dibuja el Paraná.
El 30 de abril, entonces, puede concluir una postal más de la triste película del Estado bobo y cómplice para barajar y dar de nuevo en una ocasión que regala el almanaque y puede significarle al gobierno nacional, sin poner un solo peso, retomar el control no solamente sobre el dragado del Paraná, sino también sobre varios de sus puertos, hoy explotados por mayoría de empresas multinacionales y, meses después, la rediscusión sobre la explotación de las terminales en la provincia de Buenos Aires y algunas del Mar Argentino.
Recuperar el Paraná significa recuperar las riquezas que se van por sus aguas marrones.
Que el grueso de cientos millones de dólares no sean simplemente la facturación y la ganancia de los inquilinos, las multinacionales, los ‘traficantes de granos’ como diría Dan Morgan, sino que la mayor parte de semejante volumen de dinero quede para el pueblo argentino.
Es necesario impulsar un estado ágil, vivo, inteligente, con conciencia ambiental y que tenga una política a favor de las necesidades de las grandes mayorías.
Las declaraciones juradas de las multinacionales que operan sobre los puertos del Paraná, la cuenca del Plata y el Mar Argentino, no pueden ser los únicos documentos sobre los cuales trabaja el supuesto control del Estado argentino.
Pedimos seis meses para democratizar la democracia: impulsar audiencias públicas en legislaturas provinciales, en el Congreso de la Nación y asambleas populares para darle participación a la ciudadanía a fin de no quedarnos con migajas que únicamente condenan a nuestro pueblo a mayor desigualdad y violencia.
Las últimas estimaciones sobre contrabando, destrucción de humedales y contaminación derivada de décadas de transporte por camiones, pueden estirar la cifra a miles de millones de dólares que hoy son puro costo no solamente para el Estado, sino también para las familias de las provincias argentinas.
La recuperación del Paraná no es solamente la discusión de los principales canales de utilización de la hidrovía, sino la instancia histórica de parir un proyecto de captación de riquezas propias, obturando las fugas y la necesidad de una mejor distribución de las riquezas que genera la principal arteria que alimenta el corazón de la economía argentina como es el negocio de la exportación de cereales.
Recuperar el Paraná, democratizar la democracia y cuidar los bienes comunes constituyen la principal trilogía para que el presente sea mejor para las mayorías argentinas.
El Estado no debe ser bobo ni cómplice, nunca más.
*Carlos del Frade - Diputado Provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe. Periodista de investigación. Más de sesenta libros publicados.
