Por Alcides Cruz - licencia CC BY 4.0.©
El ingenio azucarero San Javier, que empezó a funcionar en la provincia de Misiones en 1962, cerró sus puertas definitivamente porque fracasó el intento del gobierno provincial por privatizarlo o conseguir un concesionario que lo opere a cambio de realizar las inversiones para modernizarlo.
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La planta industrial había funcionado ininterrumpidamente, con subsidios estatales cada vez más onerosos, hasta 2022, primer año de su historia en que se paralizó la planta y ya nunca más volvió a reabrir. “El ingenio es inviable, las máquinas son muy obsoletas y se necesitaría mucho dinero para ponerlo en marcha, tampoco prosperaron las conversaciones para concesionarlo a un grupo brasileño”, dijo Roque Gervasoni, titular del Instituto de Macroeconomía Circular (IMAC), organismo provincial que tenía a su cargo al ingenio San Javier.
Gervasoni anunció la semana pasada que en la planta industrial, ubicada en el casco céntrico de esa localidad a la que todos llaman “La Dulce”, se levantará un museo con la historia de esta producción regional.
Según los datos del Centro Azucarero Argentino, en el país hay 23 ingenios, de los cuales 20 están distribuidos entre Jujuy (3), Tucumán (15) y Salta (2). Estos explican más del 99,5% de la producción total de azúcar y alcohol. Los más grandes son el jujeño Ledesma, y los tucumanos Concepción y La Providencia. Pero, de forma muy marginal, tres ingenios siguieron produciendo en estos últimos años en el Litoral. Los santafesinos Las Toscas e Inaza SA y el misionero San Javier.
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En 2016, las estadísticas del CAA consignan que San Javier produjo apenas 6000 toneladas de azúcar blanco, sobre una producción total 1.552.000 toneladas. Es decir, no llegaba ni al 0,5% de la producción total. Durante la década pasada, el gobierno provincial no tuvo inconvenientes en subsidiar fuertemente al Ingenio San Javier para sostener una cuenca azucarera de unos 230 pequeños productores de caña ubicados en las localidades de San Javier, Itacaruaré, Panambí, Alba Posse, Dos Arroyos y Gobernador López.
En esos años intentaron con varias estrategias comerciales para darle viabilidad al proyecto, como la producción de alcohol, azúcar mascabo, azúcar en saquitos, y también impulsaron su propia marca de azúcar, “Alto Uruguay”.
“La verdad es que cada vez costaba más mantener el ingenio y también tenemos que cuidar los recursos del Estado”, explicó Gervasoni. “Más allá de lo que siempre digo, que las máquinas son vetustas, ineficientes, el proceso de molienda arrojaba un bagazo con mucha humedad, y se usaba madera nativa que está mal, había mucha ceniza y en la época de zafra había cenizas permanentes en los barrios, un eterno reclamo, el vertido de jugos de caña iba al río con poco procesamiento”, explicó Gervasoni.
El IMAC buscó mejorar las instalaciones, se hicieron piletones, se automatizó el sistema de alarmas de presión de calderas, se repararon las calderas que tenían una deficiencia grande en mantenimiento. “Pero no alcanzó, había que poner mucha plata”, subrayó el funcionario.
El año pasado el gobierno local empezó a buscar un privado interesado en operar el ingenio. Apareció un grupo brasileño, UPP Corporation, que tiene tres ingenios azucareros, incluso ejecutivos de esa firma se reunieron con el gobernador Hugo Passalacqua en junio, pero las conversaciones no prosperaron. “Estaban más interesados en operar en la frontera, que en producir azúcar”, explicó un funcionario que participó de las conversaciones.
Con ese panorama y ya decidido a no dilapidar más recursos en subsidios al ingenio, finalmente el Gobierno de Misiones decidió avanzar con la idea de convertir a San Javier en un museo temático, que sirva para explicar la historia de esa región.
La producción de caña de azúcar no se paralizó totalmente en Misiones y en paralelo con la inactividad de San Javier, empezaron a aparecer algunas iniciativas de pequeños productores asociados, como la Cooperativa Mojón Grande, que produce 5000 kilos de azúcar mascabo al mes y se transformó en un importante proveedor de los alfajores Cachafaz.
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Lo llamativo del Ingenio San Javier es que era una empresa deficitaria que fue estatizada en los años 90, justo cuando el gobierno provincial de Ramón Puerta privatizaba todo lo demás. Puerta privatizó el Banco de Misiones en 1996, operación que se transformó en el puntapié inicial para la expansión de la entonces pequeña entidad fundada por el fallecido Jorge Brito, de Banco Macro. Luego adquiriría los bancos de Tucumán, Jujuy, Salta, más una larga lista de entidades privadas.
También privatizó Papel Misionero, productora de papel kraft (que se utiliza para cajas). Esa industria hoy es la más importante del enorme conglomerado industrial de cartón y envases del Grupo Arcor, que tiene más de 12 fábricas de papel, cartón y embalajes en todo el país, entre Cartocor y las siete fábricas que le compró a Zucamor en 2017.
El Ingenio San Javier tuvo su génesis a comienzos de los años 50 con el nacimiento de la Cooperativa San Javier. Diez años más tarde, con impulso del gobernador César Napoleón Ayrault, se instaló la industria cuyas maquinarias se compraron en Brasil y se cruzaron en barcazas por el río Uruguay, que corre angosto a la altura de San Javier.
Ayrault, un gobernador desarrollista, soñaba con que San Javier produjera un ron que compitiera con el célebre “Bacardi”, que por entonces todavía se producía en Cuba (luego se mudó a Puerto Rico ante la llegada del socialismo castrista). Sin embargo, a finales de los años 80 la Cooperativa entró en crisis y el gobierno de Ramón Puerta rescató la fábrica para que no cerrara.
“El ingenio no se pudo privatizar porque era ya por entonces obsoleto, las máquinas de Brasil se trajeron usadas y ya eran viejas cuando comenzó a funcionar”, dijo Humberto Schiavoni, quien fue ministro de Hacienda de Puerta.
Para Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea, el primer gobernador de Misiones tras el regreso de la democracia, y reconocido productor yerbatero y forestal de la zona, al ingenio San Javier “siempre hubo que subsidiarlo, desde que falleció la primera camada de pioneros”.
“Al principio no era muy gravoso para el Estado, pero al estatizar se duplicó o triplicó el personal más el costo de la corrupción”, aseveró Barrios Arrechea.
Fuente/La Nación
Este trabajo tiene la licencia CC BY 4.0
