Concejo Deliberante de Garupá. La bala de plata

Las diatribas entre el Intendente Luis Ripoll y el Concejo Deliberante municipal sólo sirvieron para el pase de facturas y la prolongación del estado de inquietud. 

Pese a las variadas consultas efectuadas, el conflicto desencadenado por la ordenanza 583 / 2022 de septiembre pasado no ha cesado. La secuencia que siguió con el veto de Ripoll, luego la insistencia por Resolución  008 del HCD, más el rechazo por otra Resolución 0202 del Intendente, mueven lo sombrío. 

La cuestión de fondo es que el Intendente no quiere ni concibe que el Concejo le impida nombrar personal municipal cuando quiera; ambos poderes fueron elegidos por el voto popular, pero hay un equívoco supuesto de que los concejales renovadores deben ser genuflexos a Ripoll por su idéntica procedencia política. 

Hete aquí la falla por antonomasia de la perinola de la Ley de Lemas: todos ponen, tomo todo. 

La unidireccionalidad del poder que emana de anquilosadas costumbres, donde los ediles son meros testadores por un lado, y el incipiente atisbo de separación de poderes que guarda con celo la Constitución Argentina, son fuerzas en pugna. El pasado se niega a fenecer. 

La triste realidad de un Concejo Deliberante que No tiene presupuesto para nombrar asesores jurídicos lo dice todo. La precariedad finalmente aparece en la maceración cuando se ve flotar en la superficie un estilo campechano de concebir el Estado. 

Un abogado especializado en Derecho Administrativo nos ilustró el problema y la solución del mismo.

Las Ordenanzas son las normas de mayor jerarquía jurídica que tiene el Concejo. El Veto es la mayor contraparte jurídica que tiene el Intendente. Ambos dispositivos decisorios son opuestos en niveles y potencia entre sí. 

En lenguaje llano del truco, el "Veto mata Ordenanza y ordenanza mata Veto"; ergo, el HCD debería dictar una nueva Ordenanza por la cual ratifica lo resuelto en la primera Ordenanza N° 583/2022, transcribiendo ésta integra y textualmente.

Hoy la iniciativa de impedir nuevos nombramientos está en el limbo, gracias al Veto del Intendente. La resoluciones de ambas partes son nulas por efecto y defecto. A los Deliberantes les queda una bala de plata si quieren insistir con la presa. O suicidarse políticamente. 

El DEM podrá vetarla pero con riesgo de habilitar el procedimiento de remover al Intendente. Ante el conflicto de poderes, se deberá dar intervención al Superior Tribunal de Justicia.

Habrá que revisar que dice el presupuesto 2022 vigente en cuanto a la previsión de nuevas designaciones de empleados y funcionarios. La creación de cargos necesita de presupuesto y si no lo hay contemplado, existe una violación de funciones. Ademas, las necesidades funcionales deben estar debidamente justificadas y no ser antojadizas. 

En este último ítem radica el argumento de los ediles para No permitir que Ripoll siga contratando gente con contratos de locación de servicios mientras los empleados de planta y prestadores desde hace varios años apenas recibieron una compensación de $5000 pesos referida a julio pasado. 

Alcides Cruz