Desolación por el anquilosamiento de la maquinaría del Estado y letargo por lo paquidérmico de la justicia. Una familia envuelta en una carambola burocrática, luego de cuatro meses. Increíble.
El seis de septiembre de 2022, el Intendente Luis Ripoll habló por Radio República. La tragedia acaecida en barrio San Cayetano, un asentamiento que creció a una cuadra larga de la avenida Juan Domingo Perón - la que entra del monumento al Indio hacia el centro garupaense, había conmovido a toda la provincia. Medios nacionales se hicieron eco.
Lucho dijo que "el predio estuvo abandonado mucho tiempo y hace poco, una empresa constructora empezó a utilizarlo y a construir un muro de contención. Con movimientos de tierra y sin los apuntalamientos necesarios que sirven para contener la construcción, el muro no soportó la lluvia y se derrumbó sobre la vivienda que estaba pegada al mismo, dejando entre los escombros sin vida a una niña de 6 años.
Ripoll especificó que nunca notificaron a la Municipalidad sobre dicha construcción y además, los procedimientos a la hora de construir fueron precarios y negligentes. Hay una serie de precauciones que se deben tener porque cuando llueve, la tierra removida se desplaza. Además, no hay un responsable local en la obra, ya que el dueño de la constructora no está en la provincia". Radio República - 6 de septiembre de 2022 / Reproduce: Misiones On line
Sin embargo, con la lupa del tiempo, las cosas no fueron así. El intendente evidenció públicamente saber de la existencia de una empresa de la construcción ubicada a diez cuadras del edificio municipal. Que hacía movimiento de suelo y reformas. Que No hubo registro ni responsable ante la oficina correspondiente.
Este medio pudo entrevistar al casero - cuidador de ese galpón quién nos reveló que esa empresa operaba en claroscuro desde el año 2016, fecha en que empezó a trabajar, es decir por lo menos seis años antes del drama acontecido.
La primera conjetura es conocer dónde se ubica la negligencia. La ilegalidad con la que trabajaba esa empresa, según lo afirmado por el Estado municipal o la ausencia de control del mismo.
Según el casero - cuidador Arnildo Fernández, el titular de la hormigonera es Jorge Broemser, un próspero empresario septuagenario que presuntamente, además es dueño de uno de los más importantes salones para fiestas de gala de la ciudad de Posadas, hotelería en Puerto Iguazú y vínculos con una reconocida constructora de la provincia.
Horas después del derrumbe - sucedido a las 04.45 en medio de una copiosa lluvia - fue Arnildo quién avisó al encargado de la empresa Donato Correa - que se encontraba en Posadas - y éste al patrón sobre lo ocurrido. El patrón apareció en escena unos quince días más tarde. El Intendente Ripoll comentó que se encontraba fuera de Misiones.
Según la fuente, "la hormigonera" contaba al menos con cinco obreros, presuntamente todos contratados de modo irregular. Varios renunciaron precavidos al parecer, de cuando el patrón comenzaba a decir "aguantame un poco" a la hora de pagar el salario. La rotación de gente era constante. Uno de los intermediarios se identificaba como "Nico", el hijo del dueño. Era quien "ponía la cara" para amortiguar los hábitos dilatorios del jefe principal.
Los presuntos nombres de la firma serían: "Contyser o Dilicom"; el titular estaría registrado ante el fisco como "servicios de arquitectura e ingeniería y asesoramiento técnico". Un detalle: sin empleados. Otra fuente contó que presuntamente, el empresario no tendría empresas a su nombre sino mediante testaferros. El cartel que se ve en la foto, al lado del portón de entrada fue retirado.
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| El frente del predio donde sucedió la tragedia. Antes era un aserradero comentó el Intendente. |
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Por lo menos un día antes, Darío, el padre de Mikeila Aylén Galeano le había llamado la atención al tractorista y encargado Donato Correa que el apisonamiento del suelo provocaba derrame de arenilla del otro lado de la pared, donde estaba su casa. Según nos relató Noelia Sosa - la madre - éste operario No le dió la debida importancia al asunto. Mas bien procedió socarronamente. Mire y escuche lo relevado en la caminata con el padre de la niña, Darío Galeano:
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El enojo de la señora Noelia Sosa con las autoridades municipales de Garupá deviene de las reiteradas promesas incumplidas o mentiras - según ella - de que le darían un terreno y un corte de casa. Tal como se explicita en la entrevista, lo único que atinaron a hacer, "es mandar una camionada de tierra que la dejaron en la entrada del terreno" nos dijo.
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La cuestión de los abogados es un dato singular. A las pocas horas de ocurrida la desgracia apareció en escena un joven abogado ofreciendo sus servicios; luego otro más. Gracias a una oportuna alerta recibida por la familia, se pudo evitar la treta de que el mismo estudio de abogados atienda de los dos lados del mostrador.
Hoy la familia Galeano es asistida por una abogada comprometida con el caso. Según pudimos recabar, tras la feria judicial comenzará a activar pedidos de informes periciales y documentales, que fueron curiosamente dilatados. El juez que instruye la causa es el Dr. Miguel Mattos, despacho Nro 7 de Posadas.
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Otra secuencia que se desprende del reportaje es la existencia de tenedores abusivos del Registro Nacional de Barrios Populares; a la fuer personas que se quedan con espacios mayores a lo que sería una igualitaria distribución del denominado como polígono. En el barrio San Cayetano hay familias que se apoderaron de importantes parcelas, según denuncia la presidente de la Comisión Barrial Itatí Alfonso; señala los fines inmobiliarios por la venta de terrenos.
"De acuerdo con la referente del barrio ( La Costa o ex San Cayetano o Barrio Jardín), Itatí Alfonso, los que se estarían apropiando de lotes serían Enzo y Ramón Mereles, “que viven en la otra cuadra, con certificados del Renabap, como todos acá, porque es un barrio popular”. Y también apuntó contra Lucía Céspedes y Ricardo Montiel". (Misiones Cuatro Web)
Este tema lo abordaremos en otra secuencia específica, pero es una constante en Garupá, dentro de un complicado manejo de las tierras fiscales, municipales y privadas.
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Alcides Cruz
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