✅ - Por Alcides Cruz - licencia CC BY 4.0.©
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8/30/2025
7/18/2025
Confirmaron la prisión preventiva a funcionario de Oberá acusado de explotación sexual infantil
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| Luis Altamirano Marín al momento de ser detenido en su casa de Oberá en abril pasado |
Por Alcides Cruz - licencia CC BY 4.0.©
El Intendente de Oberá, Pablo Hassan quedó en incómoda situación al ser confirmada la prisión preventiva del abogado Luis Altamirano Marín de 32 años, que se desempeñaba en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad y está encartado en una causa federal por explotación infantil.
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Recientemente el diputado provincial del PRO, Horacio Loreiro pidió un exhaustivo informe en la Cámara de Representantes sobre las condiciones de contratación del imputado, reclamo que fue aprobado. El hondo silencio del caso llevó a saber cómo un funcionario de éstas características llegó a un lugar clave de la Municipalidad obereña.
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La Sala IV del Tribunal de Casación penal del país declaró inadmisible el recurso del ex funcionario de Oberá acusado de integrar una red de trata de personas junto al ex Gran Hermano, Marcelo Corazza y de abusar sexualmente de un menor en situación de vulnerabilidad.
Está imputado con prisión preventiva por presunto abuso sexual agravado y su participación en una organización criminal dedicada a la trata de personas y explotación sexual de menores.
De la misma red delictiva pertenecía Marcelo Corazza, el primer ganador y ex productor del programa televisivo “Gran Hermano”, detenido el año pasado por el mismo cargo.
La Sala IV conformada por los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, ratificó el abogado Altamirano Marín es “autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro (…) y abuso sexual agravado por haberse consumado con acceso carnal respecto de ‘víctima V’”.
Altamirano Marín fue detenido en abril pasado en un operativo conjunto de la Policía de la CABA y la Gendarmería, que se llevó a cabo en la intersección de las calles Libertad y Neuquén, en la ciudad de Oberá, Misiones.
Los agentes secuestraron dos pendrives y un teléfono celular, los cuales fueron sometidos a peritajes técnicos para determinar la existencia de material relacionado con abusos sexuales o comunicaciones con otros integrantes de la red. La investigación federal indica que esta red habría comenzado a operar en 1999.
Altamirano Marín ocupaba un rol activo en el Foro de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde había sido electo prosecretario en 2024 tras desempeñarse como coordinador ambiental. Según fuentes judiciales, mantenía contacto frecuente con adolescentes en el marco de charlas y talleres orientados a la juventud, lo que agravó la acusación en su contra bajo la presunción de captación de las víctimas.
El caso fue iniciado tras una denuncia anónima presentada el 24 de octubre de 2022 ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), donde un testigo de identidad reservada afirmó haber sido abusado sexualmente entre los 11 y 13 años.
Entre los acusados también figuran Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo - señalado como jefe de la organización, tambiém detenido en Oberá -, Leandro Aguiar, Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y el ex participante de GH, Marcelo Corazza.
Las víctimas, captadas en la zona centro de la provincia, eran trasladadas a Buenos Aires y otras provincias mediante falsas promesas. Diez personas testificaron en calidad de víctimas directas del esquema delictivo.
En junio del año pasado, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo, elevó la causa principal a juicio y ordenó la detención de Corazza por corrupción de menores y exhibiciones obscenas, tras modificar su calificación legal y revocar su excarcelación.
Con todo, el juez Lijo dictó el procesamiento con prisión preventiva del abogado el 30 de abril. Esa resolución fue confirmada el 29 de mayo por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
La defensa, a cargo de Jorge Waldemer Meier, interpuso un recurso de casación, alegando que la resolución impugnada era equiparable a una sentencia definitiva y supuesta afectación al derecho de defensa. Cuestionó que se basara la existencia de una asociación ilícita en un solo mensaje de WhatsApp entre su defendido y Aguiar, y argumentó que no se habían finalizado las pericias electrónicas, las cuales -sostuvo- podrían demostrar la inocencia del imputado. También pidió que se dejara sin efecto la prisión preventiva, se readecuara la calificación de abuso sexual agravado a abuso simple y que se investigara a la víctima “V.” por una supuesta vinculación con otros imputados.
Sin embargo, en un fallo dictado por unanimidad, los camaristas de la Sala IV consideraron que el recurso invocado no cumplía con los requisitos legales para ser tratado en esa instancia judicial. “
A su vez, sobre el hecho puntual que motivó la imputación por abuso sexual agravado, se dio por acreditado que, en 2018, Altamirano Marín realizó “un acto de felatio sobre la ‘víctima V’ sin su consentimiento, en tanto se encontraba dormida al momento del hecho”.
Los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, mencionaron los chats con Aguiar, “a quien le manifestaba su interés en nuevas víctimas, en lo que el juez de grado consideró una colaboración activa para que la organización continuara con la búsqueda y consumación de nuevos abusos”.
La causa principal se encuentra actualmente elevada a juicio y fue radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires, a la espera de la fijación de audiencia de debate oral y público.
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En el Gobierno de Misiones sigue con atención el caso, que tiene muchas similitudes con el que terminó con la carrera política del diputado provincial Kiczka en agosto del año pasado.
La de Altamirano Marín no es la primera detención que ordena Lijo en Oberá en la causa 57398/2022 caratulada “Angelotti, Francisco y otros s/corrupción de menores y otros”. Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo (48) fue detenido en marzo de 2023 en Oberá, acusado de llevar bajo engaños a menores desde Misiones hasta Buenos Aires para entregarlos a los pedófilos.
En esa ciudad misionera se había instalado poco después de zafar de una causa por abuso sexual y corrupción de menores en la Apóstoles. Curiosamente es la ciudad natal de los hermanos Germán y Sebastián Kiczka.
En Oberá, instaló una pizzería que sólo realizaba entregas vía delivery. Para los investigadores, el comercio era sólo una fachada.
Sus contactos con el poder político de esa ciudad eran aceitados, a tal punto que fue jurado en un concurso de asadores organizado por la Secretaría de Turismo poco antes de su detención.
Los investigadores establecieron que en Misiones Angelotti Notarbartolo captaba y trasladaba a quintas de General Rodríguez a chicos en situación de vulnerabilidad. Los convencía prometiéndoles regalos, ropa y viajes. Desde ese lugar entraba en contacto con los pedófilos que estaban en la búsqueda de menores para abusarlos.
Según trascendió en su momento, el comerciante se refería a los menores con el término “gurisito”, que en el Litoral hace referencia a chicos de corta edad. También los llamaba “Chiquitín” o “Cachorrito”.
“La prueba colectada nos permite sostener, además, que esas conductas tuvieron su génesis en el año 1999 y continuaron ininterrumpidamente hasta la actualidad, con una fluida rotación y constante incorporación de nuevas víctimas y de algunos victimarios, pero con absoluta coincidencia en su modalidad”, afirmaron en el requerimiento de elevación a juicio de la causa el fiscal Carlos Rívolo, y su par de la Protex, Alejandra Mángano.
A partir de los teléfonos celulares y dispositivos móviles secuestrados en los allanamientos de los domicilios de los imputados, se logró constatar que los adultos almacenaban imágenes y videos de contenido sexual de las víctimas y que compartían con ellos imágenes de abuso sexual infantil, hecho que también les fue formalmente imputado.
ANEXO - Extracto del Diario La Nacion Web:
Marley
En junio del año 2023, el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, recibió una denuncia que había sido radicada en la provincia de Misiones contra Alejandro Wiebe por corrupción de menores. En el escrito, la víctima mencionaba además a Marcelo Corazza, primer ganador de la versión argentina del reality show Gran Hermano, acusado de integrar una banda que promovía la explotación sexual de menores. El hecho fue denunciado por un hombre en la provincia del norte argentino, que solicitó que su identidad se mantuviera en reserva, habría ocurrido hace más de 25 años en el marco de un viaje que el individuo en cuestión dijo haber hecho a Buenos Aires, oportunidad en la que concurrió a una casa quinta en Pilar.
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Fuentes consultadas: Infobae - Clarín -Misiones Cuatro
4/27/2025
Caso Kiczka. Abogado Paredes. "Dos jueces condenaron por años que la ley No permite".
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| María Laura Alvarenga y Eduardo Paredes, defensores de Sebastián |
Por Alcides Cruz - licencia CC BY 4.0.©
El caso Kiczka No está cerrado ni concluido. A la par ha dejado una estela de dudas, inconsistencias, mala praxis jurídica que señalan al Poder Judicial en su conjunto, dado que transpira por todos lados la injerencia del poder concentrado de la provincia. Polémico rol de los fiscales. Presunta prosternación para sacar de juego a un partido político. Es un caso líder para varias materias conexas; el rol de los medios locales pagados por el gobierno; la accesibilidad a aplicaciones y temáticas cuestionables en Internet, que a pesar de restricciones en las directrices de uso, incentivan aberraciones por todo el planeta; una trama de lawfare casero para destruir a una incipiente oposición política, descendiente del puertismo.
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El Vecinal habló con el abogado defensor de Sebastián Kiczka, el destacado penalista Eduardo Paredes quién evaluó las resultantes del debate por el sonado caso, que se realizó en la primera quincena de abril en los tribunales centrales de Posadas.
Paredes es a la vez el defensor de la sindicalista Mónica Gurina, sobre la cual publicaremos en otra nota. El letrado mantiene fresca la vibración y los pormenores de las varias jornadas del juicio.
De manera enfática explicó el tenor netamente político que lo envolvió. Consideró una trama articulada, directa o indirecta, entre poderes, con el fin de incidir en la sempiterna confrontación entre el Supremo Ingeniero Rovira y su antiguo mentor Federico Ramón Puerta. *Adecuamos de menor a mayor a los temas para encuadrar su complejidad.
La destrucción política de la oposición.
Dr. Paredes - No queda oposición. Las instituciones de la provincia están en crisis; es una provincia que tiene un partido único desde hace 25 años; la ley del Lemas es trágica. El sector político Activar ha desaparecido y lo cierto es que el hijo de Puerta ha perdido todo su futuro político; Pedro Puerta ha sido estigmatizado porque asociarte a este tipo de delitos es mejor que te imputen un homicidio. Prácticamente se neutralizó lo que quedaba de la oposición local. Germán quedó como el pato de la boda.
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| Germán Kiczka |
El montaje mediático.
El abogado observó la actuación mediática afín al gobierno, que en una suerte de nado sincronizado, prejuzgó con la mira puesta en latigar especialmente a Germán Kiczka, opositor del oficialismo.
Dr. Paredes - "También hubo una sobreactuación del canal 12 y los medios locales sostenidos por la pauta oficial; uno de los dos diarios muy grandes acá, por ejemplo, recibe una pauta de más de 100 millones de pesos mensuales; claramente es una cuestión política; cuando uno ve los programas locales, hablan de Germán Kiczka, casi no hablan de Sebastián, ¿por qué? porque es el objetivo".
El Juez de Apóstoles, el Tribunal y los fiscales.
La conversación entró de lleno en el rol de la Justicia; aquí el letrado dio detalles novedosos, que la opinión pública y el periodismo desconocían. Al parecer, ningún video MASI fue creado por los acusados, sino bajado de la web. Lo más tajante de las definiciones siguen en el siguiente diálogo:
EV - ¿Por qué un caso de origen internacional recae en un juez provincial como Faría?
Dr. Paredes - "Estos videos están en la red no se sabe de cuándo. Detectan en todo el mundo y lo pasan por un convenio a la fiscal que está en Buenos Aires, quien deriva por competencia territorial a las diferentes provincias. En este caso eran un montón, eran como 120 IP ( direcciones de equipos electrónicos); creo que quedaron 16 o 13. Nosotros tenemos otros casos que van al Juzgado Correccional, quedan en libertad, pues son penas muy bajas.
Se detecta en la casa del señor Leonardo Kiczka, donde vive Sebastián, que es licenciado en artes plásticas, medio bohemio, nunca tocó un chico ni nada. Poliadicto, típico chico problema, siempre vivió con sus padres. Tiene esa desviación de mirar videos. Él mismo manifiesta en unos mensajes que se tenía que sacar esa adicción.
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| Sebastián Kiczka |
Cada vez que conectas a Internet la computadora es un servidor. Eso se detectó, van a la casa, secuestran la computadora, primero imputan al padre y lo detienen, después el padre dice No, ese problema tiene Sebastián. Confesó que mira eso y que No sabía que era prohibido; yo le creo porque es torpe.
Meses después, revisando la computadora encuentran un archivo que dice Germán. Porque la computadora era de Germán y se la dio al hermano. Allanan la casa de Germán; no encuentran casi nada, pero lo imputan por tenencia, facilitación. Ahí se le da el uso político".
EV. La unidad de investigación policial SAIC hizo un diagrama de flujo, una suerte de mapeo del tráfico en la web ¿Qué grado de veracidad tenía eso?
Dr. Paredes - Ninguno, porque eso no es prueba. Lo único cierto de este expediente es: en la casa del señor Leonardo Kiczka, vivía Sebastián Kiczka, que tenía una máquina Acer que perteneció y figuraba a nombre de su hermano Germán, que se la regaló hace varios años. Sebastián bajaba los videos y se hizo cargo de todo. A Germán lo arrastraron porque esa computadora había sido de él. De última se puede desconfiar pero nunca condenar nada.
EV - La legislación discrimina entre quién es consumidor y quién es distribuidor. ¿Me puede explicar cómo aplica la norma en este caso?
Dr. Paredes. La tenencia de este material hasta el 2018 no era delito, porque entra en el ámbito de reserva, es como el consumidor de drogas para uso personal. Al bajar videos estás compartiendo, estás facilitando, porque tu computadora se convierte en un servidor. En el año 2018 la tenencia se legisló, se la incluyó en el Código Penal y pasó a ser delito con una pena muy baja. El proyecto lo presentó el actual ministro de Defensa, Petri, del PRO.
EV ¿De cuánto se habla en la pena baja?
Dr. Paredes - "Un año y cuatro meses. Nadie va preso por eso. Después tiene un agravante cuando se facilita, y un agravante cuando se distribuye. La pena no llega a seis años. Lo máximo que puede llegar es a ocho".
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Dr. Paredes - "Yo no era el abogado actuante al comienzo del caso, pero cualquier juez le hubiese tomado una indagatoria a Germán y al hermano; no hubiese detenido a nadie, porque es un expediente derivado al juzgado correccional. Entonces no se debía haber detenido a ninguno; le tendrían que haber tomado declaración y después mandar a juicio a un juez correccional.
La renovación lo removió del cargo de diputado muy rápido. No le tomaron indagatoria. Cuando uno es diputado puede declarar, lo único que NO se puede hacer es detenerlo. Este muchacho (Germán) tenía su abogado, no le tomaban indagatoria. No les tomaron indagatoria; lo primero que solicitaron es el desafuero de Germán. Lo hicieron con el fin de detenerlo. A esto se le agrega la torpeza de irse a Corrientes.
Se desencadenó un montaje tremendo. Todo transmitido por cadena local. Obviamente con la participación del Poder Judicial; salvo el voto de la Jueza Kukla, que más o menos tuvo dignidad, los otros dos condenaron por una pena de 14 años que la ley no tiene previsto porque el máximo es ocho años y medio.
Germán no tenía nada. La pena que le podría haber tocado a Germán, en el peor de los casos, sería de un año y cuatro meses.
Es obvio que hay un interés político, porque detrás de esto, la pequeña oposición fue destruida más el absurdo de que el hijo de Puerta salga con una imputación de falso testimonio, eso es increíble".
EV - Lo notable es que usted no es abogado de Germán, sin embargo habla clarísimamente sobre la inclinación de la cancha.
Dr. Paredes - ¡Es una barbaridad! nadie bien nacido puede dejar pasar esto. Yo conozco a los dos chicos que hicieron de fiscales. Dijeron cualquier cosa; uno de ellos dá lástima (Glinka) ; si yo fuera procurador lo sancionó.
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| Fiscales Martín Alejandro Rau y Antonio Vladimir Glinka |
EV - ¿En que falló o distorsionó la verdad?
Dr. Paredes - "Los dos distorsionaron pero Glinka se exponía más. El fiscal Glinka mira televisión y cree que está en una serie norteamericana de abogados. La sobreactuación es para los jurados legos.
Cuando vos tenés un modelo de jurado lego (ciudadanos que no tienen conocimiento del derecho) , sí tenés que convencer. Eso puede pasar en un programa de televisión. En este caso no, porque el tribunal ya conoce la prueba. Hicieron toda una salsa. Nunca dijeron que la computadora la tenía uno solo. La imputación de abuso es nula. El tema de la coautoría, ni siquiera evaluaron en cuestiones técnicas, de cómo se construye esa coautoría. Se basaron en los videos. Al pedido de pena, no lo fundaron. También pidieron penas en concurso real. Todo es nulo. Si fueran a examen (los dos fiscales) no aprueba ninguno. Lo hicieron a propósito para tratar de arrastrar a Germán.
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| Jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante) |
Se habla de la imparcialidad del Poder Judicial. La condena estaba escrita. La única que salvó algo del juicio fue la jueza que aplicó dentro del tipo penal el máximo punitivo de seis y ocho años. Los otros dos jueces hicieron algo que la ley NO permite. El resto es todo un montaje, obviamente que el Superior Tribunal va a confirmar y veremos qué pasa. Creo que finalmente les van a bajar la pena, les van a poner las penas máximas que corresponden y lo van a dejar ahí".
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“Expte. 47936/2024 KICZKA Germán S/ Tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad varios hechos en concurso real y KICZKA Sebastián S/ Tenencia y facilitación de material de explotación sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad varios hechos y abuso sexual sin acceso carnal en concurso real.
Fotos. Poder Judicial de Misiones.
4/26/2025
Amarilla
Por Alcides Cruz - licencia CC BY 4.0.©
Ramón Amarilla No es un preso político aunque la caracterización caiga justa aparentemente. Ramón Amarilla se convirtió en un líder político. Una persona valorada por los ciudadanos, de modo tal que su potencial electoral lo ha convertido en un problema político para el que gobierna. La judicialización política con apoyo mediático es notoria, con el fin de deslegitimar, inhabilitar o encarcelar a liderazgos emergentes.
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Cercanos contaron al Vecinal que la causa esgrimida alrededor de una mensajería de Whatsapp es un artilugio para acusarlo de conspiración y sedición. Un armado que se cae a pedazos si el Juez y los mandantes políticos se dedicaran a leer los diarios y portales de los medios que mantienen con la pauta.
Amarilla, retirados y pocos policías activos hicieron acampes frente el edificio policial bajo las mismas demandas de mejoras salariales y funcionales; todo a cielo abierto, nada oculto. Inclusive una movida previa fracasó por el pobre acompañamiento. Había un tufillo intra fuerza de que "Ramón ya no tiene la representación de antes". Casi era considerado un loco suelto.
Quienes cubrimos periodísticamente los sucesos nos enteramos como fueron las cosas. Dos hermanos que se sumaron al acampe de una semana anterior, fueron sancionados duramente. Uno de ellos, joven con enorme vocación de servicio, fue el que se reveló contra lo que sintió como una injusticia.
El humo negro de cubiertas quemadas en la madrugada, se viralizó de modo imparable.
Los maestros, el personal de salud ya venían realizando medidas de fuerza y cortes de ruta por su lado. Luego se plegaron al bloqueo policial realizado frente al Comando Radioeléctrico de la avenida Uruguay.
La responsabilidad de la conflictividad social coincidente la tuvo la impericia y la petulancia de los funcionarios, que sin los fondos de la Nación - cortados por el presidente Milei al inicio de su mandato - solamente balbuceaban vanas promesas.
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El detalle menos previsto. Amarilla ganó el respaldo de la gente y sobre ello se montó el andamiaje partidario - proselitista. La conjetura: ¿El Poder Judicial genuflexo lo dejará asumir si gana? No hay nada que lo impida. Salvo la Renovación.
Y la duda. ¿El pueblo misionero será capaz de reclamar por la eventual injusticia? De acuerdo a lo histórico, el pueblo misionero es un cobarde que huye hacia adelante. Carne de perro porque le gusta ser perro. El voto es secreto por suerte. Que nadie se entere, que nadie vea. No compromiso.
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Hoy sí Amarilla quedó solo y no puede esperarse demasiado de sus colegas. Sus "camaradas" pasivos o activos de la policía o penitenciaría, escondieron el pellejo. Quedó claro que lo siguieron por único interés que puede despertarlos: el dinero. Aunque hoy deambulen como zombies sin que nadie procure por ellos.
Me contaron que Ramón Amarilla alucinó de tristeza entre las rejas, ensoñando que sus "camaradas" iban a movilizarse a pedir por la liberación de quién puso la cara y la salud por ellos; fue encerrado para amedrentar al resto de la fuerza, como un castigo ejemplar a la irreverencia. La única movilización que se vio fue hacia los cajeros automáticos.
Quieren ser perros con salario balanceado, racionado a gusto y placer de la superioridad. El salario del miedo subordina sin remedio.
Tanto grito de coraje y valor en la formación policial o penitenciaria pero sucumben ante el primer amago de jefes. No hay gallardía ante el poder que los sojuzga. Jefes cuyos altos cargos son políticos también, porque de otra forma No estarían encumbrados.
No puede argumentar subordinación quien se arrastra y se esconde tras la excusa del cumplimiento del deber cuando la lucha lo envuelve, lo comprende, y aún pretende usufructuar la conquista de un derecho.
De pronto Ramón Amarilla es un cuerpo extraño para la corporación policial. Ahora es como el resto de los habitantes de la tierra colorada. Un preso más de la gran cárcel hegemónica e ideológica. Si llegara a entrar a una banca de la legislatura será un incómodo suceso para quienes jamás se jugaron por nada.
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¡Cuántas veces he visto a la Infantería preponderando sobre los débiles brutalmente! No por los escudos y los bastones que la viste de represora en nombre de la justicia, sino por la deshumanización de esos hombres.
Oí a un maestro que dijo: ¡Yo te enseñé a leer! - a un médico exclamar: ¡Yo te curé!
Que le hayan borrado de la mente la idea de que son civiles y la vez, moralmente mejores que el resto de los mortales, se consolida, en los funcionarios de seguridad cuando No hay conciencia de clase ni social.
Los "camaradas" perdieron la moneda de oro, la única moneda valiosa que sirve como un denario guardado para herencia. Es una palabra sencilla. Seguro que resuena en el pensamiento. Es como la voz de un padre o de una madre.
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Hoy se sospecha, entre expertos de Inteligencia policial - que a Amarilla le metieron un topo que lo indujo a hacer una huelga de hambre para desacreditarlo; el suboficial es un inercial luchador y quieren aprovechar esa enjundia natural para hacerlo ver como un "quilombero" empedernido que hace lío donde esté.
La asfixia moral es el talón de Aquiles que buscan, por el que intentarían trabajar su desesperación por la libertad. "Con la huelga de hambre, Amarilla se ajustó la mordaza solo" dicen.
Quienes lo pusieron como candidato a diputado provincial, deberían cuidarlo más y No hacer de su detención una retahíla discursiva de marketing político. Que sea el partido el señalador de la inquina desplegada por el gobierno contra todo aquello que se le oponga a su vanagloria.
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La situación de Amarilla en la justicia es por haber encabezado con otros colegas los reclamos salariales y funcionales de policías y penitenciarios; Las causales los apuntan como autores intelectuales de la asonada. Como los uniformados No tienen reconocida su sindicalización; todo lo que hagan es institucionalmente reprochable, como funcionarios del Estado, en situación pasiva o activa.
Siendo así, las causales de la violencia institucional evalúa también a quien dirige la institución, porque NO supo resolver el conflicto por impericia o negligencia relacional o política.
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En el Juzgado de Instrucción Nº 6, Secretaría Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, se tramita la causa identificada como Expte. Nº 64913/2024 “Agente Fiscal N° S/Eleva Denuncia N° 93, 94, 95 y de la 109 a la 126”, donde se investigan presuntos delitos de usurpación, daños, daños e interrupción de los servicios públicos y de comunicaciones, intimidación e incitación a la violencia, peligro de incendio de arsenal, supresión de datos de comunicaciones, encuadrados en los artículos 181, 183, 184 inciso 6, 186 inciso 3, 153, 194 y 212 del Código Penal Argentino y/o los que surjan de la investigación.
Art. 181 - Delito de usurpación, que consiste en despojar a otra persona de la posesión o tenencia de un inmueble, o de un derecho real sobre el mismo, por medios violentos, amenazantes, engañosos, o abusando de la confianza o en forma clandestina. La pena es de prisión de seis meses a tres años.
Art 183 - Establece la pena para quien destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado. La pena es prisión de quince días a un año.
Art. 184 inciso 6 - Establece las atribuciones de los funcionarios policiales y de las fuerzas de seguridad, entre las cuales se incluye evitar la destrucción de pruebas.
Art. 186 inciso 3 - Establece una pena de reclusión o prisión de tres a quince años para aquellos que causen un incendio, explosión o inundación contra bienes públicos.
Art. 153 - Trata sobre el delito de hurto agravado. En este caso, se refiere a la violación de secretos y de la privacidad, especialmente cuando se trata de comunicaciones electrónicas. La pena es de 15 días a 6 meses de prisión.
Art. 194 - Se refiere al entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o de los servicios públicos.
Art. 212 - Establece que será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación.
A su vez, en el Juzgado de Instrucción Nº 3, Secretaría Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial de Posadas, se instruye el Expte. Nº 121199/2024, caratulado “Morel, Juan Osvaldo s/ denuncia. Expte ‘J’ Nº 520/2024-UR-X”, causa en la que el magistrado interviniente ordenó la detención de Amarilla mediante el Oficio ID 26323976, de fecha 19/09/2024.
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Todo es política. La libertad es política. El pan de cada día es político. El pedir por un salario digno es político. La paz social es política.
Ninguno de estos principios pueden esgrimir quienes desde la Justicia no hacen justicia y miran la luz de la ventana del poderoso para recibir una señal de aprobación por defender la vida, sustancia esencial para ser democráticamente libres.
Sería el colmo tener que pedir por la libertad de conciencia de los jueces.
4/05/2025
Denuncian a psiquiatra por certificados médicos apócrifos; empresa detecta masivo fraude laboral.
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| Captura de la imagen del médico Manuel Ramón Gómez, obtenida del video realizado en modo cámara oculta por el apoderado de Casino Club S.A, Juan Matías Lupiano |
Por Alcides Cruz - licencia CC BY 4.0.©
Un caso de inimaginables consecuencias se desató por el cuestionable comportamiento anti ético de un médico psiquiatra, que mediante diagnósticos de trastornos mentales o de enfermedades consideradas graves, generó licencias pagas hasta de un año, para decenas de empleados del Casino Club del área metropolitana de Posadas. El caso que llegó a la Justicia encierra una trama de presunta corrupción sindical, de inacción negligente del Colegio Médico de Misiones y un esquema de abogados laboralistas que se recuestan sobre un Poder Judicial macilento. La empresa de juegos habla de pérdidas millonarias.
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El mundo cambió y el modo de hacer periodismo está en plena transformación material y tecnológica. Muchos medios de comunicación en el mundo - de todo nivel - hoy resuelven en parte su sostenimiento con donaciones o suscripciones. El diario de papel va camino a su extinción, como lo están haciendo los kioscos, los canillitas. Miles de periodistas en todo el mundo han creado medios propios o trabajan en equipos free lance porque las editoras han reducido los planteles en las redacciones. La información circula en portales y redes sociales cada día más. El Vecinal como pequeño medio local NO está exento de esa realidad. La información nunca fue gratis de producir. Por eso pide a los lectores en línea que realicen UNA DONACIÓN mínima, colaborativa. Quien quiera oír que oiga, quien quiera comprender que lo haga. Ayúdenos con lo que esté a su alcance. Estamos a su servicio.
El galeno Manuel Ramón Gómez, matrícula profesional 1080, se constituyó como la base operacional para la obtención de certificados fraudulentos por los cuales los empleados infieles de la casa de juegos, llegaron a ausentarse hasta un año con goce de haberes perjudicando las operaciones comerciales de la empresa.
Cámara oculta protagonizada por el apoderado de Casino Club S.A. que registró al médico Manuel Ramón Gómez en su modus operandi. - Material proporcionado por la empresa denunciante.
Según relataron a El Vecinal las autoridades de la empresa Casino Club S.A. era un modus operandi al cual recurrieron con cierta ligereza, frecuencia y relajada costumbre, más de una treintena de miembros del personal , incentivados presuntamente por delegados gremiales.
Casino Club S.A. es una firma radicada en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. En la capital misionera cuenta con siete locales que ocupa a casi 300 personas en total.
En este punto instamos a ver la nota realizada al apoderado Dr Juan Matías Lupiano, quien actuó de manera directa en las denuncias penales y laborales e inclusive puso en conocimiento del Colegio de Médicos de Misiones el accionar de este médico, que mediante su cobertura, presuntamente ampara conductas fraudulentas de trabajadores, expidiendo certificados por patologías merecedoras de largos reposos pero de condición "ambulatoria".
El apoderado de Casino Club S.A. relata como fueron los hechos que afectaron a la empresa y las argucias reiteradas detectadas en el personal.
El Dr. Manuel Ramón Gómez, manifiesta ser en su recetario, médico especializado en psiquiatría y psicología médica, con el agregado de una maestría en psico - inmuno - neuro - endocrinología; menciona a la Universidad "de" Favaloro, de Buenos Aires, como fuente de su capacitación en la materia. De hecho esa prestigiosa Universidad Favaloro, dicta esta moderna formación multidisciplinaria. La conjetura periodística es por qué un médico con este respaldo académico se lanza - según la denuncia y cámara oculta - a dilapidar su prestigio emitiendo certificados y recetas cuestionadas judicialmente, más allá del precio estipulado de cuarenta mil pesos (en negro) por consultante.
El doctor Gómez, acorde al relatorio presentado por la empresa al Colegio Medico de Misiones, atendió en su consultorio en días domingo o feriados como un Viernes Santo. En ese escrito señala la actividad facilitadora del mismo para "conductas absolutamente ilícitas como es la sustracción del cumplimiento de las obligaciones laborales".
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| Según el apoderado de Casino Club S.A. el Colegio Médico de Misiones ya tenía denuncias desde hace un año respecto del comportamiento anti ético del médico Gómez, pero, al parcer No tomó ninguna medida disciplinaria ni precautoria. Ahora las cosas empeoraron. |
Hay ribetes insólitos que no se condicen con las reglas del arte médico en el resúmen de lo que ocurrió en la sede médica de Colón 696 casi Mitre. Por ejemplo, la no revisación física, el no repertorio histórico clínico, la no indicación de un tratamiento posológico ni controles periódicos, prescripción medicamentosa psiquiátrica como el Midazolam, que se usa para provocar somnolencia, disminuir la ansiedad y evitar cualquier recuerdo previo crítico como una intervención quirúrgica; o Tryptanol (amitriptilina) que se usa para la depresión, según el vademecum.
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| Fotocopia del certificado médico hecho a la ligera por el galeno para el falso personaje actuado en cámara oculta y protagonizado por el apoderado de Casino Club S.A. - *Véase el video |
Al parecer el quehacer del doctor Gómez se reduce a la emisión de certificados médicos ad hoc, codificados en serie y de alto impacto laboral. La mayoría coincidente, con leves variantes, en "trastornos depresivo mayor; ansiedad por insomnio; reposo de 30 días y/o ambulatorio; requiere psicofármacos (o no)".
En los términos denunciativos laborales y penales, que se entremezclan con la conducta No ética del médico, constituyendo un fraude de magnitudes asombrosas, este medio obtuvo de la empresa una lista parcial de dieciséis empleados observados; entre los elementos, el certificado emitido a nombre de Marco Barrera - DNI 32.578.396 que aparece en la cámara oculta y que refiere al falso personaje que armó el apoderado de Casino Club, el abogado Juan Matías Lupiano, enviado de la Capital Federal para actuar en el abusivo caso.
El interrogante a saber es, cuántas empresas misioneras se habrán visto afectadas por este ilícito, que en el puntual caso revelado, lleva más de un año produciéndose. Según trascendidos el médico ya contaba con fama que circulaba de boca en boca. Otro dato a corroborar es la existencia de denuncias anteriores que habrían quedado en la nada o bajo un manto de silencio en el pequeño mundo de los especializados.
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| La querella fue interpuesta en el despacho de la Fiscal de Instrucción Nro 7, de Posadas, Dra. Patricia Inés Clérici, ubicada en Pedro Ménez y Av. Uruguay de Posadas. |
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| La denuncia penal ingreso el viernes 4 de abril de 2025 a las 08.40 presentada por el abogado Leopoldo Emilio Silva Rossi, socio del estudio jurídico Fernández Pillado & Silva Rossi, asesor legal de la Universidad Católica de las Misiones y de empresas. |
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Este trabajo tiene la licencia CC BY 4.0
3/22/2025
Policías encarcelados en Loreto iniciaron huelga de hambre contra el Juez Verón.
Por Alcides Cruz - licencia CC BY 4.0.©
Los cuatro policías detenidos en el Penal de Loreto, Alejandro Arrieta, Iván Arrieta, Adolfo Guirula y Diego Correa, iniciaron huelga de hambre, reclamando al Juez Nro 3 Verón, por la presunta inacción en la causa. Según los encartados el magistrado no responde a solicitudes de los abogados defensores, no cita a ninguno de los sesenta y cinco testigos, ni recibe a los familiares que piden saber sobre el curso del expediente que los incrimina por sedición en los hechos de abril - mayo de 2024. Plantearon una protesta por tiempo indeterminado mediante una nota.
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3/17/2025
Juez Verón mandó a diputado a que pida permiso a Herrera Ahuad para darle un informe sobre los policías encausados por sedición
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| El diputado Miguel Núñez y la gremialista Estela Genesini muestran la nota por la que pidieron una audiencia al Juez Verón que lleva la causa de los ex policías, en la puerta del Juzgado Penal ubicado en la calle Santa Fe. |
Por Alcides Cruz - licencia CC BY 4.0.©
Salvo que haya un condicionante técnico jurídico, resulta llamativo por lo menos, que un Juez de la provincia mande a un diputado provincial a pedir autorización al Presidente de la Cámara de Representantes para entregar un informe de situación sobre los ex policías encarcelados en Cerro Azul y Loreto. Si resulta como el legislador manifiesta, estamos ante un triste caso de sumisión del poder judicial al poder político, lo que borra de un plumazo la cándida idea de la separación de poderes republicanos en Misiones. El diputado Miguel Núñez denunció aprietes a los ex policías presos en la cárcel loretana. Acusa a la jefa de la unidad penitenciaria.
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Miguel Núñez, diputado provincial por el PRO presentó una nota al Juez Verón requiriendo información sobre la marcha de la causa de sedición aplicada a los que son señalados como los cabecillas de la asonada de abril -mayo de 2024. Núñez dice enfáticamente que son "presos políticos", más aún con la comprobación de la penosa subordinación del magistrado a los mandos políticos, como revelan sus dichos evidenciados en la presente nota.
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