Hay más denuncias de acoso o violencia en el ámbito laboral del Estado Provincial. El Parque de la Salud tiene un caso de exhibicionismo explícito - abuso sexual simple - que involucra a un director de área contra un empleada de limpieza. El encartado penal y civil alcanza también a un médico. El Ministerio de Trabajo de Misiones reconoce mayor incidencia de violencia laboral sexista en los ámbitos de Educación y de Salud. Hay cifras negras que No se denuncian por miedo a la pérdida de la fuente de ingresos. Un dato: El incumplimiento de la cuota alimentaria constituye un hecho de violencia contra la mujer.
La Dra. Valeria Ocampo empezó a tomar el tema de las violencias intrafamiliares, cuando a raíz del aislamiento social de la pandemia, aumentaron dramáticamente los casos, donde los agresores y las víctimas denunciantes convivían obligadamente bajo el mismo techo en condiciones de hostilidad latente. La Justicia estaba paralizada y los dispositivos de urgencia eran difusos. La exclusión del hogar pasó a estar en el limbo.
Realizó además de su formación como abogada, diplomaturas en derecho con perspectiva de género para profundizar su actividad en la materia. Hoy nos dice que la acción resolutiva judicial es aceptable en cuanto a la prohibición de acercamiento o perimetral (tres cuadras a la redonda) o exclusión de la casa, cuando le mencionamos el abarrotamiento de causas en los tribunales del familia. Se estima en 48 horas la disposición cautelar para proteger a la víctima de violencias.
En la conversación evaluamos una suerte de impacto No deseado o esperable por parte de los agresores, tanto hombres o mujeres, donde varias veces, la medida protectiva, aumentó la ira del acusado tornándose en disparador de críminalidad inclusive. Los diarios dan cuenta de este aspecto.
Ocampo dijo que la policía en Misiones actúa de modo expeditivo cuando se registra una violación de la orden de acercamiento emitida por el juez.
Uno de los componentes de la violencia de género es la relación desigual de poder. Esto se ve en el ámbito laboral, intrafamiliar. A la víctima le cuesta mucho romper ese vínculo vicioso. Sin embargo hay casos denunciados en los que la víctima y el victimario a los dos o tres días están juntos. Algo parecido al Sindrome de Estocolmo. Ocampo sostiene que "hasta que No haya un click de la agredida/o resulta dificultoso que puedan salir de ese círculo vicioso, muchas veces las mujeres se encuentran dependientes de los recursos económicos para auto sustentarse". En la actividad pública o privada opera "el miedo a perder la fuente laboral".
El pasado 13 de agosto Miriam Beatriz Correa se dirigió "en un mar de lágrimas" a la Comisaría de Fátima para radicar la denuncia por acoso contra el máximo responsable de la Delegación del Registro Provincial de las Personas ubicada en el mismo barrio de la localidad de Garupá.
Registro de las Personas de Fátima, de la calle Azula, Manzana 75, al lado de la Delegación Municipal de Garupá.
Derivada a la Comisaría de la Mujer dejó registro de la situación angustiante que venía soportando desde mayo de este año cuando comenzaron "las insinuaciones indebidas, cosas con doble sentido, gestos e indirectas" del funcionario José B. , un hombre casado de 49 años, que vive en Ñu Porá.
Miriam, madre de cinco niños, tiene ese único medio de subsistencia. Trabaja los martes y jueves en el sector de limpieza, asignada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, mediante un Plan Potenciar Trabajo, por el que debe cumplir las horas exigidas de contraprestación.
Miriam tardó en realizar la denuncia por temor a represalias y a fracasar por la influencia política que tendría José B, presunto puntero político o amigo del Intendente Luis Ripoll, de lo cual se jactó en la última campaña.
Tal como relató Miriam a este medio, José B. incrementó la presión sugestiva sexual desde "un mes a esta parte". Una suerte de obsesión que lo llevó a verbalizar improperios como "¿te gusta el pene?" o gestos linguales provocativos.
La insistencia del Jefe del Registro Civil fue in crescendo. Hace unos días alcanzó la cumbre cuando el denunciado acosador se puso en el marco de la puerta de la cocina y al pasar Miriam le toco un pecho. "Esa fue la gota que rebasó el vaso" dijo la joven madre; "No pude seguir con mi trabajo y exploté; quedé muy avergonzada; hable con una señora que trabaja en el Registro, le conté lo sucedido; luego lo confronté"
Me respondió que "jamás haría una cosa de esas, que estaba loca, que estaba inventando".
"La señora que trabaja en el Registro (de Fátima) me contó que cuando ella lo saludaba, él se aproximaba y le olía el cuello o le tocaba la espalda...el hombro; que estaba incómoda con el proceder del funcionario. Ella es policía pero está realizando trabajo administrativo".
Miriam Correa comunicó la desagradable situación en la sede central del Registro de la Personas ubicada en la chacra 32-33 a la encargada de las certificaciones de trabajo para el Ministerio de Desarrollo Social.
La denuncia policial fue cursada al Juzgado de Instrucción Nro 7 de Posadas, a cargo del Dr. Miguel Mattos. La oficial actuante solamente le extendió un certificado, por ausencia - de firma - del superior a cargo del precinto. Miriam será asistida psicológicamente por intervención de la Subsecretaría de Violencia de Género a cargo de la Licenciada Sandra Galeano, sita en Sarmiento y Félix de Azara, Posadas.
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Una mínima reflexión aparte sobre este caso. Una clásica situación aberrante, donde el que detenta el poder se vale de la supuesta indefensión o necesidades de la persona más débil. Peor si es una mujer el objeto de deseo.
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Cesar Emiliano Jaunarena (31) fue acusado de incendiar una vivienda y amedrentar a vecinos con fines de usurpación de terrenos en el Barrio Norte y 7 Hectáreas de esta localidad misionera.
La familia lo buscaba desde hace ocho meses, luego de perder todo contacto desde octubre del año pasado. Temía por su vida porque huyo de la provincia de Buenos Aires al recibir amenazas de muerte.
El joven es considerado testigo clave en la causa del robo a la casa de Sergio Massa en 2013. El changarín en ese caso denunció irregularidades en el allanamiento a la vivienda del prefecto que fue condenado por el ilícito dos años después.
Jaunarena fue denunciado en mayo pasado por una vecina de 23 años a raíz de amenazas piromaníacas y altercados diversos. Al parecer se había juntado con otro individuo con antecedentes delincuenciales y el barrio humilde había perdido toda la tranquilidad. En las amenazas decía: "Váyanse del terreno porque les voy a prender fuego la casa"
El Juzgado Federal Nro 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado había dictado un habeas corpus en diciembre del 2022. El exhorto recayó en manos del Juez Federal de Eldorado Miguel Angel Gallardo.
El robo a la casa de Sergio Massa en Tigre ocurrió el 20 de julio de 2013. El exprefecto Alcides Díaz Gorgonio - que se desempeñaba en Inteligencia de Prefectura Naval - que fue filmado entrando al lugar fue condenado a 18 años de prisión por esa causa y por hurto de dinero. El hombre, con un pasado en el área de Inteligencia, había quedado filmado entrando al lugar y se le achacó la sustracción de una suma importante de dinero. Jaunaerena - changarín del puerto de frutos de Tigre - fue tomado como testigo en el allnamiento a la casa del prefecto Diaz Gorgonio. Luego declaró que ese procedimientos fue viciado e irregular por parte de la policía. Señaló al entonces Secretario de Seguridad de Tigre de haber sustraído presuntamente una fuerte suma de dinero en ese allanamiento, que fue llevada en un bolso.
Otra arista del caso es la existencia de un caso de espionaje político - ordenado durante el gobierno provincial de Daniel Scioli contra el hoy Ministro de Economía.
Las denuncias fueron radicadas ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Posadas y giradas al Juzgado de Instrucción Dos de Oberá. Las sospechas recaen sobre el jefe de la comisaría de Alba Posse y el titular de la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle
Cuatro mujeres policías que se desempeñan en la comisaría de Alba Posse denunciaron por acoso sexual y laboral al jefe de la citada dependencia, oficial principal José Luis Kinast, y al titular de la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle, comisario mayor Marcelo Chimiski.
La presentación judicial fue radicada el pasado 17 abril ante la fiscal de Instrucción Uno de Posadas, Amalia Spinnato. Las denunciantes contaron con el asesoramiento de la Línea 137 de atención a mujeres en situación de violencia.
En tanto, por razones de jurisdicción, el 24 de abril el expediente fue remitido al Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, a cargo de Horacio Alarcón, que se encargará de la investigación de los presuntos hechos.
En paralelo a las cuatro denuncias en sede judicial, la Jefatura de la Policía de Misiones lleva adelante la instrucción de un sumario interno.
En la acusación contra el comisario Chimiski, jefe de la UR XI, M. C. (27) detalló que “todo comenzó hace tres años y se prolongó hasta ahora con insinuaciones, luego respondiendo estados de WhatsApp en los cuales me decía hermosa y respondía sacando capturas de pantalla de mis fotos uniformada y me hacía círculos en los senos. Luego me hacía invitaciones a la localidad de Aristóbulo, a la Unidad Regional y fuera de ella, así también me decía que iba a venir mucho a los operativos sólo para verme”.
La funcionaria aclaró que nunca accedió a las presuntas insinuaciones, lo que dio lugar al acoso laboral y sanciones.
“Cuando pedí mi traslado para poder amamantar a mi bebé que estaba a poco de nacer, no me respondieron y me sancionaron con 10 días”, dejó asentado.
La denuncia de M. C.
Adaptarse y pedir disculpas
En la denuncian ante la fiscal Spinnato se precisa que M. C. rompió en llantos al contar los sinsabores que padeció estando embarazada de siete u ocho meses.
En otro párrafo se cita que el pasado 13 de abril hubo una reunión de más de tres horas en Alba Posse donde se habló sobre el presunto acoso sexual y laboral que sufrían ella y sus compañeras, ocasión en la cual el jefe de la UR XI la habría recriminado.
“(…) él expuso que nosotros éramos el eslabón más débil de la institución y que teníamos que adaptarnos a la Policía, que nosotros tenemos que denunciar a los ladrones no a los jefes de la institución, ya que al hacerlo no perjudicábamos sólo a los jefes, sino que manchábamos el uniforme y el prestigio de la institución y que teníamos que tener sentido de pertenencia con la Policía”, se lee en la denuncia del pasado 17 de abril.
Y agregó que el citado funcionario “nos dijo que lo que pasó en la reunión debía quedar ahí y que tenía que solucionarse pidiendo disculpas y que tenía que ser un antes y un después”.
Ante la grave acusación, el comisario mayor habría cuestionado su labor en función a las horas que trabaja la denunciante.
“Cuando yo me quejé, Marcelo Chimiski manifestó ‘trabaja cuatro horas y se queja’, siendo que mi horario era de seis horas de lunes a sábado por estar comprendida en el artículo 9 de tareas adecuadas, ya que tengo una hernia de disco provocada en función del servicio. Y manifesté que por más o menos horas que trabajemos, no tenemos por qué estar pasando por esta situación. Yo tengo mucho miedo de Chimiski, por lo cual solicito de forma urgente una prohibición de acercamiento”, subrayó.
En la denuncia adjuntó informes médicos y grabaciones de audio de la reunión a la que hizo referencia.
“Mensajes fuera de lugar”
Por su parte, G. S. (29) denunció al jefe de la UR XI por acoso sexual y hostigamiento.
“En el año 2021 presenté una nota solicitando el traslado a 25 de Mayo por razones familiares, mi jefe elevó la nota al comisario Marcelo Chimiski, quien desde ese momento me comenzó a mandar mensajes de WhatsApp que eran fuera de lugar, mensajes de acoso, solicitando que me presente en su oficina para hablar ‘del traslado’ y además me hacía invitaciones para cenar y salir a tomar algo, remarcando que tenía que acceder a todo lo que me pedía para poder así hablar de su ‘traslado’.
Como no accedí a ninguna propuesta y lo bloqueé del WhatsApp, pasaron varias semanas y recibí una llamada de Chimiski diciendo que llegó a oídos de él que hice comentarios que tenía privilegios por mantener una relación con él, por lo cual estaba teniendo problemas con su pareja y me amenazó con tomar medidas”, se cita en la denuncia.
La policía aclaró que nunca tuvo privilegios y que su anterior jefe vio los mensajes enviados por Chimiski, por lo cual lo ofreció como testigo.
También lamentó que por toda la situación padecida casi perdió su trabajo y se separó de quien era su pareja.
Temor a represalias
A su turno, A.P. (30) precisó que en 2019 inició relación informal con el oficial principal José Luis Kinast.
“Trabajábamos en diferentes dependencias y cuando le manifesté que quería terminar con la relación, ya que ambos nos pusimos en pareja, empezó el acoso laboral. Me perseguía, me amenazaba con que iba a conseguir mi traslado”, indicó en sede judicial.
En el 2022 el oficial asumió como jefe del Comando Radioeléctrico de Santa Rita y trasladó a la denunciante a la comisaría de Alba Posse, donde actualmente presta servicio.
La denuncia de A. P.
“Este año asumió en la misma comisaría y comenzó la persecución. Que soy una maleducada, que me retobo, todo de manera injustificada ya que siempre cumplí con mis obligaciones y no tuve problemas de ningún tipo”, indico.
En ese contexto, agregó que “la semana ante pasada (al 17 de abril) pedí para hablar con él en su oficina y le pregunté en qué momento le falté el respeto, por qué me hostigaba y me maltrataba, a lo que él me dijo que si volvía a estar con él podía revertir la situación. Siendo que ambos tenemos familia le dije que eso no iba a pasar y que ya estaba cansada, que prefería pedir la baja antes de seguir trabajando de esa manera. En eso me dijo que antes que pida la baja me iba a correr de la Unidad Regional y que yo me acuerde que todo lo que él pide, el jefe de esa Unidad Regional lo avala como ya pasó con siete compañeros y compañeras trasladados”.
En la misma denuncia la mujer solicitó la restricción de acercamiento por temor a represalias.
“Podés pasar mejor”
En la cuarta denuncia, A. D. (23) declaró que entre fines del año pasado y principios del actual, el oficial Kinast le mandó realizar fajina en su oficina, circunstancia que aprovechaba para acosarla.
“Me miraba y gesticulaba cuando me agachaba, además me decía que estaba linda y que tenía un buen cuerpo. Me decía: ‘podés pasar mejor’, insinuando que podíamos tener una relación más allá de lo laboral”, expresó.
Más tarde el oficial trasladó a su pareja, también policía, lo que consideró como una represalia por negarse a tener una relación.
La denuncia de A. D.
“Decía que yo no servía para nada, que era una inútil, un cero a la izquierda (…) que era el tipo de mujer que se acostaba con los que trabajan en Jefatura para acomodarme y seguir trabajando en Alba Posse, donde vivo”, indicó.
Al igual que sus tres camaradas, A. D. mencionó que previo a recurrir a la justicia ordinaria radicó una denuncia ante Asuntos Internos de la Policía por acoso y hostigamiento laboral contra jefe de comisaria de Alba Posse.
“También quisimos denunciar al comisario mayor Chimiski, pero no nos quisieron tomar”, afirmó una de las damnificadas.
Asimismo, detalló que entregaron informes médicos, capturas de pantalla y grabaciones, pero la denuncia interna no prosperó y por ello decidieron acudir a la fiscalía.
En tal sentido, indicaron que “las presiones y amenazas siguen porque los jefes siguen trabajando en los mismos cargos. Estamos pasando mal, con mucho miedo y es injusto”.
Un típico hecho de violencia institucional, tuvo como víctima a un muchacho que trabaja como ayudante de construcción. Hijo de un policía, golpeado sin atenuantes y doce horas en el calabozo son los hechos conocidos. En total actuaron cinco uniformados con excesos y apremios ilegales.
Nicolás Nahuel Ríos fue apremiado y golpeado por dos policías motorizados dependientes de la base de patrulla de Fátima, cuando salía de su trabajo rumbo a tomar el colectivo sobre la Av. Alberto Roth.
El joven de 24 años, fue interceptado por los agentes para un supuesto control de rutina; le pidieron su identificación, lo palparon, requisaron sus pertenencias. Sin encontrar razones fundadas, lo esposaron y lo tiraron al piso golpeándolo. Inclusive en el móvil continuó la golpiza.
(¿Qué películas les hacen ver los instructores a los cadetes en la Escuela de Policía?)
Lo único que Nicolás Ríos asegura que la reacción extemporánea de los policías podría deberse al haber dicho que "era hijo de un policía"; presuntamente los motorizados lo pararon por tener una vestimenta y "portación de rostro". "Me expresé bien, no me resistí y sin embargo me agredieron verbal y físicamente"
"Es la primera vez que arrestan; es un momento muy feo" explicó desbordado de impotencia; Nicolás dijo que hizo la denuncia y espera la actuación del juez. "Me dejaron el rostro desfigurado, con lastimaduras en las articulaciones, no puedo caminar; ahora no puedo trabajar y si no trabajo No como".
(¿Asuntos Internos les hará un sumario y los trasladará a un pueblo del interior de Misiones?)
Las declaraciones de Nicolás Ríos fueron vertidas al programa "Con fundamento Kriollo" por Radio Lateral. De la misma fuente procede el material fotográfico.
Un accidente laboral se ha transformado en un hecho político cuyos alcances judiciales llegaron a la Intendencia y el Concejo Deliberante de Garupá. Hay deslindes de responsabilidades del Estado local como de la entidad cooperativa. El juicio en marcha es por una cifra millonaria.
El cariz institucional que tomó la denuncia ventilada por la televisión, la radio y las redes sociales, con mutuas acusaciones de las partes en pugna, resulta ineludible periodísticamente.
El inevitable marco de la campaña electoral ha teñido un litigio indemnizatorio en un asunto que envuelve a la reconocida cooperativa "El Hijo del Carpintero" presidida por el Martillero Público Saúl Andresito Roa y de la que son miembros principales otros familiares.
La entidad fue ganando espacio social y creando labores en instalaciones de fibra óptica, panaderías, cría de cerdos, trabajos de desmalezamiento de espacios públicos.
Este medio solicitó en dos ocasiones una entrevista con el titular de la Cooperativa "El Hijo del Carpintero" para video registrar su versión de lo que pasó; Saúl Roa consideró que No y se remitió a las actuaciones que recomienda el abogado.
El demandante Ezequiel Camargo, amputado de una pierna - No acepta por exiguo el monto de la Compañía de Seguros San Cristóbal en torno al millón cuatrocientos mil pesos, cifra máxima permitida por la cobertura que tiene la póliza. Según el propio Camargo, desde la cooperativa le ofrecieron el 50% de esa cifra, intermediando ésta en la ejecución cobro.
La defensa de Ezequiel Alberto Camargo aceptó el reportaje. Dialogamos con el Dr. Javier Mela quien encuadró el tema en la figura de "fraude laboral" e inculpa a la Municipalidad de Garupá. Vea y escuche detalladamente lo que dice:
El 3 de junio de 2022 ocurrió el tremendo accidente, que terminó con la amputación infrapatelar de una pierna a Ezequiel Camargo de 21 años. Aquí la información recolectada establece una tilde para una presunta mala praxis hospitalaria, ya que el accidentado fue internado en el Hospital Madariaga y al parecer no fue atendido acorde a la magnitud de la lesión sufrida.
Fuentes contaron a este medio que tuvo que intervenir un Senador Nacional de JxC, entre otros, para que se contuviera adecuadamente a éste paciente, que tras una severa infección, perdió parte de un miembro inferior.
Vean atentamente lo que la propia víctima contó de lo sucedido aquella mañana del 3 de junio de 2022, y otros detalles sobre el manejo de planes sociales:
El relato de las partes en conflicto se desplegó profusamente en las redes sociales, donde el accidentado achaca a Saúl Roa, como cabeza de la organización, la negativa a pagarle un monto reparatorio equivalente a la invalidez manifiesta que presenta. La mención del parentesco con el candidato a Intendente de Garupá y Diputado provincial Rolando Roa aparece como un oportunismo en la demanda, motorizado por la oposición de la línea PRO en Garupá. De hecho hubo una gestión ante el canal 8 - Misiones Cuatro -"puertista - macrista" para que amplificara el batifondo armado en las redes sociales. Según recabamos, presuntamente el impulsor de la nota sería el candidato a Intendente Sebastián Dutra. Por su lado Federico Britez, enfermero de profesión, candidato a Diputado provincial, de notables denuncias en los últimos tiempos fue directamente más explicito en su sitio de Facebook.
Dutra y Brítez removieron el avispero y le dieron el tamiz de azufrada operación política a un conflicto que se planteaba hasta el presente en el fuero laboral. Un asunto grave pero laboral. Hoy se tornó una Caja de Pandora.
Escribió textual el candidato a diputado provincial Federico Britez en su sitio de Facebook:
➡️ El es Esequiel Camargo, me pidió por favor que haga público su caso y lo difunda. Desde la RENOVACION lo censuran en los medios y en las redes sociales. Tiene 21 años, el 3 de junio del año pasado tuvo un accidente laboral en el cual perdio su pierna derecha y afecto parcialmente la otra. Trabajaba para la "Cooperativa de Trabajo el Hijo del Carpintero" la cual preside SAUL ROA. Hijo del ex intendente DANIEL ROA y sobrino del actual candidato a intendente de Garupa ROLANDO ROA (actual diputado provincial por la renovacion).(*N.R: Subrayamos el estiramiento argumental a los efectos políticos del mensaje)
🚫 Hasta el momento no pudo cobrar el seguro de su accidente, no pudo obtener su pensión, sigue soñando con poder tener su prótesis. Su vida cambio para siempre, jugar al fútbol era una de sus pasiones, sueña con poder seguir estudiando y quiere trabajar.
🚫 A estas personas no les basto con abandonarlo por completo, tuvieron que mandarle una carta documento para mantenerlo en silencio.
✅️ Tiene todo mi apoyo. No quiere ningún tipo de ayuda económica, lo único que me pidió es que compartan y se haga viral.
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El hecho fue respondido por Saúl Roa sin demasiadas vueltas, señalando una operación política montada desde el sector opositor que responde a Raúl Armando "Tito" Ripoll hoy erigido en conductor de la falange PRO de Juntos por el Cambio.
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(*Todo el mundo político garupaense cita las mañas de Tito Ripoll; los hermanos Roa, fueron discípulos de su escuela ocupando cargos durante la Intendencia del caudillo)
Un flyer divulgado adjudicando la operación política a Tito Ripoll, Dutra y Britez
Consultado por este medio, Saúl Roa manifestó del joven Ezequiel Camargo "...a este chico lo están utilizando políticamente Tito Ripoll y todo Cambiemos, le están haciendo la cabeza y el 7 de mayo nadie se va a acordar de él; a este chico el seguro le está esperando para que cobre la plata, el seguro se ofreció para comprarle la prótesis, nosotros le ofrecimos muchísima ayuda, hicimos muchísimas cosas por él, pero decidió ir por la vía judicial y ahora tenemos que esperar los plazos de la justicia, el estatuto de la cooperativa no permite continuar ayudándolo cuando esta una demanda de por medio" .
Los intercambios jurídicos en curso y lo publicado por la Cooperativa refieren gastos en medicamentos y otros por $350 mil, asistencia psicológica, compra de cama y colchón, el préstamo de una silla de ruedas, luego muletas, pintura y hasta la organización de una rifa.
Escrito con la firma de Ezquiel Camargo al retirar el dinero de una rifa en su favor.
En torno a éste sorteo hubo una cadena de mensajes de Whatsapp y una carta documento que lo intima a Camargo a retirar una suma de $101 mil 500, resultante del evento, en el cual, por la tómbola misionera del 15 de septiembre pasado, se premiaron a los ganadores con un lechón de la granja "Sagrada Familia" (de la cooperativa); una cena de $4000 en resto bar "Cuna de Canoas"; 5 kg de asado de Carnicería "El Ruso"; un mes gratis en el gimnasio Mbareté (de la cooperativa); una taza y remera personalizada del estudio gráfico Ideas (de la cooperativa); Un kilo de torta de la panadería "Como pan caliente" (de la cooperativa). Todo en términos solidarios.
Carta documento donde se pide a Ezequiel Carmargo que retire el monto recaudado en una rifa solidaria.
Saúl Roa salió en defensa de su reputación mediante una carta documento, de fecha 9 de febrero del corriente, remitida al estudio del abogado Javier Mela, en la calle 25 de Mayo, de Posadas. En ella rechaza por "falsa y maliciosa" a la publicación de Carmago en redes sociales y lo conmina a retirar los posteos mas retractarse de la injuria. Allí se citan tres puntos claves: el seguro grupal contratado para los trabajadores y el uso del servicio de salud pública. Además se exculpa de la responsabilidad al No estar presente en el momento del accidente, atribuyéndole todo a la impericia y negligencia del tractorista.
En esta carta documento encuadran a Ezequiel Camargo como "socio cooperativista".
Pese al reconocible telón político con la evidente intencionalidad de salpicar a uno de los fuertes jugadores de la Renovación en el distrito, las denuncias judiciales en curso abrieron nuevos elementos y actores.
Uno de los demandados es la Municipalidad de Garupá como presunta contratante del servicio de la Cooperativa "El Hijo del Carpintero" para el desmalezamiento antes citado. Luego toda la cúpula de la entidad. Y de modo adjunto, en el fuero penal, el maquinista Jorge Ariel Bandera que manejaba el tractor de cortar pasto, cuya cuchilla se quebró al impactar contra el cordón cuneta, dando cual "bumerang" contra la humanidad de Ezequiel Alberto Camargo que se encontraba a metros por delante sacando piedras y basura.
Todo aconteció en la colectora San Cayetano, entre calles Los Paraísos y Mamerto Gatti, del Acceso Sur de Garupá. Intervino la Comisaría Quinta situada en la misma vía, unas cuadras más arriba.
Fuentes revelaron que el tractor cortador de pasto, era un vehículo entregado 0 Km por Desarrollo Social de la Nación durante la gestión del actual Diputado Rolando Roa como Delegado del organismo. Así también otros equipamientos con los que se cimentaron varios emprendimientos manejados por el grupo familiar a los que se asocian trabajadores.
La demanda penal contra Jorge Ariel Bandera, el tractorista - otro socio de la cooperativa - por lesiones culposas. Hoy parece ser el único responsable.
La Municipalidad contestó intimaciones negando toda relación con los hechos y con la Cooperativa de marras; en orden a ello, el concejal de JxC, Gustavo Ernst presentó un pedido de informes en Concejo Deliberante de Garupá dirigido al Departamento Ejecutivo (Lucho Ripoll) para conocer los hechos y las medidas que tomó. El proyecto pasó a comisión con el argumento de "no empañar la campaña" con el ríspido tema. (¿entre bueyes no hay cornadas?)
Fuentes municipales - oficialismo renovador - dijeron a este medio que Ezequiel Camargo "nunca trabajó con nosotros pero sí el hermano que hace poco renunció a la Patrulla Urbana"; "ese tractor 0 Km al que se le desprendió la cuchilla y le sacó la pierna a este muchacho...es una prueba de que (los Roa) generan esos proyectos productivos, que en lugar de darle a gente las maquinarias, se guardan todo para la familia de ellos; No tenemos nada que ver con esa cooperativa; ¡mirá si le vamos a dar laburo a la gente de Roa en lugar de darle a la nuestra!;... es una empresa ( la cooperativa) que le pagaría Vialidad Nacional..."
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Tal como se explicitó en entrevistas y datos relevados, parece que el hilo se corta por lo más débil, por lo que el tractorista Jorge Ariel Bandera aparece como el único señalado, ya que las otras partes se exculpan del caso y de la eventual indemnización. Puntualmente la cooperativa considera como "escandalosa, alejada de toda racionalidad" a la cifra reclamada por la defensa de Camargo. El curso de los acontecimientos judiciales y las testimoniales determinarán las responsabilidades en un futuro inmediato.
Alcides Cruz
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El comunicado de la Cooperativa dice textualmente:
"-A TODA LA SOCIEDAD GARUPAENSE-
-Ante los malintencionados infundios y el lamentable uso del triste y desafortunado accidente de Ezequiel, perpetrado ya hace más de ocho meses, oportunidad en la que la Cooperativa de Trabajo El Hijo del Carpintero lo acompaño desde el primer momento del penoso hecho, brindando toda la asistencia que la urgencia del momento requería, afrontando la totalidad de los gastos que la circunstancia imponía, gestionando la mejor y más rápida atención, desde luego sin perjuicio de la inmediata intervención del seguro contratado oportunamente, logrando la inmediata atención de la Salud Publica, como es de practica en este tipo de accidentes.
-Por cierto, que ante la gravedad e implicancias del accidente de manera urgente se afrontaron los gastos de refacción y acondicionamiento de su hogar a fin de atenderlo con la mayor comodidad posible en su proceso de recuperación, acompañando con los medicamentos e insumos, silla de ruedas, muleta, servicio de internet de su vivienda, atención de psicoterapeutas a domicilio promoviendo mitigar de esta manera el difícil momento personal y familiar.
-De la misma manera se le ofreció seguir formando parte de la Cooperativa en un sector en el cual pueda desempeñarse con comodidad y solvencia, al mismo tiempo se le ofreció becar el cien por ciento de sus estudios académicos para que pueda seguir la carrera que lo apasiona.
-A ese esfuerzo institucional se le sumo la solidaridad y cercanía de sus compañeros, vecinos y amigos que realizaron rifas y otras actividades para acercarle un dinero adicional, más allá de la cobertura que el seguro le garantizo para comprar la prótesis complementado la suma de dinero indemnizatorio que la ley obliga en estos casos tan lamentables.
-Sin embargo, influenciado por asesores mendaces, Ezequiel tomo la determinación de interrumpir el vínculo con nosotros mediante telegrama #CD143826595 demandando una suma escandalosa alejada de toda racionalidad, cuando él tenía y tiene todo nuestro apoyo, estando a su disposición la compra de la prótesis y la suma indemnizatoria por parte del seguro.
-Por todo esto, REPUDIAMOS DE MANERA CATEGORICA, el uso político de tan doloroso accidente EXHORTANDO a los VIEJOS POLITICOS, que enquistados en el PODER solo trajeron retraso y encono en la Ciudadanía Garupaenses. Pedimos que dejen de usar el DOLOR ajeno solamente para pretender beneficios a partir de la difamación, la injuria y la mentira.
-Sabemos que Ezequiel es víctima de las influencias mal intencionadas de PERSONAJES DEL ODIO que a poco que transcurra el tiempo lo abandonarán a su suerte, pero allí estaremos NOSOTROS, para acompañar, contener, dar trabajo, construir concordia, fortalecer vínculos, potenciar la solidaridad social y hacer de GARUPA UNA CIUDAD CARGADA DE VALORES.
ADJUNTAMOS ALGUNAS DE LAS TANTAS PRUEBAS QUE TENEMOS PARA RESPALDAR NUESTRAS PALABRAS Y LAS CARTAS A DOCUMENTOS QUE SON UNICAMENTE EN CARACTER DE DIALOGO LEGAL CON EZEQUIEL. ASI MISMO TODA LA DEMAS DOCUMENTACION QUEDA DISPONIBLE PARA VENIR A MIRAR EN NUESTRAS OFICINAS.
“COOPERATIVA DE TRABAJO EL HIJO DEL CARPINTERO LTDA.”
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* Éste medio tiene abiertos cámara y micrófono para cualquiera de las partes señaladas en la información recolectada.
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Alias: El-Vecinal
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Denuncian hechos de violencia y desmonte en Mártires, dañando un importante remanente de Selva
Maquina del contratista privado
El propietario y emprendedor a cargo del camping Yasý, Selva & Agua, Manuel Goncalves, denunció que el día 23 de febrero entre 7 y 8 personas ingresaron de manera violenta al predio, con una maquina, y talaron árboles, dañaron infraestructura y se llevaron una computadora personal. Se trata de un predio con unas 100 hectáreas ubicado en Mártires, en la zona centro de Misiones, uno de los remanentes de Selva Paranaense más importantes de la zona Centro de Misiones, donde se protege al arroyo Mártires Grande.
“El jueves 23 de febrero, desde las 6:30 de la mañana, varios vehículos se encontraban estacionados a la vera de la ruta 103 mirando hacia el balneario y una máquina excavadora avanzaba abriendo camino en el lote privado e iniciando así un desmonte ilegal en el Lote 86, con claras intenciones de abrir camino hacia el camping emplazado en el Lote 87 C y 87 D y Lote 86”, contó el emprendedor, tras denunciar el hecho que ahora está en manos de la Fiscalía de Instrucción II de Oberá, el Área de Bosques del Ministerio de Ecología y la Subsecretaría de Tierras y Colonización de Misiones.
“Hicimos una denuncia penal por esto y estamos esperando poder retomar la posesión, ya que a base de mucha violencia nos sacaron de ahí, tumbaron árboles, destruyeron el trabajo de varios años y también nos robaron cosas”, expresó.
Ya en diciembre pasado, el día 20, indicó Goncalves, las mismas personas habrían ingresado abruptamente a Yasý, tras lo cual habrían echado a los visitantes y se habría evidenciado violencia verbal y física hacia una mujer que intentó impedir la situación.
Quienes protagonizaron estos hechos aducen contar con documentación que acredita que son dueños del predio. Sin embargo, Manuel Goncalves aseguró que esos documentos son apócrifos. “Es la tierra de mi abuelo Jorge desde los años 60. El camping funcionó hasta 1990, luego el lugar se utilizó como predio familiar y en el 2019, cuando me fui a vivir a Mártires, se inició el emprendimiento turístico”, explicó.
Al detallar el área afectada, Goncalves indicó que “abrieron varios caminos; en febrero tumbaron un montón de árboles con motosierras, y ahora en febrero hicieron aproximadamente 250 metros de calle –en paralelo con la ruta 103- con una excavadora, con lo que tiraron árboles y pastizales, y dentro del camping cortaron los árboles a lo largo de los 300 metros del camino de ingreso, haciendo que caigan sobre ese camino para impedir el ingreso”.
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Este medio habló con el propietario Manuel Goncalves y dió los nombres los principales acusados por este hecho de intento de apropiación de tierras.
Collage de fotos de los acusados publicadas en el portal de Instagram del campo turístico.
Señalo a la Sra. Nora Arnold, a su esposo el ex Fiscal Federal de Posadas Rubén González Glaría y al sargento ayudante Raul Valle - alias El Penitenciario - a quién sindica como el ejecutor de las tareas de inteligencia y posterior roturas de candados y desmonte. Así también quién profirió amenazas de balacera. Luego como actores secundarios a Fabiana Arnold, Christian "Patán" Albarracín, agente de seguridad del sanatorio de los camioneros en Posadas, Carlos González, agente de seguridad privada en una empresa del rubro, también de la capital provincial y Cristian Iván Osorio.
La denuncia por usurpación tiene el patrocinio legal de los Dres. Crysthyan Pacheco y Franco Flosi de Oberá.
Manuel Goncalves comentó que..."el ex Fiscal Rubén González Glaría tiene otras denuncias - entre ellas - una por trata laboral de personas. Hoy el está de licencia con reposo absoluto" aunque sospechan de la veracidad de su dolencia.
Ya en los años sesenta mi abuelo tenía permiso de ocupación del municipio; en los ochenta compra el terreno y después fallece. Hoy estamos terminando la sucesión. Al parecer el ex Fiscal González Glaría se hizo de los papeles catastrales a través de los inspectores de la Subsecretaría de Tierras y Colonización de la provincia.
Arrancaron tres o cuatro hojas del final del documento de compra. En noviembre pasado las partes en conflicto tuvimos una audiencia con la Subsecretaria Sonia Melo y la funcionaria reconoció el error del organismo en la toma de datos. Desde ese momento empezaron los ataques, cuando vieron que No tenían mas argumentos legales; esta maniobra la iniciaron en el 2019 y el año pasado recién me enteré y puse un abogado..."
Datos periodísticos del denunciado Fiscal Federal de Posadas
"...fiscal general federal en Misiones, Rubén González Glaría (68 años), quien fue acusado de “extorsión, amenazas, fraude en perjuicio de la administración pública, peculado y funciones correspondientes a otro cargo”. Glaría está siendo investigado por dichos delitos desde 2019 por el fiscal de la Procuración General de la Nación, Pablo Turano, causa que lleva adelante el juez Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, José Luis Casals.
"...un presunto delito de trata de personas por explotación laboral, donde la intervención de la Fiscalía habría sido indispensable para la resolución final del caso. También una evasión tributaria, cuya apelación debería hacer la Fiscalía general, y que cayó por presentación intempestiva. Además hizo alusión a un expediente donde González Glaría fue denunciado ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, por la muerte de un obrero, el cual habría sido atropellado por un avión de su propiedad." (Misiones On Line 27 de June de 2022) --https://misionesonline.net/2022/06/27/indagatoria-fiscal-federal-gonzalez-glaria/-
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La inseguridad, falta de alimentos y agua es resultado de un modelo que hay que cambiar, advierten desde la CCC.
Zaida Vallejos, referente de la CCC de Mártires
Los hechos de violencia y desmonte para la apropiación de las tierras del camping Yasý, Selva & Agua denunciados recientemente, son el reflejo de la cotidianeidad en Mártires. Así lo advierte Zaida Vallejos, referente de la Corriente Clasista Combativa (CCC), quien junto a otras familias, viene trabajando para multiplicar la producción de alimentos agroecológicos, el empleo y la conservación del ambiente en ese municipio.
La dirigente indicó que si bien es de público conocimiento la importancia de la producción de alimentos, lo que verdaderamente gana territorio en Mártires es el monocultivo de exóticas, suprimiendo tierras agrícolas, territorio para los indígenas, monte, agua, y mano de obra; y generando inseguridad, con fuerte impacto en la población de los jóvenes. “Si realmente queremos empleo, seguridad, alimentos y agua, tenemos que cambiar el sistema actual”, manifestó.
“Con Yasy Selva y Agua queda al descubierto una problemática de hace muchísimos años”, enfatiza Vallejos en un comunicado de la CCC de Mártires.
El propietario del camping Yasý, Manuel Goncalves, denunció que el día 23 de febrero, entre 7 y 8 personas ingresaron de manera violenta al predio, con una maquina, y talaron árboles, y dañaron infraestructura. Se trata de un predio con unas 100 hectáreas ubicado en Mártires, en la zona centro de Misiones, uno de los remanentes de Selva Paranaense más importantes de la zona Centro de Misiones, donde se protege al arroyo Mártires Grande.
“Todos los días se violan los derechos de los ciudadanos” en este municipio, destaca el comunicado. “En barrios aledaños, con gente y niños hacinado en viviendas precarias en terrenos 10x20, donde una persona humilde quiere tener una pequeña porción de chacra para producir sus alimentos, les llegan poderosos políticos con acceso a documentación e información, a apretar y desalojar por la fuerza, y hacen que vuelvan a los barrios humildes”, se lee en otro tramo del escrito. “¿Cuántas hectáreas se consiguen por la fuerza para deforestar “, se pregunta.
Vinculado a esto, el escrito de la CCC hace notar que “miles de hectáreas fueron deforestadas para la plantación de pinos hasta la vera de los arroyos, que están contaminados por la gran cantidad de venenos utilizados”. A la par, se señala que este modelo de producción suprime empleo, y se enfatiza sobre la situación de los jóvenes en ese contexto: “el pino en cantidades exorbitantes, solo ocupa un maquinista y un técnico, que ni siquiera son de esta zona”, y “por el problema de la falta de empleo, nuestra juventud se está perdiendo”.
Mártires, se expresa, “es un punto estratégico para la producción y venta de alimentos y ahí tenemos nuevamente la problemática del agua para generar otro grupo de trabajadores, que bien resolvería en gran parte la faltante de empleo”.
En esa misma línea, el comunicado de la CCC visibiliza la situación de los pueblos originarios:
“La comunidad Guaraní de Mártires también está sufriendo el apriete para que abandonen sus tierras y se unan a los precarios barrios. Hace tiempo están padeciendo la faltante de agua apta para el consumo, luz para la conectividad y educación de sus niños... quieren cansarlos y que dejen sus tierra que curiosamente esta a la vera del arroyo Yabebiry (casualidad o no, hace unos meses les visitó un grupo de diputados para ‘ver’ las condiciones de vida y la solución que ofrecieron fue ´’les conseguimos un terreno en el pueblo donde acceden a todos los servicios’)”.
Finalmente, además de los desalojos, desde esta organización expresan, a través de las redes sociales, preocupación por hechos de inseguridad “principalmente en el lote 77, (donde) en una semana (se registraron) 7 robos, gente golpeada, apuñalados, disparos con arma de fuego, machetazos... hace casi un año venimos pidiendo que se refuerce la seguridad y la Policía dice que tiene solo un policía y un móvil”.
Informe de Cristina Belsold / Redacción.
Alias: El-Vecinal
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En operativos llevados a cabo por la Policía en conjunto con la Agencia Tributaria de Misiones, se retuvieron 115 camiones en lo que va del año, con 3.300 toneladas de diferentes granos ingresados de manera ilegal a la provincia.
Estos procedimientos se efectuaron en su mayoría en San Vicente, Apóstoles, Garupá, Posadas, Aristóbulo del Valle, entre otras localidades. La mayoría de las incautaciones se hizo por excesos de cargas en los rodados, la falta de documentaciones y desvío de la hoja de ruta estipulada, con el fin de evadir impuestos.
Entre los secuestros predominó la soja, el maíz, porotos, como así también alfalfa, aceite, harina, alpiste y girasol. Asimismo, se procedió al secuestro de cuatro maquinarias agrícolas ingresadas de manera ilegal a la provincia, por no contar con la documentación pertinente, como así también de diferentes tipos de agrotóxicos.
El tráfico ilegal de granos no se detiene en Misiones y hace días en la localidad fronteriza de El Soberbio, personal de Gendarmería Nacional secuestró dos transportes de carga y su mercadería por detectar irregularidades en la documentación, puesto que llevaban más de 100 toneladas de soja de contrabando.
Personal del Escuadrón 7 “Paso de los Libres” de la Gendarmería Nacional incautó el 2 de enero seis camiones de soja provenientes de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero y Santa Fe, los cuales pretendían ser trasladados a diferentes localidades de Misiones. En total los rodados transportaban 110.780 kilogramos de soja a granel, correspondiendo a un avalúo estimativo de $10.610.780 pesos
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Desolación por el anquilosamiento de la maquinaría del Estado y letargo por lo paquidérmico de la justicia. Una familia envuelta en una carambola burocrática, luego de cuatro meses. Increíble.
El seis de septiembre de 2022, el Intendente Luis Ripoll habló por Radio República. La tragedia acaecida en barrio San Cayetano, un asentamiento que creció a una cuadra larga de la avenida Juan Domingo Perón - la que entra del monumento al Indio hacia el centro garupaense, había conmovido a toda la provincia. Medios nacionales se hicieron eco.
Lucho dijo que "el predio estuvo abandonado mucho tiempo y hace poco, una empresa constructora empezó a utilizarlo y a construir un muro de contención. Con movimientos de tierra y sin los apuntalamientos necesarios que sirven para contener la construcción, el muro no soportó la lluvia y se derrumbó sobre la vivienda que estaba pegada al mismo, dejando entre los escombros sin vida a una niña de 6 años.
Ripoll especificó que nunca notificaron a la Municipalidad sobre dicha construcción y además, los procedimientos a la hora de construir fueron precarios y negligentes. Hay una serie de precauciones que se deben tener porque cuando llueve, la tierra removida se desplaza. Además, no hay un responsable local en la obra, ya que el dueño de la constructora no está en la provincia". Radio República - 6 de septiembre de 2022 / Reproduce: Misiones On line
Sin embargo, con la lupa del tiempo, las cosas no fueron así. El intendente evidenció públicamente saber de la existencia de una empresa de la construcción ubicada a diez cuadras del edificio municipal. Que hacía movimiento de suelo y reformas. Que No hubo registro ni responsable ante la oficina correspondiente.
Este medio pudo entrevistar al casero - cuidador de ese galpón quién nos reveló que esa empresa operaba en claroscuro desde el año 2016, fecha en que empezó a trabajar, es decir por lo menos seis años antes del drama acontecido.
La primera conjetura es conocer dónde se ubica la negligencia. La ilegalidad con la que trabajaba esa empresa, según lo afirmado por el Estado municipal o la ausencia de control del mismo.
Según el casero - cuidador Arnildo Fernández, el titular de la hormigonera es Jorge Broemser, un próspero empresario septuagenario que presuntamente, además es dueño de uno de los más importantes salones para fiestas de gala de la ciudad de Posadas, hotelería en Puerto Iguazú y vínculos con una reconocida constructora de la provincia.
Horas después del derrumbe - sucedido a las 04.45 en medio de una copiosa lluvia - fue Arnildo quién avisó al encargado de la empresa Donato Correa - que se encontraba en Posadas - y éste al patrón sobre lo ocurrido. El patrón apareció en escena unos quince días más tarde. El Intendente Ripoll comentó que se encontraba fuera de Misiones.
Según la fuente, "la hormigonera" contaba al menos con cinco obreros, presuntamente todos contratados de modo irregular. Varios renunciaron precavidos al parecer, de cuando el patrón comenzaba a decir "aguantame un poco" a la hora de pagar el salario. La rotación de gente era constante. Uno de los intermediarios se identificaba como "Nico", el hijo del dueño. Era quien "ponía la cara" para amortiguar los hábitos dilatorios del jefe principal.
Los presuntos nombres de la firma serían: "Contyser o Dilicom"; el titular estaría registrado ante el fisco como "servicios de arquitectura e ingeniería y asesoramiento técnico". Un detalle: sin empleados. Otra fuente contó que presuntamente, el empresario no tendría empresas a su nombre sino mediante testaferros. El cartel que se ve en la foto, al lado del portón de entrada fue retirado.
El frente del predio donde sucedió la tragedia. Antes era un aserradero comentó el Intendente.
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Por lo menos un día antes, Darío, el padre de Mikeila Aylén Galeano le había llamado la atención al tractorista y encargado Donato Correa que el apisonamiento del suelo provocaba derrame de arenilla del otro lado de la pared, donde estaba su casa. Según nos relató Noelia Sosa - la madre - éste operario No le dió la debida importancia al asunto. Mas bien procedió socarronamente. Mire y escuche lo relevado en la caminata con el padre de la niña, Darío Galeano:
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El enojo de la señora Noelia Sosa con las autoridades municipales de Garupá deviene de las reiteradas promesas incumplidas o mentiras - según ella - de que le darían un terreno y un corte de casa. Tal como se explicita en la entrevista, lo único que atinaron a hacer, "es mandar una camionada de tierra que la dejaron en la entrada del terreno" nos dijo.
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La cuestión de los abogados es un dato singular. A las pocas horas de ocurrida la desgracia apareció en escena un joven abogado ofreciendo sus servicios; luego otro más. Gracias a una oportuna alerta recibida por la familia, se pudo evitar la treta de que el mismo estudio de abogados atienda de los dos lados del mostrador.
Hoy la familia Galeano es asistida por una abogada comprometida con el caso. Según pudimos recabar, tras la feria judicial comenzará a activar pedidos de informes periciales y documentales, que fueron curiosamente dilatados. El juez que instruye la causa es el Dr. Miguel Mattos, despacho Nro 7 de Posadas.
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Otra secuencia que se desprende del reportaje es la existencia de tenedores abusivos del Registro Nacional de Barrios Populares; a la fuer personas que se quedan con espacios mayores a lo que sería una igualitaria distribución del denominado como polígono. En el barrio San Cayetano hay familias que se apoderaron de importantes parcelas, según denuncia la presidente de la Comisión Barrial Itatí Alfonso; señala los fines inmobiliarios por la venta de terrenos.
"De acuerdo con la referente del barrio ( La Costa o ex San Cayetano o Barrio Jardín), Itatí Alfonso, los que se estarían apropiando de lotes serían Enzo y Ramón Mereles, “que viven en la otra cuadra, con certificados del Renabap, como todos acá, porque es un barrio popular”. Y también apuntó contra Lucía Céspedes y Ricardo Montiel". (Misiones Cuatro Web)
Este tema lo abordaremos en otra secuencia específica, pero es una constante en Garupá, dentro de un complicado manejo de las tierras fiscales, municipales y privadas.
