Hace unos días atrás hubo encuentro de comunidades originarias en el Campus de la Universidad Nacional de Misiones. Tres jornadas de confraternidad de delegaciones de varias naciones procedentes de otras provincias además de los anfitriones mbya guaraní.
La cuestión de la tenencia y registro formal tierra fue el centro del debate. Sobre ese eje también se hablaron los avances No consentidos por los pueblos sobre los recursos naturales como el litio, los bosques nativos, y fundamentalmente el uso del agua en emprendimientos extractivos de alto impacto como la minería.
Un parte de los caciques Mbya decidió confrontar una situación largamente desventajosa que los apremia y que, a lo largo de muchos años, no define su problema de mensura territorial y titulo de propiedad, cuyo limbo jurídico, no permite el desarrollo pleno de las comunidades.
En Misiones hay organizaciones tradicionales que son de base indígena, la pastoral aborigen (EMIPA) y la linea Marangatú que se atribuye el mérito de haber derrocado al inefable Arnulfo "Miki" Verón de Asuntos Guaraníes para cambiar el ambiente hostil de entonces. Luego grupos menores.
El Consejo de Caciques fue creado por el gobierno de Carlos Rovira, como un brazo de la estructura gubernamental. El presidente es Alejandro Benitez.
Los derechos indígenas No están en la Constitución provincial; los mbya reclaman el reconocimiento constitucional porque quieren ser parte del Estado provincial y no solamente una figurita decorativa para el turismo o las declamaciones voluntaristas de los políticos ocasionales.
La Dirección de Asuntos Guaraníes y la Dirección de Tierras y Colonización son las autoridades de aplicación de los derechos; tienen el mandato de otorgar espacios legítimos y legales a la comunidades; inclusive comprar o recibir la donación y aún expropiar a privados. (Ley VI Nro 37). Sin embargo pasaron los años, la Ley 4000 ( año 2003) que reivindicaba la pre existencia de los mbya guaraníes y el llamado a consulta popular que lo ratifique fue declarada caduca por el Digesto; los plebiscitos no son del agrado de la cúpula renovadora.
Hoy son 135 comunidades; en 20 años se triplicó la cantidad, de las cuales masomenos unas 30 tienen solucionado su problemática de tenencia de la tierra. Algunas cuentan con el relevamiento territorial sin la seguridad de que en el futuro vayan a mensurarlas y darles el titulo correspondiente.
La ley nacional 26160 ordena el relevamiento del territorio que no es lo mismo que la propiedad de la tierra,
Por ejemplo, si una comunidad está al lado de una reserva provincial y de allí la comunidad recibe el agua para el consumo, esa vertiente forma parte del territorio, pero no significa que esa reserva es propiedad comunitaria de los indigenas. Hay una confusión por parte de los mbya guaraní que dicen "yo tengo mi carpeta de relevamiento" como pasa en Puerto Libertad con la multinacional Arauco. La empresa hace caso omiso de los proclamados derechos indígenas y planta pino sin miramientos; es territorio indigena pero no tiene demarcada su tierra. No esta agrimensurada como está obligado el Estado provincial a concretar. Tampoco hay una ley de propiedad comunitaria.
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La CN habla de devolver las tierras a los pueblos originarios, pero aunque la Carta Magna esté por encima de cualquier normativa provincial, nace una contradicción soberana con el articulo 124 de la CN donde las provincias se reservan los derechos pre existentes de los recursos naturales que son el suelo, el agua, la flora , fauna, minerales etc.
Se sobreentiende que en los recursos naturales, en el hábitat, están inmersos los seres de carne y hueso. Pero prima la visión que No considera al hombre como centro existencial, ya que de contemplarse la normativa desde ese lugar choca de frente con los intereses multinacionales que operan orondamente en los patrimonios naturales, que subvierten las decisiones soberanas a las apetencias de gobernantes, empresarios e influyentes enfocados en lo extractivo - económico.
Mientras este neo extractivismo impere sobre los recursos naturales y por sobre lo humano, es claro que a los pobladores originarios no les van a "devolver las tierras" aunque pataleen de ser preexistentes a los dominios y usufructos legalizados a posteriori a fuer escrituras, decretos de gobiernos y fallos dudosos de jueces corruptos.
Ni siquiera los gobiernos progresistas hicieron nada para enmendar este vacío legal. Son dos mil comunidades en el país que están en el limbo. Nada avizora un cambio signado por la CN del 94. Todo atenta contra la supervivencia del conjunto de los habitantes del territorio argentino por el daño eventual irreparable.
Los recursos naturales mas apetecidos por las multinacionales están justamente donde viven los núcleos originarios; en general son territorios elegidos para la vida; los originarios conocen el alcance de sus riquezas; sus fuentes de supervivencia intergeneracional.
Hoy si o si necesitan constituirse en un lugar; necesitan la propiedad fehaciente porque las comunidades indígenas corren el riesgo de quedarse sin nada; el propio crecimiento demográfico les impele encontrar un espacio de pertenencia legalizada. Por ejemplo en Puerto Iguazú, hay comunidades que crecieron de siete a diez veces en cantidad de familias los últimos veinte años. Todavía continua la migración interna de grupos que buscan un mejor lugar para vivir, para no ser perseguidos ni amenazados por el desalojo como consecuencia de los intereses empresariales apañados por el gobierno. Nadie está seguro jurídicamente.
Un ejemplo más es la tierra del Fisco, unas 5 mil hectáreas ubicadas en proximidades de El Soberbio que antes eran del consorcio de Papel Misionero, el IPS y la UNAM. Hoy pertenece a la Fundación Arcor. La zona de Colonia La Flor, a 40 km entrando hacia San Pedro por la ruta 16. La empresa caramelera compró el predio con los originarios adentro. La tierra No es de ellos; si cambiara la tendencia política abruptamente, están expuestos a que los saquen sin mediar palabras y los tiren en cualquier lado.
Brasil da evidencias de varios hechos en la zona de los agronegocios con persecuciones y muertes. O Paraguay donde el 90% de las tierras de la zona limítrofe oriental pertenecen a los brasileños o brasiguayos. Un fenómeno que lleva mas de 30 años y ha dejado sin tierras no solo a los originarios sino también a los ciudadanos comunes.
Otro tema. Entre los dirigentes indígenas hay mucha nobleza pero también hay traidores de su propio pueblo, que se recuestan por la dádiva. Al poder le interesa mantener en la pobreza crónica a los pueblos originarios porque de ese modo las probabilidades de corrupción de los líderes comunitarios son más reales .
No cabe duda alguna que los caciques van en buen camino si eligen darse su propia legislación organizacional; su propio estatuto como una asociación civil como se dan las comunidades alemanas, francesas, etc que viven en Misiones. Algo que las integre jurídicamente como raza, cultura, creencias.
Y que No se dejen desarmar por las traiciones internas o ser abordados por ("mbyados") enviados del poder.
Alcides Cruz
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