Para empezar lo obvio. Ya no es un tema policial por los desmanes, ni de un espectáculo lamentable sino un problema político. La famosa Carreta Treme, con sus grandilocuencias sonoras dejó su estela de sinsabores en Garupá.
Un problema es político cuando traspasa al pueblo y pierde el control del ánimo social, se vuelve irreductible e inmanejable aunque se busquen justificativos. Más aún cuando la política se despeña en la crisis de representación y los políticos son cuestionados por la incredulidad generalizada.
Estas son capturas de lo que se comentó en la red social Facebook, como mero ejemplo del camino espinoso que tomaron los acontecimientos:
Las explicaciones pueden ser técnicas, intentar probar incumplimientos de las partes, señalar culpables y cruzar denuncias penales, pero el daño político no tiene atenuantes. Con mucha antelación hubo advertencias sobre normativas vigentes; hasta un aviso celestial cuando llovió el sábado 6 de agosto y obligó a suspender la fiesta.
Queda la impresión lapidaria contra el Secretario General del Municipio de Garupá, Daniel Mendoza sobre su desaprensión al cortar un evento multitudinario, sin recaudos preventivos, habida cuenta de que mucha gente estaba alcoholizada.
¿La seguridad fue planificada o fue un rejunte de efectivos policiales y agentes de patrulla?
Queda el pensar en muchos que primó el interés económico y la resultante recaudatoria antes que la seguridad pública.
¿Quién se quedó con la plata de la recaudación? ¿Es cierto que funcionarios municipales y la representante del evento, apremiaban a uno de los organizadores sacándole la recaudación de a pedazos? ¿Por qué existe la contradicción de dejarle el manejo discrecional de la venta de entradas y luego pedirle una rendición estimativa en cuatro mil personas? ¿Por qué lo precios de los boletos fueron variando con los días y las horas para cubrir costos al parecer inalcanzables? En fin...
La inatajable sospecha de mordidas voraces inconclusas, espantosa organización e incapacidad funcional para abordar en términos convenidos o fehacientes, proyectos de envergadura donde no cabe la improvisación.
La tensión política no puede ser disipada como si fuera dar una vuelta de página. Hay recursos institucionales que deben exigir la rendición de pruebas y explicaciones. Sobre todo cuando se cierne un juicio penal contra la Municipalidad.
Al intendente Luis Ripoll, por ausencia u omisión, le queda el lastre.
Alcides Cruz
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